La Fiscalía de Castilla y León tramita en este momento hasta una docena de escritos de calificaciones por delitos graves derivados de agresiones al personal sanitario, lo que conlleva penas de prisión en los casos más extremos que pueden ir de los seis meses, a los cuatro años. Además, apuesta por solicitar más órdenes de alejamiento de los profesionales y del centro afectado como medida cautelar, ya que considera que se está produciendo un «crecimiento exponencial» de estos comportamientos . El fiscal superior de la Comunidad, Santiago Mena, y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, participaron ayer en una jornada que pretende mejorar la «coordinación» entre ambas partes para lograr que se denuncien todo tipo de amenazas, agresiones y otros delitos leves, no sólo los más graves. Al respecto, el consejero de Sanidad destacó la «gran sensibilidad» y «preocupación» del fiscal para reducir las agresiones a sanitarios, que consideró una «lacra». Por ello, además de esta jornada abierta al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y las diferentes gerencias periféricas, se va a ofrecer formación a los profesionales que tramitan los expedientes en las diferentes provincias, informa Ical. Asimismo, Alejandro Vázquez aseguró que se van a renovar los protocolos entre la Consejería de Sanidad y la Fiscalía de Castilla y León y se van a establecer un canal de comunicaciones rápidas. Además, está convocado para la segunda semana de julio el Observatorio sobre agresiones para repasar los datos de 2024. En ese sentido, el titular de Sanidad y el fiscal recordaron que los ataques al personal sanitario, por su condición de funcionario público, suponen un «atentado a la autoridad» , debido a que cuentan con una especial «salvaguarda» en el Código Penal. Además, consideró que no sólo incorporan las agresiones físicas, también las amenazas, las coacciones o los insultos. Casi el 80 por ciento de las agresiones a profesionales sanitarios se cometen sobre mujere s, lo que supone un porcentaje superior al que representan dentro de la plantilla de la sanidad pública, según el fiscal. También, señaló que se producen de forma mayoritaria en la Atención Primaria y las urgencias, así como sobre el personal administrativo. Mena consideró necesario facilitar el acceso a la Fiscalía para que las agresiones de pacientes se conviertan en denuncias, ya que reconoció que algunas infracciones no llegan a los juzgados. De esta forma, indicó que se retoman las comunicaciones para que fluya la información y la formación con el fin de que las sanitarios «no se sientan indefensos». «Esperemos que hagamos un camino juntos», dijo en declaraciones recogidas por Ical. El fiscal superior insistió en trasladar que las denuncias tienen utilidad, porque a su juicio los sanitarios no lo hacen al entender que no va a servir «para nada» porque no se sienten respaldados, como recordó ocurre entre algunas víctimas de violencia de género o delitos de odio. Además, insistió en que si se termina condenando a más infractores en el futuro, esto servirá de señal de «alerta« o »prevención general» de estos comportamientos. Finalmente, Santiago Mena recordó que las agresiones y cualquier otro comportamiento inapropiado sobre el personal sanitario genera «disfunciones atroces» sobre la propia víctima, pero también sobre el resto de la ciudadanía que acude al servicio de salud.