La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) será la columna vertebral del futuro registro de medios, que el Gobierno impulsa ya a través de un anteproyecto como una de sus principales medidas del plan de regeneración y como consecuencia de la aplicación en España de la Ley de Servicios Digitales de la UE y el reglamento de medios (EMFA).El Consejo de Ministros dio este martes un importante paso y estudió en primera vuelta el anteproyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, en el que lleva tiempo trabajando el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. El anteproyecto de ley llega además en un contexto en el que retroceden los procesos de verificación en las redes sociales, proliferan prácticas como las deepfake y se extiende la preocupación en todo el continente por las injerencias a través de las redes de terceros actores en los procesos electorales. Este ha sido uno de los temas que más ha vigilado Bruselas en los recientes comicios en Alemania, donde Elon Musk, dueño de X, ha apoyado activamente al partido ultraderechista de AfD.El texto, que no se ha hecho público en su integridad, tiene como uno de sus platos fuertes el registro de medios, que emana de las exigencias europeas. El modelo que ha elegido el Gobierno para su supervisión pasa por el organismo de la CNMC porque, indican fuentes del Ejecutivo, quieren dotar de mayor independencia este proceso.El registro estatal de medios deberá ser accesible a los ciudadanos y en él tendrán que inscribir su estructura de propiedad, además de constar los fondos públicos que reciban (tanto de carácter nacional como extranjero) en concepto de publicidad. Esa información se debería ir actualizando a través de la Comisión. En este sentido, el Gobierno prevé en su propuesta que se creen registros autonómicos, que estarán coordinados con el sistema estatal y en los que se inscribirán los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito local.Además, la Comisión tendrá que velar en sus procedimientos para evaluar procesos de concentración de medios y garantizar tanto la pluralidad informativa como la independencia editorial, según el Ejecutivo. Aunque ahora mismo en el ecosistema informativo español no hay una alta concentración de propiedad en los medios digitales, fuentes del Gobierno indican que, como mandata la UE, hay que estar atentos por si se dan situaciones como que un “multimillonario comprara quince medios”. Asimismo, en el Gobierno creen que la CNMC puede jugar el papel de poner en común las peticiones de medios y editores.La otra gran pata de este anteproyecto tiene que ver con los servicios digitales para avanzar en la protección de los derechos digitales y “en la defensa de la calidad de la democracia”, según defiende el Gobierno. También se nombra a la CNMC como coordinadora y trabajará de la mano de la Comisión Europea para que los proveedores, tanto plataformas como buscadores, cumplan con el reglamento.Deberá también designar “alertadores fiables”, que son entidades acreditadas para alertar sobre contenidos ilícitos, y propiciar que los proveedores de servicios de internet se doten de canales de denuncia de contenidos ilícitos. Además, a través de la futura ley, se exigirá transparencia sobre los criterios de los algoritmos y sobre la publicidad presente en sus plataformas.El anteproyecto establece además un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta alcanzar el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves.Como consecuencia de las nuevas atribuciones, el anteproyecto supone una modificación de la ley de creación de la CNMC para ampliar sus competencias en materias de control, supervisión, inspección y sanción sobre plataformas digitales. Además, la Agencia Española de Protección de Datos será la responsable de supervisar las disposiciones relacionadas con la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales o en el perfilado de menores. Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, López subrayó la "importancia" de la norma en un contexto en el que hay retrocesos en los sistemas de verificación de las redes: "El reglamento europeo es un gran escudo que nos protege a todos". Para el ministro de Transformación Digital y Función Pública, “hoy más que nunca, Europa y España deben ofrecer un espacio digital seguro donde se protejan todos los derechos fundamentales y los derechos específicos de los consumidores y usuarios”.Este anteproyecto forma parte del plan de regeneración impulsado por el Gobierno después de los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el año pasado. La hoja de ruta consta de 31 medidas principalmente, que fueron pactadas por el PSOE y por Sumar el pasado mes de septiembre y que se pretenden implementar a lo largo de la legislatura. Respecto a los medios, ese plan incluye una reforma de la ley de publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación de asignación. El Ejecutivo prevé en este eje una reforma de la ley para garantizar sistemas de medición de audiencia. A la vez, se pondrá en marcha una Estrategia Nacional de lucha contra la desinformación y se marcarán límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación.