Antonio Burgueño ha cruzado la puerta de los juzgados de Instrucción de Leganés como testigo, pero ha salido poco después con un pie como imputado. La jueza de la localidad madrileña que investiga la segunda causa por un posible delito de denegación sanitaria por motivos discriminatorios ha decidido paralizar la declaración del que fuera asesor de Isabel Díaz Ayuso durante lo peor de la pandemia ante la petición de la Fiscalía, que ha entendido que de su declaración podría desprenderse una posible imputación. Lo ha explicado así a la salida de los juzgados el letrado Carlos Castillo, abogado de las dos querellantes que este martes también estaban citadas como testigos y han detallado ante la jueza cómo ocurrió el fallecimiento de dos familiares que en lo peor de la pandemia eran usuarios del centro Los Frailes.En concreto, y según ha explicado Castillo, Burgueño ha explicado que fue llamado por la propia presidenta madrileña el 10 de marzo con el objetivo de citarle a una reunión al día siguiente. Al encuentro de aquel 11 de marzo acudieron además el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; el de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty; y la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Según ha explicado ante la jueza Burgueño, él propuso la creación de un mando único que, a su entender, estaría pilotado por la propia Ayuso, aunque él jugaría un papel técnico por su experiencia sanitaria -fue director general de hospitales durante la época de Esperanza Aguirre-. Ahí ha sido cuando la Fiscalía ha pedido paralizar la declaración para, si cabe, citarle de nuevo como investigado. La defensa de las familias no se ha opuesto.Junto a Burgueño, también ha declarado el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, que ha confirmado que sus centros privados no recibieron a ninguna persona mayor derivada de las residencias. Excepto, ha matizado, según Castillo, dos o tres personas, aunque no ha concretado si estas tenían o no seguro privado y en qué fechas se produjo. En cualquier caso, sí ha asegurado que recibieron pacientes con discapacidad o deterioro cognitivo, precisamente los criterios de exclusión que los Protocolos de la Vergüenza marcaron como barrera para el traslado a hospitales desde los geriátricos. Todos estos pudieron hacerlo porque disponían de una póliza sanitaria privada.El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha insistido por su parte en que los protocolos fueron “discriminatorios” y de obligado cumplimiento, según ha explicado él mismo en declaraciones a los medios. Esta es la segunda causa abierta por un juzgado por este delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria. El próximo 17 de junio declararán como imputados los dos exdirectores de Coordinación Sociosanitaria y firmantes y autor de los protocolos de exclusión, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, el director del Summa 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace con el hospital Severo Ochoa de Leganés.* Noticia en ampliación.