Los 10 vocales a propuesta del PP del Consejo General del Poder Judicial avalaron, con algunas observaciones, la reforma del Gobierno. Las asociaciones judiciales y fiscales de derechas cargaron contra ella, pero no alentaron protestas contra ella. Ha sido un movimiento nacido en WhatsApp, en un grupo que suma ya 1.850 miembros de ambos cuerpos, el que ha puesto en pie de guerra a todos sus colectivos corporativos conservadores contra los cambios en el sistema de acceso a ambas carreras y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal planteados por el Ejecutivo. Las asociaciones de derechas han recogido el mensaje y ya han organizado su propio comité de huelga. La Unión de Fiscales y Jueces, como se autodenomina el grupo surgido en la red de mensajería, ha dejado en manos de estas la coordinación de la protesta y ha convocado este martes una concentración frente al Ministerio de Justicia para este sábado y han anunciado tres días de huelga (los días 1, 2 y 3 de julio) si no se retiran los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.En un comunicado que firman las cinco asociaciones llaman ahora a una huelga de tres días "en caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos". Una vez concluidos estos tres primeros días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos, las asociaciones convocantes procederán a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga.Desde el éxito espontáneo del grupo de WhatsApp, las reivindicaciones de ambos cuerpos son apoyadas ahora por las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM, la mayoritaria), Francisco de Vitoria (FdV, la segunda) y Foro Judicial Independiente (FJI, la cuarta); así como por la Asociación de Fiscales (AF, la de mayor militancia) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Del movimiento se han desmarcado los dos colectivos progresistas: el de los jueces, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La reivindicación ha tomado vuelo desde el paro del pasado 11 de junio, cuando decenas de jueces y fiscales se manifestaron durante una hora a las puertas de sus sedes, muchos de ellos ataviados con sus togas.La Unión de Fiscales y Jueces, (UFJ) como se ha bautizado el nuevo grupo, organizó desde la tarde de ese día una consulta entre los miembros del chat de mensajería para medir el apoyo a una futura huelga. Solo 24 horas después, la nueva movilización obtuvo el apoyo de un millar de miembros de ambos cuerpos, según su perfil en la red social X (antiguo Twitter). En ese tiempo solo se han registrado 68 votos contrarios entre los activistas del grupo. El colectivo, sin embargo, tras encabezar la protesta y provocar la reacción de los grupos corporativos conservadores deja ahora en manos de estos la coordinación de los siguientes pasos. "Las asociaciones comunicaron ayer [por el jueves] la constitución de un comité de huelga y la apertura de un proceso de consultas a sus bases de cara a la posible convocatoria de una huelga por su parte", decía la UFJ en un comunicado. El grupo ha decidido abrir "un breve compás de espera". "Una doble convocatoria y un doble comité de huelga darían una imagen de división indeseable que podría debilitar nuestro objetivo", añadía. Pero también avisaban: "Si vemos que las asociaciones no actúan procederemos a convocar la huelga en los términos ya anunciados (...) nuestro preaviso está preparado y seguimos trabajando en cuestiones técnico jurídicas". La primera asociación judicial en sumarse ha sido la APM, con 1.412 afiliados (de un total de 5.416 jueces en activo), de los cuáles han votado sí el 70%, según la propia asociación.El movimiento de WhatsApp dio a conocer el pasado 28 de mayo su "manifiesto de huelga", trufado con el catastrofismo sistémico clásico de la derecha judicial y plagado de incorrecciones y medias verdades. Cualquier reforma del Gobierno de Sánchez es contraria a la "independencia judicial y la separación de poderes", así como "al derecho de la Unión Europea y a nuestra Constitución". La reforma del sistema de acceso a ambos cuerpos es el centro de la reivindicación, pero algunas de sus quejas no casan con el texto de la futura ley ni con las intenciones que asegura tener el Gobierno para impulsarla. La movilización coincide, además, con la mayor convocatoria de plazas de la historia para este año –480 plazas– para este año, el mismo número que se repetirá en 2026 y 2027, según el Ejecutivo. El manifiesto contiene varias inexactitudes detrás de las cuáles, los miembros de UFJ ven un intento de Pedro Sánchez de introducir jueces y fiscales afines. Como las sospechas lanzadas sobre el primer centro público de preparación de oposiciones (una nueva función del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia). El ministerio ya ha avanzado que no contará con un cuerpo de preparadores propio y que simplemente ofrecerá sus instalaciones a los que quieran hacer uso de ellas. O la prueba escrita, "un coladero" según la movilización que introducirá "subjetividad" y reducirá la preparación de los candidatos. En realidad, lo que se busca es que, además de ejercitar su memoria, muestren sus capacidades argumentación e interrelación de conceptos. La prueba escrita tendrá carácter práctico y será a anónima, con lo que la posibilidad de introducir a alguien concreto a través de ella es prácticamente imposible. La discrecionalidad también se limitará con la grabación de los exámenes orales para poder comparar en caso de reclamaciones. Pero más allá de los exámenes concretos a superar durante la oposición, la reivindicación carga contra la previsión de regularizar a los jueces y fiscales sustitutos mediante concurso-oposición, es decir, mediante la elaboración de un examen escrito y práctico de tipo eliminatorio y la posterior valoración de los méritos de cada candidato. Pese a las quejas, también impide la entrada de jueces afines al Ejecutivo porque a los jueces sustitutos los selecciona cada tribunal superior de justicia (15 de los 17 están presididos por magistrados conservadores) y son nombrados por el CGPJ sin ninguna intervención del ministerio. El sistema de entrada existe desde 1985 en España solo que, en este caso, en lugar de exigir 10 años de experiencia mínima, se exigen cinco. En España hay más de 900 jueces sustitutos y magistrados suplentes. La UE ha exigido al Ejecutivo la regularización de esas personas que ejercen cada día funciones jurisdiccionales y ponen sentencias como sus compañeros que accedieron por oposición.El movimiento también se opone a la reforma que desvincula el mandato del fiscal general de la duración del Gobierno que lo nombró y da transparencia a sus relaciones con el Ejecutivo prohibiendo a este último darle órdenes e impidiendo que pueda ser llamado a informar al Consejo de Ministros. Se trata de una regulación reclamada desde 2013 por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa. Sin embargo, la reivindicación considera que, en realidad, la modificación propuesta aumenta los poderes del jefe del Ministerio Público en materia de nombramientos, ascensos o régimen disciplinario. Esas competencias, que ahora están en manos del Ejecutivo, pasan al fiscal general, precisamente, para blindar su autonomía, pero ni UFJ ni las asociaciones de derechas lo ven así.