Fue el 2 de noviembre de 2023, dos semanas antes de que el Congreso de los Diputados invistiese por mayoría absoluta a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Hacía apenas dos meses que los ciudadanos habían votado, negando a las derechas (PP y Vox) la mayoría que necesitaban para aplicar su agenda conservadora y neoliberal y abriendo las puertas a una coalición progresista apoyada por las fuerzas soberanistas que prolongase en una nueva legislatura el mandato que Pedro Sánchez inició con la moción de censura de 2018.La alocución de José María Aznar, pronunciada con toda la solemnidad del momento, en presencia de Alberto Núñez Feijóo, en el aula magna de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid —“el que pueda hacer que haga”—, es más larga. “Si la casa se está quemando, no vamos a andar con matices”, apuntó. “En lo que haya que hacer, se podrán hacer muchas cosas, menos una: inhibirse. En esta situación, la inhibición no tiene hueco. Se me podrá decir: ¿Y qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. Cada uno en su responsabilidad”.En el PP ni siquiera se molestan en disimular esta estrategia multifrente. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, declaró el pasado octubre que su partido tiene la “obligación de echar a Sánchez del Gobierno” y de “acabar con este Gobierno lo antes posible”. “Y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance”, proclamó.Casi dos años después del llamamiento de Aznar, ese "con todos los medios a nuestro alcance" de Tellado se traduce en un despliegue de la capacidad de influencia de no pocos actores en distintos frentes, unidos en ese anunciado objetivo común: derribar al Gobierno sin utilizar las herramientas previstas en la Constitución, en particular la moción de censura. Repasar la lista muestra hasta dónde se extiende la hoja de ruta de quienes parecen querer poner fin, "sin matices", al mapa político decidido por los votantes en las elecciones de julio de 2023.Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, está siendo investigada por un juzgado de Madrid tras una denuncia presentada por el pseudo sindicato Manos Limpias, una organización con amplio historial de querellas archivadas y vínculos ideológicos con la extrema derecha. La denuncia se basa en supuestas cartas de recomendación o apoyo que Gómez habría firmado a favor de empresarios que luego obtuvieron contratos públicos.Desde el inicio del procedimiento, ni la Fiscalía ni la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) han encontrado indicios de delito. Las cartas que se cuestionan eran de carácter genérico, habituales en el entorno académico y sin valor vinculante. Además, los contratos adjudicados a los empresarios supuestamente beneficiados no dependían de la actuación ni de Begoña Gómez ni de su entorno.A pesar de la falta de pruebas y de los informes policiales y del Ministerio Público que aconsejan el archivo, el juez Juan Carlos Peinado se obstina en mantener viva la causa. Ha seguido practicando diligencias —como citaciones y requerimientos documentales— sin que hasta ahora se haya encontrado ningún dato que incrimine a Gómez.En su búsqueda de algún elemento con el que golpear a Sánchez, el instructor ha llegado a pedir la imputación del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, después de detectar, durante su declaración como testigo de hace dos meses, comportamientos que, a su criterio, podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y de otro de falso testimonio. Diversas voces del ámbito jurídico y político denuncian que el caso forma parte de una estrategia de acoso político-judicial (también conocida como lawfare) contra el presidente del Gobierno, alimentada por sectores mediáticos y políticos de la oposición.El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado quiere enviar al fiscal general del Estado al banquillo. Acusa a Álvaro García Ortiz de un delito de revelación de secretos vinculado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cometido, según el juez, “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”, una afirmación sin fundamento. El instructor asegura, sin nada que lo sostenga, que el fiscal general filtró el correo del abogado del novio de Ayuso “aprovechando” la información publicada en El Mundo la