Margarita Viera, de 97 años, ha recibido una orden de desalojo de la vivienda en la que reside desde hace 20 años con su hijo con discapacidad y su nieto. Ella ha vivido dos décadas en la calle Perú, en el barrio de Guanarteme en Las Palmas de Gran Canaria y ahora que los propietarios quieren vender el piso no encuentra una alternativa habitacional que se adapte a sus necesidades. Esta vecina de 97 años y su hijo con movilidad reducida serán expulsados de su hogar el próximo 16 de junio, aunque en este caso no se trata de una demanda por impago, ya que ella ha abonado su alquiler religiosamente. Los propietarios han decidido vender el piso, y aunque su familia ha tratado de buscar una opción con ascensor en la misma zona, ella será una víctima más de «una cadena de expulsiones que responde a un modelo urbano cada vez más hostil hacia sus propios habitantes«, tal y como ha denunciado la asociación Derecho al Techo 'Stop Desahucios'. «¿Cómo puede ser que me echen así, si yo no he dejado de pagar nunca?», se lamenta esta mujer en declaraciones ofrecidas al periódico Canarias 7. Vive con Enrique, otro de sus hijos que presenta una discapacidad, y un nieto que optó por residir con ella cuando, muchos años atrás, se quedó huérfano. Se trata del final de un proceso que comenzó en 2023, cuando el propietario del inmueble comunicó a la familia que no iba a renovar el contrato «porque quería vender el piso». Desde entonces, tratan de «buscar otra vivienda » que se adecuara a la situación económica de su madre y que contara «con ascensor y sin barreras», algo imprescindible tanto para ella como para su hermano. Derecho al Techo ha denunciado este nuevo caso de desahucio en Guanarteme, «reconocidas como área tensionada», y que «sigue sin contar con una reducción efectiva de los alquileres desorbitados ni con límites reales en las subidas». La asociación denuncia «la especulación con el suelo, la turistificación desenfrenada , el auge de pisos vacacionales y la llegada de franquicias y grandes cadenas«, que »están desmantelando el tejido vecinal y condenando a personas mayores, familias y vecinas de toda la vida a abandonar sus hogares«. Desde la entidad defienden a Margarita y exigen la paralización del desahucio previsto para el 16 de junio hasta que encuentren un realojo, una respuesta urgente de las administraciones públicas que garantice alternativas habitacionales dignas y permanentes y políticas efectivas contra la gentrificación y la turistificación. Además, han solicitado a las administraciones el control real de los precios del alquiler y protección de las inquilinas y los inquilinos.