El PSOE de Jerez ha respondido al movimiento del gobierno de la ciudad de poner en manos de la Justicia lo que consideran una adjudicación opaca de 3,8 millones de euros en el "sospechoso" renting de los conocidos como autobuses turcosDesde la formación socialista rechazan "la estrategia de manipulación del Partido Popular para desviar la atención ocultando su responsabilidad directa en el grave deterioro del transporte público en Jerez, que ha alcanzado un punto crítico con el reciente incendio de varios vehículos de la flota de autobuses, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores y usuarios". A través de una nota de prensa, el PSOE de Jerez señala también que "hay que estar muy desesperada para que Pelayo oculte que fue el anterior gobierno socialista el que abrió expediente sancionador a la empresa de renting, la cual fue sancionada por los días inoperativos que no permitieron el normal funcionamiento de algunos vehículos. En ningún caso fue el gobierno de Pelayo. La alcaldesa miente por costumbre. Recientemente, la Justicia ha fallado parcialmente a favor del Ayuntamiento en este expediente. Comujesa ingresará más de 60.000 euros por esta reclamación, gracias a la gestión del gobierno del PSOE". [articles:337569]Apuntando a la alcaldesa han añadido: "Las últimas actuaciones del gobierno local demuestran una mezcla de desesperación e hipocresía. La señora Pelayo, a la que le encanta anunciar denuncias, pero que en temas de contratación pública siempre ha sido bastante despistada, debe saber que todos los procedimientos de adquisición de autobuses realizados por el anterior ejecutivo socialista fueron por licitación pública, de forma legal, legítima y transparente, y como establece la normativa, si se queda desierta, se permite un negociado invitando a las empresas participantes y a cualquier otra. Algo que para ella es bastante difícil de entender". Los socialistas entienden que no es la primera vez que el PP intenta "difamar la gestión del anterior gobierno y del que fue delegado de Movilidad. En su momento ya se les respondió con total transparencia con informes del director de Movilidad sobre la comprobación in situ en la fabricación de los autobuses, una primera visita lo hizo el jefe de taller, y en una segunda, antes de la entrega de los autobuses, el director y el delegado de Movilidad". A vueltas con las averías y falta de mantenimientoLa reacción del PP de pasar al ataque con la judicialización política llega tras los repetidos siniestros en la flota de autobuses urbanos, que han sido aprovechados por José Antonio Díaz para continuar con su política de desgaste contra el equipo de gobierno. "Lo cierto es que los autobuses están ardiendo o averiándose –sean rojos o azules– por falta de mantenimiento, de piezas, de reparaciones y por los reiterados impagos del gobierno de Pelayo a proveedores y empresas de mantenimiento. La situación actual es consecuencia directa del abandono al que el PP ha condenado a Comujesa, que acumula casi tres millones de euros en pérdidas en los dos últimos años. Ese es el combustible del fuego que destruye nuestros autobuses y pone en riesgo la vida de trabajadores y usuarios", apuntan desde las filas socialistas. El PSOE de Jerez exige al PP que "asuma con responsabilidad la gestión de un servicio básico para la ciudadanía. Instamos a la alcaldesa Pelayo y al delegado Espinar a que dejen de mentir, que trabajen con rigor, que cumplan la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que no lleven a las empresas municipales a la ruina y que paguen a los proveedores de Comujesa y garanticen la seguridad de los autobuses. Además, deben dar explicaciones de cómo Comujesa, que está declarada como empresa en funcionamiento, con pérdidas acumuladas de 2.8 millones en los dos años de gobierno del PP, tiene capacidad económica de licitar y contratar autobuses por 16 millones de euros, pagando por dos y nos traen uno. Esto sí que es sospechoso". Por último, desde el referido partido anuncian que "también estamos estudiando la posibilidad de ejercer acciones legales y presentarnos como acusación popular contra el gobierno municipal ante posibles irregularidades en la gestión de Comujesa en la contratación laboral, contratos públicos, presupuestos y en el aumento del gasto, entre otras.