Los escándalos de corrupción que afectan a cargos públicos no solo han devorado grandes cantidades de dinero en España, también erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El último capítulo de esta lacra lo protagoniza un informe de la UCO en el que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aparece en el centro de una trama de corrupción en la que también están el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García. Hace un año, en junio de 2024, un 4,8% de los españoles señalaba la corrupción y el fraude entre los principales problemas que existen en España, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En el último barómetro, relativo a este mes de mayo y previo a que se conociese el caso Cerdán, el porcentaje ha subido hasta un 7% y el “mal comportamiento de los políticos” se mencionaba como una preocupación real para 13,3%. Una legislación más estricta suele ser la respuesta a la hora de recuperar la confianza, aunque de acuerdo con los informes que realizan la Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) hay temas pendientes que van desde limitar los aforamientos a mejorar la transparencia en los contratos de la Administración. La llegada al Ejecutivo de los socialistas se produjo, precisamente, con la lucha contra la corrupción como bandera. En junio de 2018, después de la condena al Partido Popular como responsable civil en la Gürtel y tras una sucesión de escándalos de corrupción que sacudieron al Gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy (PP), Pedro Sánchez llegó a la presidencia buscando una regeneración que, sin embargo, todavía hoy mantiene algunas herramientas legales necesarias en el cajón. En el último informe sobre la situación del Estado de derecho en España 2024, realizado por la Comisión Europea, se avisaba de que había que reforzar “las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración” dotando a la Oficina de Conflictos de Intereses de mayor independencia y de competencia sancionadora. El documento también advertía de unos recursos escasos en el sistema. “El bajo número actual de jueces, magistrados y fiscales, así como la falta general de jueces y órganos jurisdiccionales especializados que lleven asuntos de lucha contra la corrupción, obstaculiza la investigación y el enjuiciamiento de los asuntos de corrupción”, detallaban. Por otro lado, en esas páginas se exige también una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para “abreviar la duración de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos”. No obstante, en España hay varias instituciones encargadas de luchar contra la corrupción. Además de la fiscalía y las fuerzas de seguridad, existe el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (que opera a nivel nacional y hace un seguimiento de las medidas sobre fraude) y que se complementa con otras oficinas creadas a nivel regional por las comunidades. Según el informe, en 2024 disponían de una de estas oficinas Cataluña, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares. Aunque al cierre del año, la balear había sido clausurada con los votos de PP, Vox y Unión Formentera. En el caso de la Comunidad Valenciana, varios organismos —entre los que están Transparency International España, World Compliance Association, Fundación Hay Derecho o el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda-GESTHA— denunciaron “el desmantelamiento” de la oficina antifraude por parte de PP y Vox. Las organizaciones señalan que se eliminaba el Consejo de Participación Ciudadana y la colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en materia de peritajes bajo el pretexto de ahorrar costes. Transparencia Internacional (TI) ya advirtió en su último informe, publicado en febrero de 2025, que había pocas mejoras con respecto a la gestión de la corrupción en España. Es más, entre los puntos destacados, TI señala que en 2024 España ha sufrido una caída de cuatro puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción. “El estancamiento a nivel nacional y el desmantelamiento institucional a nivel autonómico opacan los esfuerzos anticorrupción. Sin reformas estructurales integrales y efectivas el país seguirá enfrentando descensos sustanciales”, concluye el documento.Además del cierre de oficinas, el retraso en la transposición de normas europeas también ha traído quebraderos de cabeza al Ejecutivo. En diciembre de 2024 Bruselas demandó a España ante la justicia europea por incumplir “notablemente” la directiva de contratación pública. La Comisión Europea señaló que las normas de este tipo de contratación “se apartaban notablemente” de las leyes europeas en lo relativo a los tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de estos. La demanda llegó después de la apertura de un expediente, tres años atrás, por considerar que no se había traspuesto de forma adecuada la regulación europea al marco nacional. Otras observaciones que se hacen en el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción es relativa a la figura jurídica de los aforamientos. “GRECO recomendó asegurar que se modifique el procedimiento especial de ‘aforamiento’, de modo que no obstaculice el proceso de justicia penal respecto de los miembros del Gobierno sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción”, señala una actualización del informe publicada en abril de 2025. Sin embargo, en la evaluación remarcan que “esta recomendación no se implementó”. Sí que llegó, aunque con cierto retraso, la recomendación que instaba a proteger a los denunciantes de corrupción, aprobada en febrero de 2023 (con el voto en contra de PP y Vox). La norma habilitaba canales internos de recepción de denuncias en empresas privadas, partidos políticos, administraciones públicas y sindicatos. También proponía sanciones elevadas para quienes tomen represalias. La actividad de grupos de interés es otro flanco que debía reforzarse en España, según la Unión Europea. De hecho, aunque con retraso, esta tramitación dio el primer paso en febrero de este año bajo el nombre de Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés y enmarcada en el plan de regeneración democrática. El texto determina cómo debe ser la relación de las personas susceptibles de ser influenciadas dentro de la Administración pública con quienes trabajan para los lobbies. Entre los puntos de desacuerdo sobre esta, subyace aún una crítica en referencia a que se deja en manos del propio del Gobierno la auditoría de las interacciones. En este ámbito y por recomendación de la Comisión Europea, también se ha creado un registro público en el que figuran estos lobbies. La inscripción es obligatoria y aquellos que no estén registrados no podrán ejercer actividades de influencia con el personal público. Además, en la solicitud de inscripción se indicará expresamente si las personas que van a realizar las actividades han trabajado en los dos años previos en cuestiones similares.