La Junta de Andalucía ha procedido este miércoles a la paralización de la construcción en 21 parcelas ilegales situadas en suelo rústico protegido en la zona de Lomopardo, barriada rural de Jerez.La intervención ha sido llevada a cabo por el equipo de Inspección de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, con el apoyo de la Guardia Civil y la Policía Autonómica. Como parte del operativo, las parcelas han sido precintadas para evitar la continuación de las obras.Las actuaciones han tenido lugar sobre una superficie de 57.207 metros cuadrados, donde se había producido una parcelación irregular sin ningún tipo de licencia ni control administrativo. Según ha informado la Junta en un comunicado, en el área afectada se habían ejecutado ya diversas obras, incluyendo cerramientos perimetrales, puertas de acceso, varias edificaciones y algunas construcciones auxiliares, además de la instalación de contenedores.Estas construcciones incumplen la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que tipifica este tipo de actuaciones como una infracción muy grave contra la ordenación del territorio. La Junta ha subrayado que la Guardia Civil había recibido denuncias sobre estos hechos y había llevado a cabo una investigación en coordinación con la Inspección autonómica para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.El objetivo de la intervención, según ha explicado la Junta, es frenar el rápido avance de este proceso urbanizador ilegal en Lomopardo. Además de encontrarse en suelo rústico, las parcelas invaden la Zona de Policía del cauce del Arroyo Salado, y algunas de ellas se ubican en una zona inundable, lo que agrava la situación desde el punto de vista medioambiental y de seguridad.Asimismo, el asentamiento ilegal se localiza en un área protegida por su valor paisajístico, en un entorno próximo a la Autovía A-4 y La Cartuja. La Junta ha destacado que esta zona incluye diversos espacios forestales y áreas de gran valor ecológico, como los espacios marismeños de Jerez de la Frontera, las Sierras de Gibalbín o San Cristóbal, y los resaltes topográficos sobre la vega del Guadalete.Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismoEn el marco de la intervención, han sido citados una treintena de propietarios identificados por la Junta de Andalucía y la Guardia Civil, con el fin de garantizar la proporcionalidad de las medidas adoptadas. La operación ha contado con la participación de la Consejería de Fomento, en coordinación con los agentes de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, así como con técnicos de Endesa y del Consorcio de Aguas de la zona gaditana. También ha recibido el apoyo de la Policía Local de Jerez, encargada de la seguridad ciudadana.Desde la administración autonómica han recordado que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Por este motivo, el caso ha sido remitido a la Fiscalía especializada en delitos sobre el Medio Ambiente y el Urbanismo, que será la encargada de determinar las responsabilidades legales de los implicados en la urbanización ilegal.La Junta de Andalucía ha reiterado su compromiso con la protección del territorio y el cumplimiento de la normativa urbanística para evitar la proliferación de asentamientos irregulares que comprometan el equilibrio medioambiental y el ordenamiento territorial en la comunidad autónoma.