El 'volantazo' de la Junta de Andalucía ha abierto una nueva batalla entre el taxi y las VTC , siempre incómoda para los gobernantes por la intensidad de las movilizaciones de los taxistas. Este miércoles se celebró en sesión plenario el debate y posterior aprobación del nuevo decreto-ley que modifica la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. Este nuevo paso afecta a la regulación de las VTC (vehículos de turismo con conductores) y a los requisitos para otorgar las licencias. La Consejería de Fomento defiende que se ha dado un «cambio brusco» en el mercado, una situación anómala que obliga a modificar esos filtros 20 meses después. La proliferación de los coches eléctricos ha multiplicado exponencialmente la demanda de licencias de VTC pues no se vulneran los requisitos medioambientales de emisión de CO2 (el Tribunal Europeo ya anuló la antigua proporción de una licencia por cada 30 taxis). La Junta asegura que esta nueva clase de vehículos ha producido un efecto demoledor . Si en 2023 sólo se presentaron 23 solicitudes en Andalucía, desde el 1 de enero de este año se han registrado 1.373 solicitudes frente a las 3.713 autorizaciones de VTC que hay vigentes en la región. Para impedir un crecimiento descontrolado, van a parar las concesiones de licencias temporalmente para elaborar un estudio técnico sobre la gestión de la oferta del transporte y así para mejorar la regulación de estos servicios. El decreto ha contado con el rechazo frontal de las dos partes implicadas y de la oposición , que se opuso a la normativa, si bien salió adelante por la mayoría absoluta del Gobierno. Las VTC asegura que hay más de 400 coches parados esperando que les concedan el permiso merced a unas condiciones que cumplían escrupulosamente. Se crea una «inseguridad jurídica a este sector después de fuertes inversiones particulares», lamentan con «preocupación» desde la Asociación Empresarial VTC Andalucía. «La Junta, sin consensos, modificará su propia sentencia». El sector del taxi se manifestaba a las puertas del Parlamento de Andalucía y varios representantes accedían a la Cámara para seguir en directo el debate. Rafael Baena, de Élite Taxi, muestra la desconfianza existente entre sus compañeros. «Han tenido dos años para elaborar el informe. Y ahora quieren hacerlo de manera mucho más amplia y denso en sólo dos meses. No les dará tiempo a concluir por lo que, cumplido ese tiempo, aprobarán esas licencias que cumplan con el requisito del dióxido de carbono». «Siempre hay un favoritismo tremendo. La Junta tiene unos intereses que no son los generales del ciudadano ni tampoco el de los taxistas», sentencia. El debate parlamentario arrancó con la exposición de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que explicó los motivos de la formulación de este nuevo decreto-ley y recordó de donde viene el conflicto: el 'decreto Ábalos'. «Sí, les sonará este nombre. Por mucho que lo quieran ocultar, fue mano derecha de Pedro Sánchez, como ministro y responsable del partido. Gestionó a sus anchas y ahora es uno de los cabecillas de una trama de presunta corrupción con mordidas en Andalucía». La oposición , desde PSOE a VOX pasando por el resto de grupos, criticó la falta de consenso en la aplicación de este «decretazo» e insistió en que resulta perjudicial para el taxi y se anteponen los intereses de las grandes plataformas y sus propietarios multimillonarios. Rocío Díaz, una vez aprobada la nueva reglamentación, insistía en esa búsqueda de equilibrio tan compleja como necesaria. «Siempre ha trabajado de manera intensa para garantizar la convivencia, a través de una competencia equilibrada, entre el sector del taxi y los VTC sin perder nunca de vista el interés general de los ciudadanos», señaló. Este decreto-ley se ha confeccionado bajo la premisa «de proteger los derechos de los usuarios» y lograr que «tanto los taxis como las VTC presten sus servicios de manera complementaria y equilibrada». Esto mismo le explicó a los representantes del taxi, con los que pudo departir durante la mañana en la concentración. Fomento incide en que el Gobierno andaluz ha hecho frente a una situación de la que el Gobierno de España se desentendió desde el primer instante, «cargando toda la responsabilidad en las comunidades autónomas. «El decreto Ábalos sólo trajo tensión , confusión e inseguridad», aseveró Díaz. Este estudio fijará criterios objetivos para la concesión de autorizaciones de VTC, conforme al régimen jurídico de la legislación estatal, que habilita a las comunidades autónomas para establecer requisitos para velar por la buena gestión del transporte. Se trata de determinar la dimensión actual del servicio, la calidad del servicio prestado y la dimensión adecuada de la flota.