Country: Colombia Source: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Please refer to the attached file. Mensajes claveLa situación humanitaria en Putumayo durante 2024 se vio marcada por la intensificación de las disputas territoriales entre Grupos Armados No Estatales, impulsadas por procesos de expansión, fragmentación y reacomodación con el objetivo de consolidar el control sobre corredores estratégicos de movilidad y economías ilícitas. Esta dinámica se vio agravada por la limitada presencia del Estado en las zonas más afectadas y la reducida capacidad operativa de los actores humanitarios, lo que incrementó la vulnerabilidad de la población, especialmente en las áreas de difícil acceso geográfico. La expansión y confrontación entre dos Grupos Armados No Estatales ha exacerbado los riesgos para la población civil, particularmente para los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán.Al menos 11.709 personas fueron afectadas por confinamiento y restricciones a la movilidad impuestas por los Grupos armados no estatales, con un impacto significativo al restringir el acceso a bienes y servicios esenciales, incluidos alimentos, medios de vida, servicios de salud, educación y asistencia humanitaria. Putumayo se encuentra entre los departamentos con mayor inseguridad alimentaria del país, con el 46% de sus habitantes afectados. Un 43% adicional se encuentra en inseguridad alimentaria marginal, lo que hace a este grupo susceptible a entrar en inseguridad alimentaria por afectaciones climáticas, conflicto, inflación u otros1. Adicionalmente, la contaminación de los territorios con minas antipersonal y explosivos remanentes de guerra exacerbó las limitaciones de movilidad y dificultó la asistencia humanitaria, generando un entorno de temor y silenciamiento. En este contexto, las comunidades se han visto afectadas por las dinámicas de violencia y las limitaciones para una respuesta efectiva por parte de las instituciones del Estado.Se evidencia la continuidad de una situación crítica para lideresas y líderes comunitarios, personas firmantes del acuerdo de paz y defensoras de derechos humanos (DDHH). La imposición de códigos de conducta y mecanismos de control social ha generado un contexto de injerencia que desincentiva la denuncia y aumenta los subregistros de casos. La persistencia de amenazas y desplazamientos individuales ha generado la invisibilización de emergencias de mayor magnitud. Los retos en los sistemas de denuncia y las barreras institucionales para el acceso a mecanismos de protección han contribuido a la invisibilización del impacto del conflicto sobre la población civil. Como resultado, muchas víctimas se ven obligadas a desplazarse forzosamente hacia otros departamentos o incluso hacia Ecuador, donde enfrentan nuevos riesgos y condiciones de extrema precariedad. Esta dinámica afecta de manera diferenciada a mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA), comunidades indígenas y afrodescendientes, así como a líderes sociales y comunitarios, profundizando su condición de vulnerabilidad. Preocupa también la falta de garantías de protección para las personas participantes en los diálogos en el marco de la política de Paz Total.