El posible amaño de oposiciones de acceso o ascenso en la Policía Local de Granada y otros municipios de la provincia no para de tener consecuencias. La última se ha producido este sábado 22 de febrero: el Ayuntamiento de Granada va a plantear al tribunal designado para la prueba de selección de una plaza de intendente que se aplace ese examen. El consistorio asume que esa decisión se debe «a las nuevas noticias publicadas en medios de comunicación respecto a los procesos de selección para el acceso o la promoción de la Policía Local de Granada, que afecta a diferentes ayuntamientos y a las convocatorias de 2019 y 2022«. «Debe tenerse en cuenta -añade el ayuntamiento que preside Marifrán Carazo - que ese tribunal está integrado por intendentes de los ayuntamientos de Málaga y Linares y por funcionarios de la Junta de Andalucía«. Está previsto que el proceso selectivo comience en el mes de marzo, pero tras la petición desde Granada, es más que probable que sea aplazado. Desde principios de febrero, Granada, y también municipios como Albolote, Algarinejo, Monachil, Pulianas o Gualchos-Castell de Ferro están en el ojo del huracán ante la posibilidad, que se está investigando, de que existe una «red clientelar» que haya amañado oposiciones, en el caso de la capital desde el año 2007. La forma de actuar de esta presunta trama consistiría en ubicar en los distintos tribunales a las mismas personas, de manera que favorecieran a determinados candidatos. Es lo que presuntamente ocurrió en 2024 en Albolote, donde el por entonces jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés , habría pedido a un inspector de ese tribunal que aprobara a un aspirante «porque lo necesita». La principal consecuencia se produjo el pasado martes 18 de febrero, cuando agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fsicales de la Policía Nacional registró la Jefatura de la Policía Local de Granada, así como dependencias municipales del edificio de Los Mondragones, la sede de un sindicato policial o el Ayuntamiento de Albolote. Un día después, Jiménez Avilés presentó su dimisión, que fue aceptada por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo , aunque ésta pidió que se respetara «la presunción de inocencia». El equipo de gobierno local se ha comprometido a actuar con firmeza si se demuestran irregularidades. «Quien lo haga que lo pague», ha sido su mensaje. Otros cinco componentes de la Policía Local están siendo investigados por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada pero continúan en sus puestos. Carazo ha dado orden para la activación del proceso de selección del nuevo superintendente, un cargo para el que, mientras se resuelve la nueva convocatoria, que estará abierta a personal ajeno al cuerpo , se rotarán tres intendentes. El último caso que se ha detectado se ubica en la población costera de Gualchos-Castell de Ferro, cuyo ayuntamiento decidió el viernes 21 de febrero anular la convocatoria de oposiciones para cubrir una plaza en su policía local por unas supuestas irregularidades que ha puesto a disposición de la Fiscalía. Aunque su alcaldesa, Toñi Antequera , dijo que la paralización de este proceso de selección «no guarda ninguna relación» con las actuaciones que se investigan en otros municipios de la provincia, la coincidencia es por lo menos curiosa. El refrán que dice que «cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar» parece tener cabida. Las presuntas irregularidades no sólo se han dado en la provincia de Granada. El pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó una sentencia que obligaba a expulsar a 44 agentes que habían aprobado unas pruebas selectivas en Sevilla sin pasar el examen médico. El TSJA ordenó repetir esas oposiciones.