El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que emita un informe sobre los posibles daños ambientales causados por las extracciones de agua de varios pozos "no legalizados" en la finca Aljóbar, ubicada en el entorno de Doñana y perteneciente a la Casa de Alba. Esta investigación se enmarca en el contexto de una causa judicial abierta por el presunto impacto medioambiental derivado de estas prácticas.Según un auto del juzgado, al que tuvo acceso EFE, la solicitud de informes a la CHG se realiza después de que Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba y representante legal de la sociedad Eurotécnica Agraria, que gestiona la finca, fuera citado como investigado en el caso. La decisión del juez se basa en la revisión de los informes periciales presentados por la defensa, que no han disipado las dudas sobre la posible alteración del equilibrio ecológico en la zona.[Estamos también en WhatsApp, en Telegram y en Bluesky. Síguenos] El juzgado ha requerido información detallada sobre varios aspectos, como la "caracterización" de la masa de agua subterránea afectada por las extracciones de los pozos, el funcionamiento hidrológico de esta masa, su balance hídrico y el estado actual de la misma. También se ha solicitado que se analice la tendencia "piezométrica" observada en el área y su interpretación.Asimismo, el magistrado desea obtener detalles sobre las masas de agua superficial y los ecosistemas dependientes o asociados con la subterránea. En particular, se pide una descripción de aquellos cuerpos de agua que estén conectados hidráulicamente con la masa subterránea y sus respectivos ecosistemas. Esta información será clave para valorar el impacto potencial de las extracciones ilegales.El juez ha solicitado, además, que se evalúe el impacto producido por la extracción de agua en los ecosistemas relacionados con la finca, estimando este impacto en función de un informe pericial que contempla un periodo de diez años. La información pedida incluye también si la finca Aljóbar ha sido inspeccionada por la CHG desde 2016 y si se han detectado irregularidades durante esas inspecciones.[articles:329173]En relación con los pozos legalizados, el juez ha requerido que se indiquen los datos sobre los metros cúbicos de agua extraídos a través de ellos, si están equipados con contadores volumétricos. En este caso, se solicita también la cantidad de agua extraída cada año para evaluar la magnitud de las extracciones legales frente a las ilegales.Además, el magistrado ha pedido una valoración del impacto medioambiental en el acuífero y los ecosistemas asociados, así como la cuantificación económica de los posibles daños ambientales causados. Esta valoración será fundamental para determinar las responsabilidades y las posibles compensaciones económicas.En su resolución, el juez ha decidido abrir un nuevo tomo en las actuaciones judiciales, en el que se incluirá la declaración de Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que fue tomada el pasado 20 de febrero. Esta declaración será transcrita y puesta a disposición en formato adecuado para su reproducción en vídeo y sonido.La investigación se centra en la regularización de los pozos ilegales, que comenzó tras una denuncia presentada por la CHG en 2023. Según fuentes del caso, Martínez de Irujo explicó en su declaración que accedió a la gestión de la finca en 2016 como parte de una herencia de su abuela, la duquesa de Alba, aunque no participaba activamente en la explotación agrícola diaria.El representante legal de la finca indicó que, cuando asumió la gestión, ya se encontraba en fase de construcción una balsa para el riego, la cual se abastecía de diversos pozos, que él entendía estaban en conformidad con la normativa vigente. Sin embargo, la denuncia de la CHG en 2023 provocó el inicio de la regularización de los pozos, a pesar de que, según Martínez de Irujo, la Confederación ya había inspeccionado la finca previamente sin hacer observaciones al respecto.La resolución de este caso judicial tiene implicaciones significativas para la protección del medio ambiente en la zona de Doñana, un área de gran valor ecológico y sujeto a estrictas regulaciones sobre el uso de recursos hídricos. La investigación sigue abierta y las autoridades esperan los resultados de los informes solicitados para avanzar en la determinación de responsabilidades.