noche del 13 de marzo de 2024, que daba la falsa versión de los hechos que estaba difundiendo el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.Hurtado no ha conseguido recabar ninguna prueba que demuestre que fue García Ortiz quien hizo llegar el correo a los medios. Y descartó reiteradamente los argumentos esgrimidos por la defensa del fiscal general desde aquellos días de marzo de 2024: García Ortiz reclamó los correos cruzados entre la Fiscalía y el abogado para hacer una nota de prensa y responder a la demanda de información de numerosos medios de comunicación tras el bulo difundido por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso. El juez sostiene, sin embargo, que la finalidad de García Ortiz al reclamar los correos era “acabar facilitándolo a un medio, como la Cadena SER, para que le diera publicidad”.La presión para que Ortiz dimita, a pesar de la ausencia de indicios de que haya cometido delito alguno y las evidencias que sostienen todo lo contrario, entre otras de los periodistas que informaron sobre el correo del abogado del novio de Ayuso, no ha dejado de crecer.La jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz, acordó enviarlo a juicio por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La magistrada, que investiga la adjudicación de esta plaza a David Sánchez, argumenta que el puesto se había “creado para él”.El auto de procesamiento, que incluye a otras diez personas, entre las que está el presidente de la Diputación y líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, argumenta que David Sánchez, teniendo “conocimiento previo” de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había “creado para él”, se presentó a la convocatoria “e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”. Algo que no apoya en ningún hecho concreto, hasta el punto de decir que la creación del puesto fue “a petición, seguramente, de persona o personas” del entorno de David Sánchez que “conocían la necesidad” de este, quien “en ese momento carecía de trabajo estable”.La diligencia a la hora de investigar al hermano del presidente, del que se llegaron a manejar como ciertos bulos sobre sus propiedades y cuentas corrientes, contrasta, por ejemplo, con el silencio con el que los jueces han abordado casos como el de la Deputación de Ourense, controlada durante décadas por la familia Baltar. La institución ourensana llegó a emplear, al menos, a 400 cargos o familiares del PP en una plantilla que no alcanza el millar, repleta de peones, telefonistas, limpiadores y porteros. Llegó a tener 33 porteros para un edificio con solo tres puertas.El Constitucional es un tribunal que se nutre de magistrados y juristas elegidos por el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Congreso y el Senado, lo que ha hecho que sus pronunciamientos se escoren a izquierda o derecha en función de los partidos que dominen el momento político. Ese es el diseño establecido en la Constitución, y PP y PSOE siempre lo habían respetado, aunque la decisión no les resultara favorable. Hasta ahora.Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y con ellos PP y Vox, se niegan a acatar la autoridad del TC desde que la derecha perdió la mayoría. Y no solo ellos: también jueces y fiscales se permiten atacar en público al Alto Tribunal y asociaciones ultras se querellan contra sus magistrados. Esteban González Pons (PP) llegó a decir que “el cáncer del Estado de derecho en España se llama Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido”. Feijóo le acusó de “manosear las sentencias del Tribunal Supremo”, en concreto la de los ERE, e insinuó que estaba prevaricando.También se han pronunciado contra el TC la decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco (presidenta de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura), o el fiscal de Sala del Supremo, José Miguel de la Rosa. Y asociaciones ultras, como Abogados Cristianos, que se querelló contra el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, por prevaricación y cohecho.Esta misma semana, después del fallo que ha validado la Ley de Amnistía, Feijóo ha vuelto a la carga: la sentencia del TC, dijo, es “un ejercicio de corrupción política”. Es “ilegal, diga lo que diga un tribunal dividido”, en alusión a los cuatro magistrados propuestos que votaron en contra y que sí considera independientes, pese a que fueron promovidos para el cargo por su partido.“Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?”. La frase, pronunciada por Aznar en una reciente entrevista, utiliza una turbación del caso Cerdán para tratar de cuestionar el resultado de las elecciones generales del 23J, en las que Alberto Núñez Feijóo ganó pero no consiguió los apoyos para gobernar. Aznar argumenta que es posible que el socialista amañara los comicios diciendo que “no hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen”.El propio Feijóo, preguntado sobre si un pucherazo es posible, respaldó al expresidente diciendo que “[si se tiene en cuenta que] el sistema [de recuento electoral] puede tener algunas lagunas y que, utilizado de forma torticera, no está completamente blindado, la respuesta es que sí”. Él lo debe de saber bien, porque fue presidente de Correos.Abrazando este bulo —es una falsedad porque el sistema electoral español sí está blindado contra la manipulación, jamás se ha cambiado y nunca nadie, hasta ahora, lo había cuestionado—, el PP da un empujón a las teorías de la conspiración impulsadas por la ultraderecha en general y por Vox en particular, que sostienen, sin ninguna prueba, que las elecciones son manipuladas por el Gobierno.Se lleva a cabo en distintos frentes. De un lado, a través del PP y de Vox que, de nuevo sin pruebas, sostienen que la Cámara baja está secuestrada por el Gobierno, a pesar de que sus integrantes, PSOE y Sumar, están lejos de tener mayoría en ella. Tellado ha llegado a decir que la presidenta, Francina Armengol, hace “trampas antidemocráticas. Esta es una democracia secuestrada, y la secuestradora se llama Francina Armengol”. Desde que comenzó la legislatura, la derecha intenta imponer el criterio del Senado —que controla el PP— al del Congreso, en contra de lo que establece la Constitución. La derecha no reconoce la autoridad de la Cámara baja, en particular la investidura de Sánchez, que considera un “fraude electoral” por basarse en un acuerdo con Junts para tramitar la Ley de Amnistía.Pero no es solo la derecha política. La judicial también ha cuestionado la legitimidad del Congreso para aprobar leyes como la de Amnistía, que algunos jueces y magistrados se resisten a aplicar invocando la supuesta superioridad del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo e ignorando que, si bien su tarea consiste en aplicar las leyes, la del Congreso es aprobarlas.El Supremo dictó hace un año un auto con el que, en contra de lo dispuesto por el legislador, declaró no amnistiable el delito de malversación en la causa del procés para mantener la orden de detención contra Carles Puigdemont o la inhabilitación que pesa sobre Oriol Junqueras. Y se ha permitido criticar la ley, cuya interpretación juzgó difícil debido al “ritmo de alta velocidad” de su tramitación y de un redactado que “contribuye de manera decisiva a dificultar la labor interpretativa”. Para el tribunal, el Congreso ha estimado necesario “abrir un paréntesis a cien años de jurisprudencia y hacerlo para unos hechos y unos protagonistas muy concretos. Un paréntesis que volverá a cerrarse para todos los demás ciudadanos que han sido condenados por un delito de la misma naturaleza”, condenó.Al llamamiento de Aznar para contribuir a la caída del Gobierno se han sumado Felipe González —que esta misma semana aseguró que no votará por el PSOE en las próximas elecciones si Sánchez es el candidato— y la lista habitual de exdirigentes y exmilitantes que tuvieron cargos relevantes en el pasado y que llevan años oponiéndose al actual secretario general.En una carta hecha pública hace unos días, no es que pidan la dimisión de Sánchez por el caso Cerdán, sino porque Sánchez ha “mutado” la Constitución y es el “responsable directo” de lo que denominan “proceso de degradación institucional” y “retroceso democrático” que, aseguran, vive España. La lista de firmantes, muchos de ellos en la órbita del PP desde hace tiempo, lo dice todo: César Antonio Molina, Javier Sáenz Cosculluela, Juan José Laborda, Javier Rojo, Tomás Gómez, Nicolás Redondo, Francisco Vázquez y hasta los condenados por los GAL José Barrionuevo y Rafael Vera.Un elemento crucial de la estrategia de acoso y derribo contra el Gobierno es el