El presidente admitirá las responsabilidades de lo ocurrido en Ferraz y se volcará en proteger la acción y la reputación del Ejecutivo para mantener viva la legislatura en pleno asedio de las derechas Felipe González termina de romper con el PSOE de Sánchez El Gobierno comienza a recuperar poco a poco las constantes vitales. Tras la parálisis que siguió al impacto por el escándalo de Santos Cerdán, la semana ha transcurrido sin sobresaltos en los juzgados y el balón de oxígeno que ha supuesto para Pedro Sánchez la cumbre de la OTAN. El presidente envió el mensaje de una España que se desmarca del seguidismo incondicional a los planes bélicos de Estados Unidos. Y el choque con Donald Trump es de largo la mejor noticia política que ha tenido la Moncloa en muchos meses. Aunque la cumbre de la ONU en Sevilla de la próxima semana le mantendrá aún unos días a resguardo de la tormentosa política nacional, Sánchez prevé emplear el respiro del fin de semana en comenzar a preparar sus dos grandes citas del verano. En la primera, el comité federal del PSOE del próximo sábado, se verá las caras con los cuadros de su partido tras el terremoto que ha supuesto la imputación del segundo secretario de organización implicado en una trama corrupta. Solo cuatro días después acudirá el 9 de julio al Congreso para comparecer ante el Pleno en una sesión que todo el mundo espera que sea de alto voltaje. Lo que trasladan desde el equipo del presidente es que afronta la preparación de esas convocatorias con enfoques muy distintos. Porque el discurso oficial es que el caso de corrupción ha estallado en el corazón del PSOE, pero no del Gobierno. Y por eso el planteamiento es admitir las responsabilidades de lo ocurrido en Ferraz pero volcarse a la vez en proteger la acción y la reputación del Ejecutivo como argumento principal para sostener en pie una legislatura en permanente entredicho y ante el asedio de las derechas. De que cale o no ese mensaje entre los socios parlamentarios y en la opinión pública en general depende, en gran medida, el porvenir del mandato de Pedro Sánchez. Pero el plan tiene varias dificultades. La primera, la complicación de perimetrar los daños en la secretaría de organización del partido. Porque Santos Cerdán era orgánicamente el número tres del PSOE, pero políticamente era mucho más que eso. Hasta que se conoció el informe de la UCO era, sin ir más lejos, una de las pocas personas que pertenecía al núcleo más estrecho de confianza del presidente. Una posición de privilegio que le había reportado su labor como interlocutor de Carles Puigdemont y muñidor principal, por tanto, de la última investidura. Pero la amenaza más seria para la estrategia de salvaguardar el Gobierno del incendio en el partido es que el devenir de la investigación judicial lo acabe por impregnar todo y la mancha de la corrupción se extienda. Un escenario que nadie se atreve a descartar al cien por cien. Todo el mundo tiene claro en el partido y en el Ejecutivo que quedan más nombres por salir. Se trata de una hipótesis lógica: si Cerdán, Ábalos y Koldo de verdad consiguieron amañar contratos para llevarse mordidas, no pudieron hacerlo solos. Y del rango político que alcancen sus posibles cómplices en el Gobierno dependerá que este caso termine por llevarse por delante a la coalición o no. En la Moncloa creen (o quieren creer) que ninguno de los nombres de primer nivel político señalados hasta ahora está implicado en el escándalo por mucho que puedan salir grabaciones de Koldo García con conversaciones en las que participen. Es decir, que trasladan su confianza plena en la honradez del ministro Ángel Víctor Torres y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, sobre las gestiones que ambos han llevado al frente de los gobiernos de sus respectivos archipiélagos. Y trazan un círculo en el que incluyen a a proximadamente una decena de cargos intermedios, con responsables de empresas públicas, miembros de mesas de contratación o técnicos de área, cuyos nombres sí podrían sumarse a los ya salpicados. Si eso no pasa de ahí, el presidente cree estar en disposición de aguantar. Secretario general autocrítico, presidente a la ofensiva Para la comparecencia del 9 de julio en el Congreso, la Moncloa trabaja con un paquete de medidas anticorrupción que les demandan sus socios. Durante esta próxima semana se prevé, de hecho, intensificar la interlocución con esos aliados parlamentarios para consensuar el bloque de propuestas. La otra pata de su discurso será reivindicar su legado como presidente y el