Los acuerdos alcanzados por distintos países centroamericanos para recibir a migrantes deportados desde Estados Unidos se están topando con nuevas trabas legales. En El Salvador, una carta firmada por 12 expertos de la ONU que se ha conocido esta semana demanda con urgencia al presidente Nayib Bukele que explique la situación jurídica y de salud de 238 venezolanos recluidos desde el pasado 15 de marzo en su prisión de máxima seguridad, el CECOT, y le ha advertido que podría estar incurriendo en los delitos de tortura y desaparición forzada. Mientras, en Costa Rica, la Corte Suprema ha exigido liberar a los 28 de los 200 inmigrantes de diferentes nacionalidades enviados por el Gobierno de Donald Trump que permanecen en albergues de los que no tienen permitido salir. La justicia exige ahora que queden libres en un plazo máximo de 15 días.Seguir leyendo