Ricardo Triana, presidente del Consejo de Empresas Americanas (CEA). Foto: Cortesía CEA.El Consejo de Empresas Americanas (CEA) lanzó alertas por la alteración de la inversión extranjera que podría verse afectada ante el panorama político volátil y cambiante.El pasado 10 de junio, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que convoca a una consulta popular con 12 preguntas sobre la reforma laboral. A esto se suma la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente si el Congreso sigue rechazando los proyectos del Ejecutivo.De manera paralela, esta semana se confirmó que el Gobierno recibió aval para suspender la regla fiscal durante tres años, decisión que flexibilizaría las restricciones de gasto público vigentes desde 2011.El gremio sostiene estas movidas políticas amenazan el entorno democrático estable y es indispensable preservar la confianza de los ciudadanos, garantizar la seguridad jurídica y proteger el clima de inversión.CEA Colombia“De hecho, en el primer trimestre de 2025, Colombia recibió US$3.142 millones en inversión extranjera directa y Estados Unidos se mantiene como su principal inversor. Por ello, las decisiones que alteren ese balance institucional sin los procedimientos y acuerdos democráticos requeridos pueden tener consecuencias que trascienden lo político, afectando la estabilidad económica, la sostenibilidad fiscal y las oportunidades de desarrollo de los colombianos y el país a futuro”, apuntó Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia).La política podría cobrar factura en las empresasEl CEA expresó su preocupación ante lo que considera una alteración de los contrapesos institucionales en Colombia, tras la expedición del decreto que convoca a una consulta popular, así como la eventual posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente si el Congreso no aprueba las reformas del Gobierno.El gremio advirtió que este decreto fue emitido pese a que, el pasado 14 de mayo, el Senado negó expresamente el concepto favorable requerido por la Constitución para su convocatoria. Avanzar en su implementación, desconociendo esta decisión, representa —según el CEA— un riesgo para la separación de poderes, principio esencial de la democracia representativa.“Una ruptura de este equilibrio podría afectar la legitimidad institucional, generar una crisis constitucional sin precedentes y debilitar la seguridad jurídica, las garantías de derechos y la convivencia democrática”.A este panorama se suma la reciente decisión de suspender la regla fiscal, herramienta clave durante más de una década para preservar la estabilidad macroeconómica y mantener la confianza de los mercados internacionales. El gremio advierte que flexibilizar el límite de gasto sin una circunstancia extraordinaria, como exige el marco legal, puede elevar el riesgo país, afectar la calificación crediticia y encarecer el acceso a financiamiento externo, con consecuencias negativas sobre el costo de vida, las tasas de interés y el empleo.Para las más de 115 empresas estadounidenses afiliadas al CEA, que operan en sectores estratégicos y generan empleo formal en Colombia, esta creciente incertidumbre institucional y fiscal representa un desafío para la planificación y ejecución de sus inversiones.Ante este escenario, desde el Consejo de Empresas Americanas se hace un llamado a las autoridades nacionales, al Congreso de la República, a la Corte Constitucional y a todos los actores sociales a privilegiar el diálogo institucional, el respeto por el Estado de Derecho y la búsqueda de consensos amplios que garanticen la estabilidad democrática y económica de Colombia.