trabajo de su Consejo de Ministros, al que presentará como un grupo de hombres y mujeres de trayectoria intachable y que mantienen al país en altas cotas de progreso económico y avances sociales en mitad del tsunami ultra que asola a Europa y a buena parte del mundo. Un mensaje que utilizará, además, para contraponer la acción de su Gobierno a la alternativa de un Ejecutivo compartido por el PP y por Vox en el que la ultraderecha pueda ostentar un poder decisivo en el devenir de la política nacional. Y poner en riesgo, por tanto, los avances consolidados en las últimas décadas. Ese planteamiento de que el Gobierno está limpio de toda sospecha no casaría con una profunda remodelación del Consejo de Ministros que, en cualquier caso, estaba proyectada para el arranque del próximo curso político. Aunque se trata de una decisión que atañe estrictamente al presidente del Gobierno y sobre la que nadie es capaz de confirmar o desmentir nada, la mayoría de su equipo sostiene que los tiros no van por ahí y que, salvo giro de última hora, no esperan que se acometan cambios en el Ejecutivo. Una situación radicalmente opuesta a la del PSOE, que celebrará el sábado que viene el comité federal previsiblemente más largo y complicado de cuantos haya afrontado el presidente desde su regreso a la secretaría general en 2018. Ahí hablará Pedro Sánchez de la traición de unos pocos y del error personal de confiar en quien no debía. Pero, sobre todo, escuchará. Y según espera la dirección socialista, escuchará de todo, con unas organizaciones territoriales que temen pagar los platos rotos en las próximas autonómicas y municipales. Lo que no estaba terminado de perfilar antes de la vuelta de Bruselas del presidente era el calado de la reestructuración obligatoria a la que sí someterá al partido. Y los escenarios son varios y dispares. Está la tesis de quienes defienden que de un terremoto de la magnitud de dos secretarios de organización imputados por corrupción solo se sale si al PSOE se le da la vuelta como a un calcetín y se reforma íntegramente su estructura. Algo poco probable, puesto que Sánchez ya desechó la convocatoria de un congreso extraordinario. La segunda tesis es que la reestructuración no solo afecte a la secretaría de organización sino que sea más profunda e incluya la salida de las personas que mantuvieron durante todos estos años una relación política o personal estrecha con Cerdán y Ábalos. Esa actuación conllevaría, sin embargo, dos riesgos a juicio de varios dirigentes consultados. El primero, que supondría algo tan delicado como señalar a gente por un escándalo de corrupción por el que, hasta la fecha, no están ni siquiera salpicados. Y el segundo, que en ese retrato robot de persona que haya mantenido una relación política o personal estrecha con Ábalos y Cerdán encaja el mismísimo Pedro Sánchez. Por eso, y sin que nadie se atreva a descartar nada, lo que menos sorprendería a estas alturas entre las filas socialistas es que la renovación de la cúpula del partido sea, en cierta forma, quirúrgica. Se da por descontada la salida no solo de Juanfran Serrano, el número dos de Cerdán, sino del equipo de trabajo de Organización en su conjunto, entre quienes se asume que hay gente con una hoja de servicios al PSOE impoluta que se implicaron en la negociación con Junts y en la investidura, pero que ahora creen que deben dar un paso al lado por lo sucedido. Tras la salida de Cerdán, la primera persona señalada para convertirse en número 3 del PSOE fue la diputada Montse Mínguez, secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, persona de confianza de Salvador Illa y con una reputación granjeada entre sus propias filas y entre los socios de legislatura con los que ejerce de interlocutora que la retratan como una “persona honesta y trabajadora”. Mínguez forma parte, de hecho, del equipo de trabajo al que Pedro Sánchez ha encomendado llevar las riendas de la secretaría de organización hasta el comité federal. Y es un perfil que se adecúa exactamente a lo que busca el presidente con la complejidad burocrática de que, formalmente, es militante del PSC y no del PSOE, dos formaciones jurídicamente diferentes. Una dificultad que mucha gente en las filas socialistas cree viable sortear. El objetivo, en cualquier caso, no es otro que llegar con vida política al mes de agosto, una idea que en el propio equipo del presidente había quien consideraba una quimera hace solo dos semanas y que ahora empieza a ganar más adeptos. Aunque para ello haya que mantener siempre un ojo en los juzgados.