Peinado intenta que el Tribunal Supremo investigue a Bolaños como culpable de la contratación de la asesora de Begoña Gómez a pesar de que no tiene ninguna prueba de ello. Feijóo y el PP no se atreven a celebrar ese paso conscientes de que no tiene mucho futuroEl juez Peinado manipula por tercera vez un testimonio y eleva al Tribunal Supremo su causa contra el Gobierno Era cuestión de tiempo. Sólo había que esperar a que el juez Juan Carlos Peinado no pudiera aguantar la presión y decidiera lanzarse por la ventana de su juzgado. Lo hizo el martes y el resultado fue embarazoso. En su expedición de pesca con la que intentar encontrar material para llevar a juicio a Begoña Gómez, creyó que tenía lo suficiente para atrapar a un monstruo marino mucho mayor. La gran ballena blanca de Peinado ha pasado a ser un miembro del Gobierno, el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Lo ha comunicado al Tribunal Supremo, que tendrá que encontrar una manera de rechazar su loca idea sin tacharlo de demente. Peinado pretende que el Supremo inicie una causa contra Bolaños, que está aforado, al que acusa de los delitos de malversación de fondos públicos y falso testimonio. Todo a cuenta del nombramiento de Cristina Álvarez como asistenta de la esposa del presidente del Gobierno, un puesto que ya existía en Moncloa con gobiernos anteriores. Para comprobar hasta qué punto Peinado ha vuelto a confundir sus deseos con la realidad, conviene anotar que los jueces tuiteros de la derecha que acostumbran a recibir sus autos con hurras y bravos guardaron un respetuoso silencio esta vez y que el Partido Popular no se lanzó a la calle a pedir la cabeza del ministro. “Vamos a ser prudentes”, dijo Alberto Núñez Feijóo cuando le preguntaron por el tema, y esperar a la decisión del Supremo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que Feijóo apeló a la prudencia en relación a una acusación a un miembro del Gobierno. Por todo eso de la presunción de inocencia. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, se mantenía en la misma línea: “Nosotros no debemos adelantarnos” a lo que decida el Supremo. Lo nunca visto con Tellado. En el PP, basta con que declare un testigo con pasado de bucanero para dictar sentencia, apelación e ingreso en prisión. El ministro esperó a la tarde para dar su opinión. Optó por poner buena cara y mostrar cierto desdén por el juez, siempre de forma no muy agresiva. “Tengo una tranquilidad absoluta”, dijo Bolaños en el Congreso. Estaba muy contento de que el Tribunal Supremo, al que llamó “un tribunal profesional”, se vaya a ocupar del asunto, porque está seguro de que tomará “una decisión justa”. Al llamar “profesional” al Supremo, casi estaba dando a entender que Peinado es sólo un amateur a sus más de 70 años. Afirmó que el auto del juez “contiene errores de bulto”. A preguntas de los periodistas, dijo que “no me corresponde a mí decir si el juez Peinado está prevaricando”. El juez convirtió el interrogatorio a Bolaños en abril en un asedio con la intención de que se autoincriminara por el nombramiento de la asesora. Ocurrió en Moncloa y contó con las situaciones rocambolescas habituales en el magistrado. Exigió que buscaran una tarima para estar en una posición superior a la de Bolaños: “No puede ser que yo esté más bajo que el testigo”. Demostró su ignorancia de la Administración al afirmar que consideraba extraño que para la elección de un cargo eventual de libre disposición –una persona de confianza política– no se celebrara algún tipo de prueba, como se hace en las oposiciones a funcionarios. La conversación fue tensa y el juez se molestó cuando Bolaños esbozó una sonrisa. El ministro declaró como testigo. En otras ocasiones, el juez ha llamado a declarar como imputados a personas a las que antes había convocado como testigos, cuando están obligados a decir la verdad. Es una práctica poco frecuente, porque puede provocar una situación de indefensión a los imputados cuando se hace de forma sistemática. En su momento, la Audiencia de Madrid le obligó a levantar la