de los medios de comunicación afines a la derecha y la ultraderecha que, desde hace varios años, tratan de desgastar, deslegitimar y, si es posible, forzar la caída del Gobierno de coalición. Su papel no es informal ni accidental: funciona de forma coordinada, persistente y estratégica, combinando bulos, desinformación, ataques personales, campañas judiciales y presión mediática constante.De ella forman parte medios alineados con la derecha y la extrema derecha (cabeceras como OK Diario, El Mundo, Libertad Digital, El Confidencial, La Razón, Abc, The Objective, El Debate, Periodista Digital y canales como 13TV, además de tertulias en COPE, esRadio y Antena 3). Actúan como difusores masivos de narrativas hostiles al Gobierno, amplificando bulos sin contrastar y dando legitimidad a denuncias sin fundamento.PP y Vox operan a su vez como generadores y beneficiarios de esa desinformación. Utilizan declaraciones, preguntas parlamentarias y ruedas de prensa para convertir insinuaciones o bulos en “hechos debatibles”. A menudo trabajan en tándem con los medios afines, creando retroalimentación entre discurso político y escándalo mediático.La tercera pata son los jueces que actúan selectivamente y permiten que causas sin base sólida avancen y alimenten horas de tertulias y centenares de publicaciones, a menudo con la ayuda de organizaciones de ultraderecha como Manos Limpias, HazteOír o Abogados Cristianos, que presentan denuncias genéricas o artificiales para provocar titulares, abrir una causa judicial y alimentar el ciclo mediático.El resultado es una cámara de eco que funciona como un mecanismo sincronizado de intoxicación informativa: una organización ultraconservadora presenta una denuncia sin pruebas, un medio afín la publica en exclusiva con tono escandaloso y sin contrastar, PP o Vox piden explicaciones públicas, exigen dimisiones o lo llevan al Congreso, otros medios repiten el bulo y las redes sociales lo viralizan. Si hay juez receptivo, se abre causa judicial —aunque sea sin base— y se prolonga el proceso, manteniéndolo en titulares durante semanas. Al final, aunque se archive, el daño político ya está hecho.Por si esto fuese poco, en los últimos meses el cambio de dirección en El País, el medio más influyente de los que no forman parte de la operación de acoso y derribo contra el Gobierno, ha comenzado a dar muestras de cierto desplazamiento en contra del Ejecutivo, como un editorial pidiendo la dimisión del fiscal general o ciertos enfoques en relación con la OTAN. Algunas fuentes sugieren que el propio Feijóo ha explorado una nueva relación con el diario y la SER a través de conversaciones privadas con el presidente de la compañía matriz de ambos medios, el empresario francés de origen armenio Joseph Oughourlian, cuyas relaciones con la Moncloa se han enrarecido a lo largo de los últimos meses.La Conferencia Episcopal Española (CEE) dio la pasada semana un paso sin precedentes en democracia: pedir abiertamente el fin del Gobierno. Aunque históricamente ha intervenido en el debate público —desde los púlpitos, en movilizaciones callejeras o sugiriendo el sentido del voto, como sucedió en 2008 durante la ofensiva contra José Luis Rodríguez Zapatero—, nunca hasta ahora había exigido la convocatoria de elecciones.En plena tormenta política para el PSOE, salpicado por presuntas tramas de corrupción que involucran a dos antiguos responsables de Organización del partido, la jerarquía católica ha solicitado al presidente que disuelva las Cortes y convoque elecciones. Una posición que no adoptaron durante los años del PP pese a los múltiples casos de corrupción y la contundente sentencia del caso Gürtel.El mensaje lo lanzó inicialmente el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en una entrevista en Abc en la que propuso como “salida” a esta “situación de bloqueo” la convocatoria de elecciones. Lejos de matizar sus palabras, Argüello reiteró el mensaje durante varios días. Y el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, lo respaldó de forma inequívoca: “Es lo que conviene a España por encima de los intereses de los partidos”.No hay pronunciamientos públicos de la patronal española ni de grandes empresas contra el actual Gobierno, pero sí declaraciones en forma de reflexión que insinúan que la situación actual