El fracaso de las políticas de vivienda en España en los últimos años es indiscutible. Los partidos que se turnan en el poder para acabar haciendo políticas muy similares, han gobernado siempre a cuatro años vista y en función de las necesidades políticas del partido en cada momento y así es imposible solventar problemas que necesitan ser planeados y ejecutados con tiempo y visión de futuro. El problema en Barcelona se acentúa por cuestiones físicas al ser una ciudad que no puede crecer, pero especialmente por cuestiones políticas. Por un lado, hemos tenido unos políticos regionales nefastos que durante 10 años se han dedicado a preparar un golpe de Estado dejando de lado los problemas reales de las personas. Por otro, Barcelona ha sido gobernada durante toda la democracia por la izquierda con la excepción de los cuatro años del separatista Trias. La puntilla la puso la llegada de Colau, una 'hooligan' antisistema que prometió construir 8.000 pisos y acabar con la falta de vivienda. Sus fórmulas mágicas fueron instaurar control de precios en el alquiler y la obligación de que toda nueva promoción tuviera un 30% de vivienda social. El resultado de esas políticas durante sus ocho años de mandato fue demoledor: el precio del alquiler subió un 70%, se construyeron 26 pisos de los 8.000 prometidos y Barcelona se convirtió en la capital europea de la okupación. Todo ese desaguisado tuvo dos responsables. Colau y el actual alcalde, Jaume Collboni, no olvidemos que eran socios y gobernaban juntos. La permisividad con la okupación comenzó cuando el alcalde Trias frenó el desalojo de Can Vies por presiones de los okupas y acabó pagando 65.000 euros de alquiler al año a otros okupas de Gracia, un despropósito. Desde entonces y aún más con la llegada de Colau, los okupas saben que tienen mucho poder en Barcelona, por eso nuestra ciudad es la que más pisos privados y más edificios públicos tiene okupados de toda España. Y por eso cada desokupación es un auténtico quebradero de cabeza, como ocurrió con el Kubo y la Ruina, que acabaron desalojándose por las presiones de Vox y sobre todo la de unos vecinos hartos de vivir una situación inexplicable en cualquier país serio. Con la casa Orsola hemos vuelto a ver como la presión vecinal, una vez más, provoca el cambio de planes del alcalde de turno. Esta vez no hablamos de okupas, pero sí de vecinos con contratos de alquiler vencidos que han conseguido, gracias a las movilizaciones, que el ayuntamiento actúe como una inmobiliaria y compre la finca por 9,2 millones de euros en lugar de destinar ese dinero para el acceso a la vivienda de quienes realmente lo necesitan. Collboni pasará a la historia por ser un alcalde más preocupado por tener buena prensa que por querer resolver los problemas de los barceloneses. Por mucho que te conviertas temporalmente en API, ceder al chantaje, solo lleva a que te vuelvan a chantajear. Gonzalo de Oro es presidente de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona