Reforma laboral en Colombia. Foto: Presidencia. Aunque la conciliación de la reforma laboral ya está lista y se adoptó sin necesidad de discusión, voces expertas advierten que el texto aprobado podría tener efectos adversos en la contratación de aprendices del SENA y en la generación de empleo formal.Charles Chapman López, socio de la firma Chapman Wilches, aseguró que uno de los impactos será la caída en la contratación de aprendices. “En menos de seis meses, los datos de empleo de aprendizaje se van a reducir significativamente. El empresario colombiano, ante los cambios normativos, va a dejar de contratar aprendices y optará por pagar la monetización correspondiente para no vincularlos”, explicó.Chapman también criticó la falta de diferenciación en la aplicación de las normas laborales entre grandes empresas y microempresarios. “Estamos de acuerdo con el pago de dominicales, pero no con que se impongan las mismas reglas a un microempresario que trabaja para subsistir.Estudiantes del SENA. Foto: Presidencia. En la misma línea, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, alertó que la reforma no ataca de fondo los problemas estructurales. “Una de las debilidades del proyecto es que no está enfocado en reducir el desempleo ni la informalidad, que son dos de los principales retos que enfrenta el país” y agregó: “Esto podría frenar la generación de empleo formal, aumentar la informalidad o incluso el desempleo”, advirtió.A pesar de estas advertencias, la conciliación fue avalada este miércoles sin modificaciones al texto aprobado por el Senado. La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, ponente y conciliadora por la Cámara, confirmó que se acogió la versión del Senado, la cual conserva 66 de los 70 artículos inicialmente aprobados.El próximo paso será la votación de la conciliación y posteriormente la sanción presidencial para que se convierta en ley de la República. La reforma sigue generando preocupación entre analistas y gremios, quienes consideran que sus efectos podrían ser contrarios a los objetivos anunciados por el Gobierno: mejorar las condiciones laborales y promover el empleo digno.