Las declaraciones en el juzgado de Alberto González Amador y la farmacéutica Gloria Carrasco ofrecen nuevos detalles sobre cómo unos recurrían a otros para asesorías e intermediaciones cuya utilidad cuestiona la jueza La pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas El origen de la investigación judicial a Alberto González Amador está en los casi 2 millones de euros que se embolsó el empresario y comisionista en la pandemia por hacer de intermediario en una sola operación de compraventa de material sanitario. Después evitó pagar a Hacienda lo que correspondía por tan elevadas ganancias y la Agencia Tributaria sospechó e investigó hasta constatar un fraude de 350.000 euros. Las declaraciones como investigados de la pareja de Ayuso, en abril, y de Gloria Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, este mismo mes, han revelado una cadena de favores entre los miembros del grupo, al que se suma ahora otro empresario amigo radicado en Florida. Por ahora, la jueza no ha creído a González Amador ni a la farmacéutica de León, les sigue imputando un delito de corrupción en los negocios y ha implicado a la UCO para que indague en unos hechos que recogen requisitos de los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. A principios de la presente década, la suerte comenzó a cambiar para Alberto González Amador: despegue en los negocios en 2020 con una comisión de dos millones, relación con la presidenta madrileña en 2021, multiplicación por cuatro de la facturación a Quirón desde entonces... hasta que su carrera chocó de frente contra la Agencia Tributaria, lo que derivó en su imputación por dos delitos de fraude fiscal, otro de falsedad documental y dos más de corrupción en los negocios y administración desleal. De las citadas declaraciones judiciales en el segundo procedimiento que tiene abierto ha trascendido que Alberto González Amador y el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, trabajaban en la misma planta de las oficinas de la empresa sanitaria que más factura a la Comunidad de Madrid. Al tiempo que compartían, o comparten, lugar de trabajo, González Amador tiene una empresa con la que factura al grupo. Pero no solo a Quirón. En enero de 2020, cuando el coronavirus todavía era una amenaza de Oriente, González Amador firmó un acuerdo con una empresa catalana, FCS Select Products, para vender material sanitario. Y aquí es donde por primera vez aparece uno de los amigos de ese círculo de negocios que tantos réditos ha dado a la pareja de la presidenta. En mayo de 2020, FCS vende a una empresa gallega, Mape, material sanitario por 42 millones de euros. ¿Y quién estaba en el consejo de administración de Mape? Fernando Camino, el directivo de Quirón con el que trabaja González Amador. El procedimiento para sellar la venta de mascarillas y guantes entre una empresa catalana y una gallega precisó, según la documentación que el comisionista aportó a la Agencia Tributaria, de un viaje a Nueva York de Alberto González Amador dos meses antes de que se decretase el estado de alarma en España, y de la actuación de varios intermediarios. Según la tesis de la pareja de Ayuso, para que una empresa catalana que estaba vendiendo directamente material a varias administraciones, entre ellas el Gobierno central, mandase material a otra de Pontevedra fue necesario recurrir a Alberto González como comisionista y que este, a su vez, incluyese en la transacción a una compañía radicada en Florida llamada IHD Inteconn, a la que según la pareja de Ayuso se necesitaba “para llegar a Mape” (la firma pontevedresa). Recapitulación: Alberto González Amador necesita de una empresa estadounidense para poner de acuerdo a una sociedad catalana con otra gallega, que es la que compra, en cuyo consejo de administración se sentaba su amigo Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. La inclusión del papel de la estadounidense Inteccon en las explicaciones que González Amador ofreció a la Agencia Tributaria parecen la búsqueda de una coartada para justificar la comisión de 2 millones por hacer casi nada. “Las actuaciones de promoción son conversaciones (videoconferencias, reuniones) mantenidas con las partes para proponer un negocio entre una empresa, FCS, que dispone de una mercancía que se estima será demandada en el muy corto plazo y MAPE, empresa consumidora de dicha mercancía”, alegó. Y remató: “Tras múltiples conversaciones previas, finalmente el responsable de Maxwell [la pareja de Ayuso] mantiene una reunión presencial con Inteconn en New York los días 23 y 24 de enero de 2020, cerrando finalmente el acuerdo el 25 de enero de 2020”. De Inteccon poco se ha hablado durante la instrucción del caso desde que apareciera en el informe de la Agencia Tributaria. Hasta que el pasado 19 de junio compareció Gloria Carrasco como investigada. La mujer del directivo de Quirón puso en el mapa del caso a “Wilson”, como lo llama ella. En realidad, Wilson Rodríguez, dueño de una empresa medioambiental llamada Inteccon y radicada en Boca Ratón, en el estado de Florida. Fernando Camino le presenta al empresario estadounidense a su mujer “hace muchos años”, en una comida en Madrid. Segunda recapitulación: Alberto González Amador recurre a una empresa de Florida para intermediar entre dos sociedades españolas. Esa sociedad estadounidense pertenece a un amigo del administrador de la sociedad gallega que se