imputación a dos personas que habían pasado por esa situación, Juan José Güemes y Joaquín Goyache, rector de la Complutense. Hay un elemento que no es la primera vez que se produce en la instrucción que realiza Peinado. El juez tergiversa una parte del interrogatorio. Quería saber quién había propuesto el nombramiento de Cristina Álvarez. Como Bolaños dijo que habitualmente es el superior de la persona contratada quien ha hecho tal cosa, le envió a enterarse quién era esa persona. Bolaños volvió con un nombre. En el auto, Peinado escribe que “el testigo manifestó que la persona que había realizado el nombramiento (...) era Raúl Díaz Silva”. Eso es falso, porque no es lo que le había preguntado. Díaz Silva declaró al juez que él no sabía quién había elegido a la asesora. Peinado no puede imputar a Bolaños, al ser aforado, y está obligado a pasar la decisión al Supremo. Eso no le impide llamarle “investigado” en numerosas ocasiones en el auto, a lo que en teoría no tiene derecho. Él está salvando a España con lo que no puede andarse con tonterías sólo porque la ley diga que no puede hacer algo. El auto incluye un elemento más delirante, pero que no es responsabilidad única del juez. Bolaños había declarado que sólo había coincidido con la asesora en tres ocasiones. Según el auto, “la última fue en el tanatorio por la muerte de la Sra. Begoña Gómez”. Ahí Peinado está copiando el texto equivocado de la transcripción del interrogatorio firmada por el letrado de la Administración de Justicia. Es probable que se refiera al fallecimiento del padre de Gómez en junio de 2024. No parece muy especulativo afirmar que fue Begoña Gómez quien eligió a la persona que haría las funciones de asesora y que el nombramiento se hizo por la persona que tuviera la función de formalizar las contrataciones. Pero como Bolaños era entonces secretario general de Presidencia y hoy es ministro, Peinado creyó que tenía a su alcance una pieza de caza mayor. Jaleado por el PP y la prensa de derecha a pesar de los magros resultados de su instrucción, Peinado no ha conseguido un gran botín en quince meses de instrucción. No ha probado a nivel indiciario que Gómez obtuviera un beneficio económico indebido de su colaboración con la Universidad Complutense, lo que hubiera llevado a la imputación de algunos cargos del centro universitario. No ha probado que Gómez registrara a su nombre en el registro de patentes y en su beneficio personal un software diseñado por empresas colaboradoras para su futuro uso gratuito. No ha probado que la Complutense le diera un trato de favor a cambio de contraprestaciones para dirigir una de las más de cincuenta cátedras que hay en el centro, lo que no convertía a Gómez en catedrática. No ha probado que la intervención de Gómez fuera decisiva para que Air Europa recibiera los créditos públicos que la salvaron de la bancarrota. Lo que sí ha conseguido es que el estatus de la esposa del presidente haya formado parte de las acusaciones habituales de la oposición a Sánchez. A diferencia del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso en que no han visto ninguna implicación que afecte a la presidenta de Madrid, la situación judicial de Gómez ha sido un componente básico de las denuncias contra su marido. Feijóo recuerda en el Congreso, casi de forma rutinaria, que Sánchez tiene imputada a su esposa. Y eso que la cantidad económica más alta percibida en un año por ella fue de casi 15.000 euros, cantidad similar al salario mínimo de ese año. Peinado nunca decepciona a los que buscan titulares con fuerza. En su escrito, llega a amenazar de forma velada con ordenar un registro de Moncloa para encontrar “el documento en el que se propone el nombramiento de Cristina Álvarez”. De inmediato, precisa que sería una iniciativa desproporcionada “por ahora”. Quizá sea la carta que guarda para continuar teniendo protagonismo. Si el Supremo le dice que no hay motivos para imputar a Bolaños, es posible que lo veamos algún día golpeando la puerta de acceso a Moncloa y pidiendo que le vuelvan a poner la tarima.