El caso del doctor amonestado en Bilbao por atender fuera de su horario la muerte de una niña en fase terminal trae de nuevo a la actualidad la necesidad de contemplar una ley de cuidados paliativos que garantice a los pacientes la atención que merecen en momentos tan delicados como los del final de su vida o en los que la curación ya no es una opción. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos calcula que cada año necesitan recibir estos servicios unos 126.000 pacientes, aunque solo llegan de manera adecuada al 40 por ciento y 80.000 personas quedan desatendidas. La presencia de un equipo especializado y dotado de los recursos se hace esencial para el enfermo y sus familias en momentos en los que se siente especialmente desamparado. Los médicos han expresado en reiteradas ocasiones la falta de una dotación para esta tarea y una especialización en la formación que no está garantizada. Actualmente, los cuidados paliativos no están considerados una especialidad profesional y no se encuentran cursos en la educación pública. Los pocos másteres que se imparten se ofrecen en la privada y su obtención corre a cargo de la economía del propio médico. Como en el caso reciente del facultativo amonestado en Bilbao, son los propios médicos los que asumen su formación y estiran su desempeño más allá de sus estrictas obligaciones. Empujados por una vocación heroica, cubren en muchos casos las necesidades del paciente gracias a una responsabilidad admirable. Gran parte de los cuidados que reciben los pacientes se ejercen a expensas de doctores, enfermeros y el resto del personal que soportan una carga laboral y emocional insostenible. Que los pacientes tengan un buen morir y un buen vivir no puede depender solo de ellos y el Estado debe garantizar los recursos para que su trabajo, por vocacional que sea, no se haga a costa de su propia salud. Como en otras áreas, existe una notable disparidad territorial. Según denuncian los profesionales, cada comunidad autónoma y, en algunos casos, cada provincia desarrolla los protocolos de una manera distinta y dedica diferentes cantidades de recursos a esta necesidad, lo que provoca una inequidad que no debería permitirse. El Gobierno, que tanto se jacta de promover la atención a las personas y de defender la sanidad pública, tiene aquí un desafío que asumir. Es esta una oportunidad para garantizar los derechos de los españoles y una asistencia integral y unificada en los momentos en los que los pacientes y sus familias sienten una enorme soledad y no saben cómo conducirse en un terreno desconocido y angustioso en el que la falta de cercanía de profesionales provoca una severa angustia. Las carencias en cuidados paliativos se hacen aún más evidentes si se comparan con los esfuerzos que el Gobierno ha dedicado a garantizar lo que llaman una muerte digna, que no lo es en ningún caso si al paciente no se le ha garantizado antes el acceso a los cuidados paliativos. Que no se aborde este tema tres años después de que se aprobara la ley de eutanasia, en marzo de 2021, pone sobre la mesa una asimetría incomprensible. Con 80.000 pacientes terminales en estado de desamparo, no se puede dejar de sospechar que el suicidio asistido pueda ser considerado como una salida para pacientes que no quieren resultar una carga económica para sus familias. La eutanasia sin cuidados paliativos resulta una oferta pervertida para personas que tengan dificultades para pagarse la atención necesaria y que opten por esta vía ante una situación desesperada. Es el momento en el que, antes que la muerte digna, nuestro país ponga los mecanismos para garantizar una vida digna. --