Este martes, las autoridades han procedido al derribo del asentamiento chabolista de Cortijo El Uno, ubicado en San Isidro, en el municipio de Níjar, en Almería. La operación se llevó a cabo después de que, en junio de 2023, sus habitantes recibieran una notificación de desalojo que fue ratificada la semana pasada. La ejecución del desalojo ha ocurrido cuando muchos de los residentes ya habían abandonado el lugar.El asentamiento, de menor tamaño en comparación con otros de la comarca, albergaba a personas que vivían en condiciones precarias desde hacía años. En el lugar habitaban, entre otros, nueve hombres, seis mujeres y seis niños en un almacén. También había casetas con diferentes configuraciones de personas y una zona de chabolas con otras 13 personas. La mayoría de los habitantes habían dejado el asentamiento antes del desalojo, buscando alternativas en casa de familiares o amigos, incluso fuera de la provincia. En total, unas 60 personas.[Estamos también en WhatsApp, en Telegram y en Bluesky. Síguenos] Durante la mañana del martes, los residentes restantes intentaron bloquear los accesos al asentamiento mediante barricadas improvisadas con bloques de hormigón. Sin embargo, una grúa municipal derribó estas barreras mientras la Guardia Civil y la Policía Local esperaban la llegada de la comitiva judicial, que accedió al lugar a las 09:40 horas, según lo programado. Una hora más tarde, la comitiva abandonó la zona mientras las palas mecánicas continuaban con el derribo de las chabolas. Los servicios sociales no estuvieron presentes en el operativo.Daniel Izuzquiza, director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en Almería, manifestó su preocupación por la situación, calificando el día como "muy triste" y expresando la incertidumbre de los afectados. "La gente está nerviosa, desgarrada, con mucha incertidumbre, sin saber dónde va", declaró, añadiendo que las soluciones que se están buscando son "precarias y provisionales". Las personas afectadas recurren a alternativas como los colchones o sillones ofrecidos por familiares, o incluso la posibilidad de reconstruir sus chabolas en otro lugar.Agentes de Guardia Civil, en el asentamiento de Níjar, en Almería. CARLOS BARBA/EFEEl SJM también destacó que, el lunes previo al desalojo, el Defensor del Pueblo Andaluz emitió una resolución urgente en la que instaba al Ayuntamiento de Níjar a elaborar informes de vulnerabilidad social y trasladarlos al juzgado. La resolución también reconocía la situación de "emergencia y desamparo" en la que se encontraban los menores en el asentamiento. A pesar de esta recomendación, el Ayuntamiento se amparó en la orden judicial y en la condición de "propiedad privada" para justificar su inacción.Izuzquiza criticó la actitud del consistorio, afirmando que "está haciendo dejación de sus funciones" en cuanto a la atención a las personas afectadas. Por otro lado, el portavoz de la plataforma Derecho a Techo, José García, recordó los episodios de xenofobia ocurridos hace 25 años en El Ejido, que se relacionaron con la situación de los trabajadores migrantes en la zona. García destacó que las promesas de planes de vivienda por parte de las empresas agrícolas y las administraciones no se han materializado, y los trabajadores siguen viviendo en condiciones de explotación.En este contexto, los migrantes que residían en el asentamiento denuncian la continua explotación laboral en las empresas agrícolas, a pesar de los compromisos de responsabilidad social de algunas de estas empresas. Se quejan de las condiciones de infravivienda y de la falta de alternativas para acceder a viviendas dignas en la zona. Las pintadas en el asentamiento, que contenían mensajes de protesta contra la explotación y las precarias condiciones de vivienda, reflejan el descontento de los afectados.La situación de los migrantes en Almería sigue siendo un tema complejo, con pocas opciones para acceder a un alojamiento digno. En el asentamiento de Cortijo El Uno, los residentes se veían obligados a recurrir a soluciones temporales mientras esperaban una respuesta por parte de las autoridades y las entidades encargadas de garantizar sus derechos.