les perjudica porque genera “inestabilidad”. La coincidencia de intereses entre la CEOE, las compañías eléctricas y los grandes bancos con los programas económicos de PP y Vox —esencialmente partidarios de la desregulación y de la reducción de impuestos— deja pocas dudas acerca de los deseos del gran capital en relación con la conveniencia de que la derecha tenga una nueva oportunidad, lo antes posible, de volver a controlar el Gobierno y el Congreso de los Diputados.Las compañías energéticas, cuya buena relación con Alberto Núñez Feijóo es de sobra conocida, llevan años enfrentadas con el Ministerio de Transición Ecológica, que tachan de intervencionista y al que acusan de generar inseguridad jurídica. Tampoco es ningún secreto que los directivos prefieren tener a un gobernante más cercano al Ibex, como el líder del PP, que ya en las elecciones de 2023 dijo que en cuanto llegue a La Moncloa acabará “con las medidas excepcionales de intervención del mercado mayorista de la electricidad”, haciendo alusión, entre otras cosas, al límite de los ingresos extra que obtienen las eléctricas por la generación nuclear, hidroeléctrica y parte de las renovables.Sobre la mesa, la prolongación de la vida útil de las nucleares, que, en una coincidencia que algunos consideran sospechosa, el PP volvió a poner sobre la mesa justo el día en que se produjo el gran apagón en la Península que la derecha ha usado precisamente para denunciar el parón nuclear.Más combativo se ha mostrado un sector clave en la industria española: el de la automoción. Francisco Riberas, presidente saliente de Sernauto, expresó hace pocos días su preocupación por el actual clima político, que calificó de “nada estable”. Y dificulta, dijo, la puesta en marcha de un plan de apoyo inmediato al sector, en un momento decisivo para su transformación.El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha referido a la situación de manera ambigua. Criticando la “mala imagen”, “de auténtica vergüenza”, enfatizó que se está dando España con el caso Koldo y reclamó medidas para “poner de nuevo el coche en marcha”, algo que algunos han interpretado como una petición de elecciones. “Se tienen que tomar medidas ya”, exigió.Garamendi, quien llegó a calificar de “lamentable” que no se estén asumiendo responsabilidades por la corrupción presuntamente protagonizada por Santos Cerdán, criticó, sin embargo, que se pidan cuentas también a las empresas que financian la corrupción, como el grupo Acciona. Es más, dijo que eso es echar “la culpa al de al lado”. La culpa, subrayó sin citarlo, es del Gobierno: “Siempre se buscan las culpas en los demás. Y cuidado, yo no estoy diciendo ni defiendo a nadie, pero resulta que ahora hay una palabra, el término corruptor. ¿Quiénes son los corruptores? ¿Las empresas? No. Corruptor es el que tiene el poder, el que dice: ‘O me das dinero o no te doy la obra’”.Desde las elecciones generales, España ha vivido una sucesión de movilizaciones contra el Gobierno, que comenzaron en octubre y noviembre de 2023, antes incluso de la investidura de Pedro Sánchez, con la amnistía como argumento. Miles de personas, convocadas por plataformas como Sociedad Civil Catalana, partidos como PP y Vox, y colectivos cívicos de orientación conservadora, se manifestaron en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia bajo lemas como “No en mi nombre” o “España no se vende”.Las concentraciones más tensas se produjeron en Ferraz, frente a la sede del PSOE, donde durante varias noches consecutivas se vivieron incidentes con grupos ultras que acabaron en cargas policiales, detenciones y condenas de partidos democráticos a los episodios de violencia, y que se han reproducido este mes tras conocerse la supuesta implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo.El Partido Popular tomó un papel destacado en canalizar parte de esa indignación a través de actos propios, especialmente los organizados por su dirección nacional en plazas públicas. Uno de los más multitudinarios tuvo lugar en la Plaza de Cibeles (Madrid) el 18 de noviembre, con decenas de miles de asistentes, aunque con el tiempo ha perdido capacidad de convocatoria. Vox, por su parte, ha mantenido una agenda de movilización constante, más radical y simbólica, respaldando públicamente las protestas en Ferraz.Varias