El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, no ve más hilos de los que tirar en relación al fichaje de Cristina Álvarez como asesora de la mujer del presidente del Gobierno. Pero en lugar de clausurar esa parte de la causa, ha preferido dar una patada hacia arriba, a nivel político y judicial. El instructor del caso Begoña ha pedido al Tribunal Supremo que abra una investigación contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Por malversación. Y también por falso testimonio. Un delito este último que el magistrado le endosa retorciendo la declaración que el ministro prestó como testigo en el procedimiento.Los hechos se remontan al 16 de abril. Aquel día, Peinado acudió por segunda vez al Palacio de La Moncloa para interrogar a Bolaños en la causa. En concreto, en relación a la enésima derivada del procedimiento: la que versa sobre la contratación y funciones desempeñadas por Álvarez como asesora de la esposa del presidente. Una testifical que fue acordada por el magistrado simplemente porque el ministro era el superior jerárquico del ex vicesecretario general de la Presidencia Alfredo González en el momento en el que este último había firmado la propuesta de nombramiento de Álvarez.En la exposición razonada remitida al Supremo, el instructor asegura que Bolaños, en "una actitud totalmente proterva" –es decir, perversa–, faltó a la verdad estando bajo juramento. Lo que viene a sostener el magistrado es que durante la testifical el ministro habría señalado a Raúl Díaz, responsable de la coordinación de personal de los edificios Palacio y Consejo de Ministros del Palacio de La Moncloa, como "la persona que había realizado el nombramiento" de Álvarez como asistenta de Gómez, un extremo que este último habría negado en una posterior declaración como testigo en sede judicial.Pero eso no fue, exactamente, lo que sucedió aquella mañana en el complejo presidencial. Durante la tensa comparecencia, en la que el instructor le llegó a reprochar que esbozara alguna sonrisa, Bolaños insistió en que no tenía ni idea de quién había sugerido fichar a Álvarez tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Gobierno. "No me consta quién tuvo la iniciativa para darle ese nombre a la persona que tenía la competencia para proponer su nombramiento, que era el vicesecretario general", respondió el ministro a la abogada de una de las acusaciones.Tras esa respuesta, volvió a tomar la palabra el magistrado, que seguía buscando un nombre y dos apellidos. "Dentro de la Secretaría de la Presidencia del Gobierno, además de don Alfredo González, de don Iván Redondo –que era el jefe de Gabinete–, de usted mismo y, en su caso o en su alternativa, del presidente del Gobierno, ¿quién tenía o podía tener competencias o facultades para proponer el nombramiento de Cristina Álvarez?", cuestionó el instructor. A lo que el ministro de Presidencia respondió que quien fuera a ser "responsable directo" de la misma.Tras esto, comenzó un tira y afloja sobre quién era el "responsable directo" de la asesora que acabó con Peinado suspendiendo temporalmente la declaración para que el ministro hiciera las consultas pertinentes para poder responder a dicha pregunta: "Averigüe, de quién ha dependido y sigue [dependiendo], si es distinta o no la persona, Cristina Álvarez". Media hora después, la comparecencia se reanudó y Bolaños vino con la respuesta: "Me han dicho que el puesto de Álvarez pertenece al Gabinete de la Presidencia del Gobierno y que hay una persona, que es el responsable de la coordinación del personal de Palacio". Es ahí cuando se menciona a Raúl Díaz.El ministro, por tanto, no dijo en ningún momento, como afirma el instructor, que la persona que había realizado el nombramiento fuera Díaz, algo que él negó en sede judicial. Lo único que señaló es que este último era jefe directo de Álvarez. Y que las propuestas de fichaje de estos asesores también podían venir de quienes fueran a ser responsables de los mismos. Algo similar a lo que dijo el ex vicesecretario general de Presidencia en su testifical, que en ningún momento ha sido imputado: "Las propuestas venían de muchas fuentes diferentes [...]: de titulares de los órganos, de sus jefes de gabinete o de sus directores".En el Gobierno ven similitudes entre el caso de Bolaños y el del exconsejero madrileño y responsable del Instituto de Empresa, Juan José Güemes. En el caso del último, el magistrado acordó su cambio de testigo a investigado por una supuesta contradicción con la directora de recursos humanos del centro que, realmente, nunca existió. La responsable solo dijo que la orden de contratar a Begoña Gómez se la dio Güemes y que se había firmado por ambas partes una cláusula especial de conflicto de interés motivada porque ésta era la mujer del presidente. Pero nunca que se la hubiera fichado por ser la esposa del jefe del Ejecutivo. Idea que, sin embargo, Peinado utilizó en busca de la contradicción.Después de meses bajo el foco judicial, la Audiencia de Madrid acabó tumbando la imputación del exconsejero del Ejecutivo madrileño: "De la declaración no se obtiene la conclusión extraída por el instructor". Un análisis que ahora tendrá que hacer también con Bolaños el Tribunal Supremo, que deberá decidir si aprecia, como hace el instructor, "indicios razonables, sólidos y cualificados" como para imputar al ministro un delito de falso testimonio, que el Código Penal castiga con una pena de prisión que oscila entre los seis meses y los dos años de prisión.Además de por este delito, Peinado también pide al Alto Tribunal que impute a Bolaños por malversación de caudales públicos. El instructor da por hecho que los trabajos de Álvarez, contratada como personal de confianza –es decir, su nombramiento y cese es libre y no requiere de concurso público– con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no se han limitado "a los de asistenta en las actividades llevadas a cabo" por la esposa del presidente, sino que se han extendido a la atención de las "necesidades" de Gómez en "actividades de carácter privado". La tesis de Peinado es que la malversación es "un delito de carácter permanente". Y, por tanto, que son partícipes del mismo aquellas personas que teniendo "bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público" no adopten las medidas necesarias para evitar que se le dé un uso distinto al que le corresponde. "Desde el 9 de junio de 2018 –cuando fue nombrado Secretario General de la Presidencia– y hasta la actualidad, [Bolaños] tenía bajo su responsabilidad esa correcta administración del patrimonio público que estaba a su cargo", resalta el magistrado.El magistrado atribuye al ministro dicho delito a pesar de que el mismo ni hizo el nombramiento ni era el jefe directo encargado de supervisar el trabajo de Álvarez –de hecho, el puesto figura adscrito al Gabinete de la Presidencia–. Y lo hace a través de una resolución en la que Peinado se refiere en repetidas ocasiones a Bolaños como "investigado", cuando lo cierto es que esa condición procesal, como aforado que es, sólo se la puede atribuir formalmente el Supremo. Y en la que desliza que la investigación ha llegado a un punto en el que solo puede avanzar o registrando Moncloa –algo que descarta por desproporcionado– o con la imputación del ministro. Una deslavazada exposición de motivos repleta de párrafos repetidos, frases a medio hacer, ininteligibles transcripciones de declaraciones, erratas o errores de bulto. Así, por ejemplo, en el resumen de la testifical de Bolaños puede leerse que la última vez que el ministro y la asesora habrían coincidido fue "en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez" –cuando en realidad es por el fallecimiento del padre de esta última–. No es el único fallo. El auto recoge también un supuesto "archivo" en relación con el "investigado" Alfredo González, cuando en realidad este último nunca ha sido imputado.