En medio del debate sobre la escasez de plazas universitarias públicas y coincidiendo con la celebración de las pruebas de acceso a la universidad, la Junta de Facultad de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla ha aprobado una modificación sustancial del plan de estudios de Periodismo. La medida contempla la reducción del número de plazas ofertadas de 280 a 240, lo que supone una disminución del 15% respecto al cupo actual.La decisión se produce a pesar de que el Consejo de Gobierno de la Universidad ya rechazó el pasado marzo una propuesta similar. En aquella ocasión, el órgano universitario argumentó que la alta demanda en primera opción y el hecho de que la oferta actual se cubre por completo hacían innecesaria una reducción. Según esa posición, limitar el acceso podría derivar a los estudiantes hacia centros privados, lo que afectaría al principio de igualdad de oportunidades.Durante los dos últimos cursos, la Facultad de Comunicación recibió más solicitudes de nuevo ingreso de las que puede admitir: 380 en un curso y 341 en el siguiente. No obstante, una mayoría de profesores ha venido defendiendo la necesidad de limitar el número de alumnos con el objetivo de reducir la ratio por clase sin incrementar el número de grupos docentes, una postura que ha generado críticas internas.Voto a favor del decanoLa propuesta fue aprobada por 20 votos a favor, incluidos los del Decano José Luis Navarrete, dos en contra y varias abstenciones. Entre los votos disidentes, el profesor Joaquín Urías manifestó que la iniciativa contraviene los principios de la enseñanza pública, al dificultar el acceso a estudiantes de entornos desfavorecidos y favorecer, indirectamente, a las universidades privadas. También señaló que la reducción no responde a criterios de calidad educativa.Algunos defensores de la medida argumentaron que la universidad debe estar orientada a formar a una élite académica, admitiendo solo a los alumnos con mejor expediente. Otros se centraron en la necesidad de mejorar las condiciones docentes mediante la disminución del número de estudiantes por aula. Desde sectores críticos se respondió que el problema de la ratio reside en la escasez de grupos, consecuencia del incumplimiento de la carga lectiva por parte del profesorado. La decisión se conoció apenas un día después de que la ministra de Educación, Diana Morant, advirtiera sobre la insuficiencia de plazas ofrecidas por las universidades públicas.