asociaciones de juristas, exjueces o colectivos como Fundación Denaes han convocado concentraciones bajo el argumento de “defender la Constitución” y la “independencia judicial”. A su vez, movimientos afines a la derecha religiosa, como HazteOír o Abogados Cristianos, han participado en marchas y manifestaciones en las que se mezclan críticas a la amnistía, al aborto o a las leyes de igualdad.La intención de los y las organizadoras de estas protestas es mantener vivo un clima de tensión sostenida que refuerce la estrategia de confrontación total de la oposición y contribuya a consolidar un bloque social conservador movilizado que, aunque minoritario en términos absolutos, resulte determinante en la batalla cultural y mediática.Durante los casi dos años de legislatura desde las elecciones generales de 2023, organizaciones ultraconservadoras y de la nueva derecha han intensificado su presencia pública y su capacidad de influencia en la agenda política, judicial y mediática. Grupos como HazteOír, Abogados Cristianos, Sociedad Civil Catalana, Manos Limpias, Denaes o Desokupa —entre otros— han desplegado una estrategia combinada de movilización callejera, litigación judicial y presión cultural con el objetivo de frenar o revertir políticas del Gobierno, especialmente aquellas vinculadas a la memoria democrática, la igualdad, el feminismo, los derechos LGTBI, la inmigración o el diálogo territorial. Sin olvidar la promoción de procesos judiciales sin pruebas contra cualquiera que tenga que ver con Sánchez o incluso contra jueces que consideran contrarios a sus intereses, como la que investiga la responsabilidad de la Generalitat Valenciana en las muertes de la dana.Sus campañas han incluido desde carteles polémicos en autobuses hasta actos frente al Congreso o la sede del PSOE. Han sido especialmente activas en la articulación de la narrativa de una “España traicionada” por el Ejecutivo.Uno de los campos donde más impacto ha tenido este activismo ha sido el judicial. Entidades como Abogados Cristianos y Manos Limpias han presentado denuncias, querellas y recursos contra ministros, cargos públicos, leyes y decisiones administrativas del Gobierno central o de gobiernos autonómicos progresistas.Desokupa, una empresa privada de desalojo de viviendas convertida en fenómeno mediático, ha irrumpido en el espacio político con un mensaje centrado en la inseguridad, la inmigración y la defensa de la propiedad privada. Ha capitalizado parte del descontento vecinal en barrios vulnerables, ha protagonizado escraches y ha sido amplificada por medios afines a la ultraderecha. Aunque no es una organización política ni jurídica al uso, ha consolidado una identidad ideológica muy próxima a Vox y actúa como referente simbólico de una derecha “antisistema”.Estas organizaciones no solo operan en el terreno judicial o en la calle. Han desarrollado una estrategia cultural y mediática bien definida, utilizando plataformas digitales, campañas de firmas, envío masivo de correos, vídeos virales y colaboraciones con pseudomedios afines como Estado de Alarma, 7NN, El Toro TV, Periodista Digital o The Objective.Aunque ninguna de ellas concurre a elecciones, su impacto se traduce en presión sobre partidos como el PP, que asume parte de sus postulados y los traslada a instituciones legislativas. Algunas campañas —como la recogida de firmas contra la ley de amnistía, los recursos contra la educación afectivo-sexual o las denuncias contra manifestaciones feministas— han sido posteriormente utilizadas por formaciones parlamentarias como base argumental y táctica legislativa.El conjunto de estas organizaciones configura un frente ideológico coherente, que actúa fuera del sistema de partidos pero profundamente imbricado en la política nacional. Su objetivo no es solo influir, sino crear un estado de agitación permanente, erosionar al Gobierno y rearmar culturalmente a una parte del electorado conservador.Pese a los cambios formales introducidos en el Ministerio del Interior desde la llegada del Gobierno progresista en 2018, no faltan voces que aseguran que las cloacas del Estado siguen activas y, en algunos casos, actuando en contra del propio Ejecutivo. La persistente presencia de estructuras policiales y judiciales herederas de las guerras sucias del pasado, sumada