Countries: Colombia, Venezuela (Bolivarian Republic of) Source: UN High Commissioner for Refugees BOGOTÁ – Un mes después del inicio de los desplazamientos masivos causados por enfrentamientos entre grupos armados no estatales en el Catatumbo, frontera de Colombia con Venezuela, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, llama al cese de la violencia contra la población civil y solicita el acceso humanitario sin restricciones a las poblaciones afectadas. Desde que existen datos oficiales, este es el mayor desplazamiento masivo en Colombia generado por un mismo hecho.Desde el pasado 16 de enero, los enfrentamientos han afectado a aproximadamente 80.000 personas. De ellas, más de 52.000 se vieron forzadas a huir de sus hogares y comunidades, principalmente hacia los municipios de Ocaña, Cúcuta, Tibú y Hacarí. Otras 19.000 personas han enfrentado restricciones a su libertad de movimiento, mientras que más de 8.600 permanecen en confinamiento sin posibilidad de desplazarse. Entre los afectados, hay más de 47.000 niñas, niños y adolescentes, así como al menos 4.600 personas refugiadas y migrantes venezolanas.ACNUR lidera el Equipo Local de Coordinación (ELC) que reúne actores humanitarios en la zona del Catatumbo y trabaja con ellos para apoyar a las comunidades, organizaciones e instituciones del Estado, brindando una respuesta de protección que salva vidas y busca soluciones para miles de personas desplazadas y confinadas.“Hacemos un llamado urgente al cese inmediato de la violencia contra la población civil, no sólo en el Catatumbo, sino también en otras regiones donde persisten situaciones similares. Es fundamental garantizar el acceso humanitario a las comunidades afectadas por restricciones y confinamientos”, afirmó Mireille Girard, Representante de ACNUR en Colombia.Además de coordinar la respuesta humanitaria en el Catatumbo, ACNUR ha brindado asistencia directa, incluyendo la distribución de más de 43.000 artículos de primera necesidad, como kits de albergue e higiene. También ha desplegado expertos en protección para apoyar a las instituciones locales y nacionales en el registro de la población, facilitando la identificación y atención de las necesidades más críticas.“Colombia cuenta con un marco legal sólido para responder a estas situaciones, pero la magnitud de los desplazamientos y confinamientos ha superado las capacidades de todos los actores humanitarios. Es necesario sumar esfuerzos para seguir apoyando a las comunidades, las instituciones y las organizaciones humanitarias en la respuesta”, subrayó Girard. Además, enfatizó la urgencia de garantizar la protección y el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes, así como la prevención de la explotación y el abuso sexual, y otras vulneraciones graves en el contexto del conflicto armado.Las organizaciones humanitarias que integran el ELC han distribuido agua y artículos de saneamiento e higiene, organizado alojamientos y albergues, garantizado el acceso a la educación y brindando asistencia en salud, seguridad alimentaria y nutrición. También han proporcionado apoyo a través de transferencias en efectivo a las poblaciones vulnerables.Según el monitoreo de ACNUR, otras zonas afectadas actualmente por el desplazamiento en Colombia incluyen el Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Bajo Cauca antioqueño, Nariño y la región del San Juan en el departamento del Chocó. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazamientos internos en el mundo, con un acumulado de 8,8 millones de personas desplazadas a lo largo de su historia de conflicto armado.A pesar de los esfuerzos humanitarios, el conflicto persiste y las necesidades en el Catatumbo siguen siendo urgentes. Se requiere medidas de protección para las personas desplazadas y los líderes comunitarios, así como albergue, asistencia alimentaria, agua potable, servicios de salud y acceso a la educación. También es fundamental fortalecer la atención psicosocial y la prevención de la violencia contra grupos vulnerables, especialmente para niñas, niños, adolescentes y mujeres en alojamientos temporales. Además, resulta prioritario garantizar la protección jurídica de las tierras abandonadas, con el fin de planificar retornos seguros y prevenir el despojo.Las restricciones a la movilidad y los confinamientos en el Catatumbo reflejan una tendencia en aumento en otras zonas del país, afectando gravemente los derechos de comunidades enteras. Estas situaciones están vinculadas a la persistencia del conflicto armado y al control territorial ejercido por grupos armados no estatales. Según el monitoreo de ACNUR, sólo en 2024, al menos 115.000 personas fueron afectadas por confinamiento en Colombia.Para más información sobre este tema, favor de contactar:En BogotáDaniel Salgar, salgaran@unhcr.org +57 315 4713919En Panamá:Luiz Fernando Godinho, ACNUR, godinho@unhcr.org +507 6356 0074