(ZENIT Noticias / Washington, 20.06.2025).- Una coalición de iglesias cristianas ortodoxas ha presentado una demanda federal contra el estado de Washington, argumentando que una ley recientemente promulgada que obliga al clero a denunciar el abuso infantil, incluso si se conoce mediante la confesión sacramental, viola sus derechos constitucionales. La impugnación legal, presentada el 16 de junio y apoyada por la conservadora Alianza para la Defensa de la Libertad (ADF), se suma a la creciente confrontación entre los grupos religiosos y el estado sobre los límites de la libertad religiosa.La legislación en el centro de la controversia, el Proyecto de Ley Senatorial 5375, entrará en vigor el 27 de julio. Restablece la obligación del clero de denunciar el abuso y la negligencia infantil en el código legal de Washington, una categoría que se eliminó en 1975. Es fundamental que la ley no haga excepciones para la información divulgada en el contexto de la confesión religiosa, una medida que, según los líderes ortodoxos y católicos, afecta la esencia de su práctica religiosa.“Washington está castigando a los sacerdotes por mantener la santidad del confesionario, al tiempo que exime otras conversaciones privilegiadas, como las que se dan entre abogados y clientes”, declaró John Bursch, asesor principal de ADF. “Esto no solo constituye discriminación religiosa, sino que también viola la Primera Enmienda”.Los demandantes incluyen a la Iglesia Ortodoxa de Estados Unidos, la Arquidiócesis Cristiana Ortodoxa de Antioquía de Norteamérica y varias otras jurisdicciones ortodoxas. Se unen a los obispos católicos de Washington, quienes presentaron una demanda por separado en mayo, poco después de que el gobernador Bob Ferguson promulgara la ley.Está en juego la inviolabilidad de la confesión, una doctrina fundamental tanto para la teología ortodoxa como para la católica. Según el derecho canónico, los sacerdotes tienen prohibido, bajo pena de excomunión, revelar cualquier información revelada durante la confesión. Las demandas argumentan que obligar al clero a violar este secreto no solo contraviene la libertad religiosa, sino que también impide brindar una protección significativa a los menores.El Departamento de Justicia parece estar de acuerdo, al menos en parte. Poco después de la firma de la SB 5375, el Departamento de Justicia anunció una investigación de derechos civiles para determinar si la ley vulnera los derechos de los obispos católicos amparados por la Primera Enmienda. En un comunicado, el fiscal general adjunto Harmeet K. Dhillon calificó la ley de «anticatólica» y advirtió que «obliga a los sacerdotes a traicionar sus obligaciones más sagradas».Sin embargo, los legisladores que respaldan el proyecto de ley insisten en que la intención no es individualizar a ninguna fe. La senadora Noel Frame, demócrata de Seattle y sobreviviente de abuso sexual infantil, defendió la legislación tras años de intentos fallidos. Su motivación, afirma, es garantizar que todos los niños reciban la misma protección, independientemente de las circunstancias en las que se revele el abuso.Los defensores de la ley enfatizan que se aplica a todo el clero por igual, desde sacerdotes y pastores hasta ancianos de las congregaciones de los Testigos de Jehová y obispos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. «No se trata de atacar a los católicos», declaró Sharon Huling, de la Coalición para la Responsabilidad del Clero. “Se trata de cerrar una laguna legal que ha permitido que los abusos no se denuncien durante décadas”.Huling también señaló que la ley no obliga al clero a testificar ante el tribunal, solo a denunciar sospechas creíbles de abuso. “A diferencia de otros denunciantes obligatorios, el clero aún conserva cierto grado de protección en los procedimientos legales. El objetivo principal de la ley es garantizar que ningún niño quede indefenso porque un adulto priorizó la confidencialidad sobre la seguridad”.Los críticos siguen sin estar convencidos. Argumentan que la ley no solo disuadirá la observancia religiosa, sino que también socavará la confianza entre los consejeros espirituales y sus feligreses. “El confesionario es un espacio sagrado, no una trampa legal”, dijo el Metropolitano Tikhon de la Iglesia Ortodoxa en Estados Unidos. “No podemos cumplir con esta ley sin traicionar la esencia misma de nuestra vocación sacerdotal”.Washington se une ahora a un pequeño grupo de estados —Nuevo Hampshire, Virginia Occidental, Carolina del Norte, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee y Texas— que niegan el privilegio entre clérigos y penitentes en casos de sospecha de abuso. Las demandas sugieren que este enfoque fragmentado podría pronto ser objeto de escrutinio nacional, a medida que los tribunales sopesan el equilibrio entre la seguridad pública y la libertad religiosa.En un sentido más amplio, el conflicto plantea preguntas fundamentales: ¿Puede un estado obligar a un líder religioso a romper una promesa hecha ante Dios? ¿Y debería una sociedad democrática insistir en ese incumplimiento con el pretexto de proteger a los más vulnerables?Por ahora, los tribunales decidirán si la búsqueda de rendición de cuentas por parte de Washington constituye un interés gubernamental legítimo o una intrusión inconstitucional en uno de los ritos más sagrados de la religión. En cualquier caso, el fallo probablemente sentará un precedente con implicaciones mucho más allá del noroeste del Pacífico.Gracias por leer nuestros contenidos. Si deseas recibir el mail diario con las noticias de ZENIT puedes suscribirte gratuitamente a través de este enlace. The post Ortodoxos se suman a católicos: demandan a gobierno del Partido Demócrata en Washington por secreto de confesión appeared first on ZENIT - Espanol.