a la inacción del ministro Fernando Grande-Marlaska para desmantelarlas o depurarlas, ha puesto bajo sospecha la actuación de unidades como la UCO (Unidad Central Operativa), que en los últimos meses ha protagonizado filtraciones, informes y maniobras que algunos sectores consideran más próximas a la política que al trabajo técnico.La UCO, que goza de prestigio por su trabajo en casos de corrupción como la Gürtel, ha vuelto al centro del debate en esta legislatura por su papel en investigaciones políticamente sensibles cuyos informes fueron filtrados selectivamente a medios afines al PP y Vox, y utilizados como munición parlamentaria contra el Gobierno. Feijóo llegó a convocar una manifestación con el lema “Mafia o democracia”, sospechosamente —para algunos— apenas dos días antes de que se conociera el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Un documento que ni el Gobierno de Sánchez conocía.Las suspicacias se han acentuado a la vista de la relación de algunos de sus integrantes con la derecha. Juan Vicente Bonilla, antiguo capitán de la UCO, es el ejemplo más significativo. Fue fichado por la Comunidad de Madrid, bajo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, para ocupar un puesto en la Gerencia de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud. En 2021 intercambió mensajes privados con un confidente en los que alentaba a su interlocutor a conseguir “información comprometedora sobre los socialistas”.Uno de sus mandos, el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, lidera los cuatro casos que afectan al Gobierno, y su nombre se ha hecho popular después de que El Confidencial revelase que una militante socialista trataba de conseguir información contra él.Varios medios, algunos de los cuales han popularizado la expresión “UCO patriótica”, en referencia a la policía patriótica que en la época de Mariano Rajoy actuaba contra rivales políticos y a favor del PP, han recogido en los últimos meses acusaciones procedentes de fuentes anónimas que apuntan a agentes de la UCO como responsables de filtraciones de mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, de iniciar investigaciones con posibles motivaciones políticas y de alimentar rumores sobre un informe de la UCO que involucraba al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que se conoció días después de que el runrún fuera vox populi.En este contexto de polarización masiva y de movilización de recursos contra el Gobierno, la tensión entre el poder judicial y el Ejecutivo ha dejado de ser un fenómeno episódico para convertirse en un frente político estructural. Más allá de los casos concretos —como las investigaciones en torno a familiares del presidente o a miembros del Gobierno—, la articulación de un bloque de oposición desde la judicatura ha adquirido rasgos cada vez más organizados, con expresiones tanto institucionales como informales.Uno de los episodios más ilustrativos de esta confrontación es la convocatoria de una huelga judicial impulsada principalmente por asociaciones conservadoras de jueces y fiscales, y coordinada a través de un grupo de WhatsApp con fuerte carga ideológica y tono abiertamente opositor al Gobierno. Aunque presentada formalmente como una protesta por mejoras salariales y de condiciones laborales, en los mensajes difundidos se evidencian motivaciones políticas y un claro alineamiento con los discursos de la oposición parlamentaria, particularmente en relación con la ley de amnistía y la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).La prolongada parálisis del CGPJ, cuya renovación estuvo bloqueada cinco años por el Partido Popular, ha servido además como escenario de disputa institucional. El resultado es un contexto en el que una parte del poder judicial no actúa únicamente como árbitro imparcial, sino como un actor político más, tensionando los equilibrios institucionales y generando un escenario de choque de legitimidades.Aunque el conjunto de la carrera judicial no puede ser reducido a una sola corriente, la visibilidad y activismo de los sectores conservadores ha aumentado considerablemente, creando una sensación de beligerancia institucional que excede el marco normal de la crítica democrática. Este clima ha contribuido a erosionar la confianza mutua entre los poderes del Estado.