Las Cortes de Castilla y León han acordado este miércoles la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en Castilla y León , presentada por el Grupo Socialista, que ha contado con el voto a favor del resto de la oposición, excepto Vox, que se ha quedado solo, ya que el PP, al final, ha optado por la abstención y ha facilitado así su tramitación. En el turno para fijar posición, PSOE, UPL-Soria Ya, Podemos, Por Ávila y Francisco Igea han recordado que Castilla y León es la única comunidad sin una legislación propia en diversidad sexual, dado que la ley elaborada en 2021 está bloqueada, mientras que el PP ha mantenido que no se oponen a esta norma pero, a la vez, ha asegurado que sus derechos están garantizados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, recoge Ical. En la presentación de la PPL, Miguel Hernández ha aludido a que las agresiones y discursos de odio han aumentado con la entrada de «la ultraderecha» en las instituciones, donde ha recordado que quien fuera vicepresidente de la Junta Juan García-Gallardo calificó de «trapo» la bandera arcoiris. El socialista ha afirmado que se trata de una reivindicación social histórica en Castilla y León , ha asegurado que la norma beneficiará a un 15 por ciento de la población de la Comunidad y ha preguntado al PP de esta autonomía qué diferencia hay con sus compañeros de otras comunidades que han aprobado leyes para este colectivo. «Voten a favor, no hay excusa» tras la salida de Vox de la Junta, ha zanjado desde la tribuna, desde donde exhibió la bandera arcoíris. El parlamentario de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que este puede ser un día muy importante para esta Comunidad y estas Cortes si se pone fin a «la anomalía democrática y la vergüenza » de que Castilla y León no tenga una ley propia para proteger a las personas lesbianas, gais, trans y bisexuales. Así, ha reconocido el trabajo de las asociaciones para contar con una norma propia en la Comunidad, se dirigió a Vox para sugerir el respaldo de toda la Cámara aunque les ha considerado «en contra de los derechos de muchas personas». También ha habido reproche al PP: «La pelota está en su tejado, es infame que no estén a favor de la igualdad y los derechos humanos». El procurador Francisco Igea ha argumentado que solo por el objeto de la ley del derecho a la igualdad real y efectiva de cualquier tipo de diversidad sexual se debe apoyar la toma en consideración de esta norma, aunque ha asegurado que «hay cosas que mejorar» en el texto presentado pero ha pedido una reflexión sobre la política en general. «Es una proposición de ley que por fin llega a las Cortes y, de aprobarse, hará que Castilla y León no sea la única comunidad sin esta ley», ha insistido también el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que ha avanzado el voto a favor de la tramitación y ha lamentado que estas personas tengan que abandonar sus casas, en particular en el medio rural. El procurador de Soria Ya Juan Antonio Palomar ha expresado «el sí» a una legislación propia como un compromiso con la igualdad y la convivencia entre personas. Así, ha afirmado que se trata de una herramienta transversal de justicia social, no de ideología, y ha acusado a la Junta de falta de voluntad política, ya que se elaboró un texto en 2021 que está parado. Palomar se ha remitido al mensaje de apoyo del presidente de la Junta en el Día del Orgullo, con el que se ha mostrado de acuerdo. Sin embargo, ha afirmado que hay que ir a los hechos con una ley propia, y ha lamentado que no haya sido el Ejecutivo quien no haya liderado esta iniciativa que sale de la oposición. «Esperemos que este texto sea enriquecido y aprobado con el máximo consenso», ha rematado. La popular Noemí Rojo ha calificado de «innegociable e irrenunciable la libertad» como un compromiso con la convivencia y el respeto, ha expresado el rechazo y condena a cualquier discriminación u odio a quien sufre cualquier tipo de violencia por el mero hecho de ser libres y ha reivindicado que la Junta siempre ha velado por la igualdad real y los derechos de estas personas que «están garantizados». Así, se ha referido a la escuela inclusiva, entre medidas adoptadas por la Junta, y aseguró que la defensa de los derechos fundamentales de las personas LGTBI+ no son bandera de ningún partido, a la vez que ha subrayado que la Constitución garantiza todos los derechos y el Estatuto prohíbe cualquier discriminación por razón de sexo. «Los derechos de las personas LGTBI+ están garantizados en nuestra tierra por el marco jurídico y el compromiso de la Junta», ha aseverado la popular, que estimó que el texto no incorpora mejoras ni amplía derechos más allá de los estatales e introduce competencias que no corresponde a la administración autonómica. En contraposición, ha defendido una legislación sólida y hecha con rigor que no genere inseguridad jurídica ni falta de protección a estas personas. Desde Vox, Juan Antonio Palomo ha argumentado que la proposición de ley se basa en «privilegios» basados en la igualdad de género, ha defendido la libertad sexual que no cree en «etiquetas» sino en derechos individuales y ha cuestionado que un menor pueda decidir sobre un cambio hormonal sin consultar con los padres, que tienen el derecho a la educación de sus hijos. Palomo ha manifestado que no se busca «igualdad sino privilegios en un adoctrinamiento» que condiciona la libertad del individuo y ha reiterado que se usa al colectivo para fines partidistas e ideológicos. «Hoy alzamos la voz de miles de personas que dicen basta ya y se sienten molestos cuando se les utiliza en una cruzada ideológica», ha zanjado el portavoz de la formación de Santiago Abascal. «No estamos de acuerdo por principios, coherencia y responsabilidad, hoy defendemos la libertad de vivir en paz y no ser parte de un experimento ideológico», ha concluido. La proposición de ley, que ahora se envía a la Comisión de la Presidencia para seguir con su tramitación -aunque ya no será en este periodo de sesiones, que concluye el 30 de junio- tiene por objeto garantizar plenamente el derecho a la igualdad real y efectiva, en los ámbitos público y privado, de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, o que manifiesten cualquier tipo de diversidad sexual y evitar su discriminación por esa consideración. Entre sus novedades , la inclusión del 'sexilio', que define como el fenómeno social por el que las personas LGTBI+ se ven obligadas a emigrar por acciones discriminatorias por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, por su desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTB1+. El concepto también incluye a aquellas personas que son discriminadas por ser percibidas como personas LGTB1+. En sanidad, garantizar que todas las estrategias, planes, programas y actuaciones que desarrollen en el ámbito de las políticas sanitarias incorporen las necesidades particulares de las personas LGTBI+ o promover unidades o servicios de investigación y atención sexológica y biopsicosocial para mejorar el acceso a pruebas médicas específicas de prevención e intervención de infecciones de transmisión sexual o genital, entre otras. También, estará garantizado el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida , siendo beneficiarias de manera individual todas las mujeres, hombres trans y personas con capacidad de gestar, así como sus parejas, si las tuvieran, con independencia de su estado civil y en régimen de igualdad y no discriminación.