La investigación del caso Cerdán pone al descubierto la diferencia de trato entre las supuestas empresas corruptoras. A pesar de que en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ponía el foco sobre cuatro compañías que se habrían beneficiado de la supuesta trama de adjudicación de contratos a cambio de mordidas –Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR), Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Servinabar 2000 SL–, lo cierto es que sólo se registraron las sedes de las tres últimas. En el caso del gigante del Ibex únicamente se realizó un requerimiento de información. Para el juez instructor, Leopoldo Puente, una entrada a la fuerza en la multinacional podía resultar desproporcionada, pese a ser la gran salpicada en la causa, según consta en los autos a los que ha tenido acceso infoLibre.En su demoledor informe, que ha provocado la caída del ex secretario de Organización Santos Cerdán –que se suma a su predecesor en el cargo José Luis Ábalos y a Koldo García, subordinado de ambos–, la Guardia Civil dedicaba un largo apartado a la multinacional. En concreto, los investigadores pusieron el foco en cinco adjudicaciones millonarias, dos de la Dirección General de Carreteras y tres de Adif –organismos a los que han acudido este viernes los agentes a reclamar información–, en las que habría resultado adjudicataria Acciona Construcción, filial de la multinacional.A cambio de dichos contratos, y en base a las grabaciones localizadas al exasesor, los investigadores creen que el trío Cerdán-Koldo-Ábalos se aseguró mordidas por 1.070.000 euros, de los que sólo se habrían repartido 620.000 euros. En dicha operativa, la UCO situó a Fernando Merino, quien fuera responsable de la compañía para La Rioja y Navarra, como pieza clave. "Habría señalado obras que resultarían de interés para Acciona, lo que habría generado posteriormente contraprestaciones en los investigados", recoge el atestado de la Guardia Civil. De hecho, en la agenda de Koldo García figuran varias anotaciones sobre "Fernando de Acciona".Merino, que ya ha sido citado a declarar como investigado en el procedimiento, fue despedido en abril de 2021. Y tras el estallido de la nueva línea de investigación, la multinacional echó a Justo Vicente Pelegrini, responsable de Acciona Construcción para España, por fallar en su labor in vigilando. El nombre de este último, que a diferencia del primero no figura hasta el momento como imputado, aparece mínimamente en el informe de la UCO. "Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo, de Acciona", dice Koldo a Ábalos en una de las grabaciones. "En posible referencia a Justo Vicente Pelegrini", aclaran los investigadores en un pie de página.Además de las cinco adjudicaciones bajo sospecha en el caso de Acciona, la UCO también señaló tres contratos otorgados a LIC y otros tres expedientes vinculados con OPR. Con todos estos elementos sobre la mesa, la Guardia Civil solicitó registros en las sedes de estas dos últimas empresas y Servinabar 2000 SL, otra de las firmas que están en el epicentro de la trama y sobre la que la UCO ha encontrado un documento que involucraría a Santos Cerdán en su propiedad por una transferencia de acciones. Así, el pasado 10 de junio, agentes de la Guardia Civil se personaron en las diferentes sociedades y revisaron ordenadores, cajones, escritorios, estanterías y despachos, interviniendo abundante material informático y documental.Pero con Acciona la forma de actuar fue bien diferente. Los investigadores, en su caso, no solicitaron una entrada y registro, sino que pidieron al instructor de la causa que cursara un requerimiento judicial de información a la mercantil para acceder al correo electrónico corporativo de Merino, así como a cualquier otra información que pudieran tener del mismo, y a toda la documentación de los cinco expedientes de adjudicación que están bajo la lupa. Y Puente consideró que, atendiendo a los indicios, esa petición de información resultaba "del todo pertinente", siendo "la menos invasiva de las posibles" para los "derechos" de Acciona como persona jurídica. Así consta en el auto del 9 de junio que autorizaba dicho requerimiento judicial. En la resolución, a la que ha tenido acceso este diario, el magistrado del Tribunal Supremo sostenía que "la alternativa de ordenar la entrada y registro" de la sede de esta empresa –igual que se hizo con las otras supuestas corruptoras– podía resultar "en este momento" una "decisión falta de proporción". Máxime, continuaba, "cuando no existe constancia" de que Merino "se encuentre en este momento prestando sus servicios profesionales en la referida mercantil" –si bien los contratos bajo sospecha datan de su etapa en la firma–.Con dicho requerimiento en la mano acudieron a primera hora de la mañana del 10 de junio dos agentes de la UCO a las oficinas de Acciona Construcción en la capital. Allí, fueron atendidos por el Director de Contencioso de la compañía, que les hizo entrega de un pendrive con cinco carpetas relativas a las adjudicaciones solicitadas, cada una de las cuales contenía otras diez con información sobre pliegos, precios, ofertas presentadas, contratos o escrituras relativas a uniones temporales de empresas. Sin embargo, los agentes, tal y como adelantó este viernes la Cadena Ser y consta en el acta de recepción elaborada por la Guardia Civil consultada por este diario, tuvieron que abandonar las instalaciones sin toda la información requerida. En relación con dos expedientes faltaba documentación relativa a "certificaciones" que aún se estaba recabando. "Será entregada a la mayor brevedad posible", hicieron constar en el acta. Y lo mismo ocurrió con el volcado de la cuenta de correo electrónico de Merino: "Se informa que se ha localizado el buzón de la cuenta requerida judicialmente, el cual tiene un volumen aproximado de 23 Gb, por lo que su descarga del servidor donde se aloja y su volcado en un dispositivo que se pueda entregar llevará un tiempo que se estima en 24-48 horas. Por este motivo, se emplaza al responsable a comunicar a los agentes la finalización de la extracción de la información para proceder a su entrega".Se da la circunstancia de que a Acciona y a la Unidad Central Operativa (UCO) les conecta desde hace años un fino hilo con nombre y apellidos: Manuel Sánchez Corbí. Este coronel de la Guardia Civil fue, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, jefe de la unidad de élite del Instituto Armado. Durante aquella etapa, lideró investigaciones como Púnica, Taula o Lezo. Pero también se movió entre las sombras a las órdenes del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Así, tal y como desveló este diario, en los WhatsApp intervenidos a este último en el marco del caso Kitchen figura una conversación en la que Corbí daba a Marínez datos sobre la vida sexual de un periodista: "Es homosexual, bastante promiscuo e interesado en sus relaciones amorosas".En agosto de 2018, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó a Corbí por "pérdida de confianza". El cese se produjo tras la filtración a la prensa de un correo electrónico en el que el coronel criticaba la falta de fondos reservados. Tres años después, en 2021, el alto mando dejó la Guardia Civil y se pasó a la empresa privada. En concreto, fue fichado por Acciona como director de seguridad internacional. Una compañía en la que también trabaja la hija de otro coronel de la Guardia Civil destituido por Marlaska: Diego Pérez de los Cobos.