va a dejar 42 millones en material sanitario, de los que 2 millones van a parar al al bolsillo de la pareja de Ayuso. La investigación por corrupción en los negocios es una pieza separada del caso contra Alberto González Amador por fraude fiscal. El novio de la presidenta compró una empresa a Gloria Carrasco, la mujer del directivo de Quirón, por 500.000 euros en 2020, el año del pelotazo de las mascarillas. Sin embargo, la sociedad de nombre Círculo de Belleza apenas había facturado 30.000 euros el ejercicio anterior, apenas tenía infraestructura ni una gran cartera de clientes. La instructora sospechaba, y lo sigue haciendo después de las declaraciones de González Amador y Gloria Carrasco, que ese medio millón es un precio inflado hasta alcanzar el porcentaje de la comisión encubierta que habría acordado Fernando Camino con González Amador. El papel de Camino sería que la empresa en cuyo consejo él se sentaba, Mape, comprara las mascarillas y su amigo Alberto se llevara 2 millones, de los que cerca de 500.000 euros serían para él. Ahora, la jueza ha establecido otra hipótesis, quizá complementaria, que deberá investigar la UCO. Consistiría en que la compra de la sociedad a la mujer de Fernando Camino sería una correspondencia encubierta por que el presidente de Quirón Prevención aumentara los encargos a las empresas de Alberto González Amador. La defensa de González Amador elDiario.es ya pudo vincular a Alberto González Amador con Boca Ratón, en Florida, en una información de marzo de 2024. En esa ciudad de campos de golf y grandes parques creó la pareja de Ayuso una empresa en octubre de 2022, de actividad desconocida y cuando ya estaba siendo investigado por la Agencia Tributaria en España. Habían pasado dos meses desde que González Amador, ya pareja de la presidenta madrileña, comprara un piso de lujo en Madrid y ofreciera de entrada 350.000 euros, cantidad idéntica a la que había defraudado a Hacienda en los dos ejercicios anteriores. Para defender el pago de un precio desorbitado por Círculo de Belleza, la sociedad de Gloria Carrasco, Alberto González Amador expuso a la jueza que su cálculo es que solo en el primer año podría recuperar el medio millón de euros invertidos, aunque la sociedad solo contaba con un portátil y tres instrumentos de depilación. Se trataba de las potencialidades de Círculo de Belleza, su “fondo de comercio”, según la expresión utilizada después por Gloria Carrasco ante la jueza. Según González Amador, él mismo contactó en 2018 con la mujer de Fernando Camino a través de este. Y aquí regresa el relato de los negocios en círculo. Ella realizó varios trabajos de asesoramiento para la pareja de Ayuso hasta que, con motivo del confinamiento de 2020, Alberto González recibió el encargo de “liderar” un proyecto de Quirón Prevención, que preside Fernando Camino, para el regreso seguro a los puestos de trabajo e instalaciones públicas tras el Covid. Pero no se quedó ahí. La pareja de Ayuso pensó que podría extender esta idea de certificado de confianza sobre el COVID a “farmacias de mayor facturación”. Y se preguntó: “¿cómo conseguir llegar a esas farmacias seleccionadas?”. En noviembre de 2020 recurrió a Gloria Carrasco, quien le iluminó: tenía que acudir a Mape, la sociedad administrada por su marido, Fernando Camino, y servirse de la red de farmacias de la empresa gallega. Y qué mejor manera de involucrar a Mape que con una sociedad de la propia Gloria Carrasco, llamada Círculo de Belleza SL, que ya tenía un contrato de asesoramiento con la sociedad gallega. Los negocios de expansión a Latinoamérica iban a crecer gracias a la implicación de una empresa americana, la Inteccon del amigo Wilson Rodríguez, y ella no estaba interesada en viajar tanto. Prefería seguir involucrada en su farmacia de León y vender Círculo de Belleza S.L. González Amador le ofreció 500.000 euros por la sociedad, pero siempre que ella se comprometiera a hacer un “acompañamiento para canalizar la distribución de las certificaciones de Covid, de Protección de Datos y de calidad en la red de farmacias y para la comercialización y distribución en Latinoamérica de Inteccon”, la sociedad estadounidense a la que González Amador ya había recurrido para conseguir su comisión de dos millones. Tercera recapitulación: Alberto González Amador recibe un encargo de Quirón Prevención, presidida por Fernando Camino. Él recurre a la mujer de Camino para que lo asesore. Ella le recomienda que acuda a una empresa llamada Mape, en cuyo consejo de administración también se sienta su marido. Alberto lo hace. Pero para implicar a Mape necesita algo más: una sociedad que ya tenga relación con Mape. Y esta sociedad es Círculo de Belleza, de Gloria Carrasco, la mujer de Camino, empresa que luego Alberto González Amador comprará por medio millón. La acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid solicitó a principios de mayo la declaración como investigados de Fernando Camino y Gloria Carrasco, así como una batería de diligencias. La jueza del caso, Inmaculada Iglesias, acordó en un auto citar a Carrasco y adelantó que después decidiría sobre la imputación del presidente de Quirón Prevención y el resto de solicitudes. Lo que ha hecho la magistrada es implicar a la unidad especializada de la Guardia Civil. Con el atestado que redacten volverá a decidir si llama como imputado a Camino y acuerda el resto de diligencias.