Greenpeace ha instado a la Junta de Andalucía a iniciar el procedimiento de expropiación de su parte del paraje de El Algarrobico, ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, con el objetivo de acelerar la demolición del hotel construido por Azata del Sol. La organización ecologista considera que el Ayuntamiento de Carboneras, en la provincia de Almería, está llevando a cabo estrategias dilatorias que impiden avanzar en la restauración del terreno.La entidad ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) otorgó un plazo de un mes al consistorio para publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en las que se contempla declarar no urbanizable el suelo en el que se ubica el hotel. Ese plazo expiró el pasado 28 de junio sin que se haya cumplido con la instrucción judicial, según ha denunciado Greenpeace.La organización ha expresado su malestar por la actitud del Ayuntamiento, al que acusa de no ejecutar sentencias firmes y de presentar excusas reiteradas. En este contexto, ha afirmado que la Junta de Andalucía tiene la posibilidad de demostrar su compromiso con la protección del litoral impulsando la expropiación de los terrenos afectados y asumiendo un papel más activo en el cumplimiento de los fallos judiciales.Según Greenpeace, la Sala de lo Contencioso Administrativo de Granada estableció el pasado 28 de mayo como fecha límite para registrar en el sistema autonómico el PGOU corregido y proceder a su publicación oficial. Esta acción era, según el tribunal, el único mecanismo válido para dar efectividad al documento y permitir la ejecución de la sentencia que obliga a recalificar los terrenos como no urbanizables.Un conflicto enquistadoLa Junta de Andalucía y la propia organización ecologista habían comunicado previamente al TSJA que los errores detectados en versiones anteriores del plan ya habían sido corregidos y que el documento cumplía todos los requisitos legales. No obstante, han señalado que la falta de publicación del texto en el boletín oficial impide que sus efectos sean plenamente aplicables.Greenpeace ha atribuido al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, la responsabilidad de los incumplimientos, pese a haber manifestado su disposición a obedecer las resoluciones judiciales. La entidad ha subrayado que el proceso judicial en torno a El Algarrobico se remonta a 2009, cuando llevó a los tribunales la aprobación de un PGOU que incluía la urbanización del paraje, a pesar de tratarse de un espacio protegido.