El BBVA estudia —con la opción de renunciar encima de la mesa— las condiciones que el Gobierno ha impuesto por razones de interés general a su opa hostil y que se unen a las que ya acordó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace algo más de un mes. En esencia, el requisito gubernamental es blindar, al menos durante tres años, que cada banco funcione de manera totalmente autónoma, lo que limitaría al menos por el momento conseguir los 850 millones en sinergias que la entidad vasca había proyectado. En su lugar, de seguir adelante con la opa, el banco que pilota Carlos Torres deberá adoptar la solución que durante años utilizó el Santander con Banesto: mantener la gestión de dos bancos por separado y retrasar la consecución de las prometidas ganancias.Seguir leyendo