Con miras a garantizar que la plata de los bogotanos se use de manera correcta e impedir el paso a los famosos ‘carteles de la contratación’ que han sido famosos en años anteriores, Bogotá puso en marcha esta semana una nueva estrategia para fortalecer la lucha contra la corrupción, que funcionará de manera articulada con los gobiernos locales.A través de nuevas directrices establecidas por la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la Secretaría Jurídica Distrital, se la van a jugar de ahora en adelante por mejorar los procesos precontractuales en su fase de planeación y revisión de necesidades de la comunidad.Más información: Proyecciones económicas 2025: cada vez se acentúa más el optimismo moderadoAl respecto, Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno, explicó que con esto tambien quieren asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia y transparencia establecidos en la Constitución y en la Ley 80 de 1993.“Desde el inicio de la administración hemos sido implacables frente a cualquier mala práctica en la contratación de fondos de desarrollo local. Logramos reducir en 41 % el uso de contratos y convenios interadministrativos con entidades sin ánimo de lucro. Rompimos la tendencia creciente de ‘convenionitis’ que se venía presentando en las alcaldías”, indicó.Palacio LiévanoClaudia Rubio / EL TIEMPOEl Secretario de Gobierno agregó que “por instrucción del alcalde Mayor de Bogotá Carlos Fernando Galán, seguiremos dando buenos resultados en esta causa común. Actuamos con total firmeza e incentivamos las denuncias, públicas y anónimas, sobre cualquier irregularidad”, reiterando el llamado a trabajar conjuntamente con las alcaldías locales.Cabe recordar que en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, hay un objetivo estratégico enfocado en mejorar la relación entre las instituciones y la ciudadanía y como parte de esta estrategia, se implementó el programa “Gobierno Abierto, Íntegro, Transparente y Corresponsable”, cuyo propósito es garantizar la integridad y la rendición de cuentas en la gestión pública.“Uno de los ejes fundamentales de este plan es combatir esta problemática mediante un acompañamiento y seguimiento interno fortalecido, en colaboración con la ciudadanía. La administración local reconoce que la corrupción afecta la prestación de servicios, deteriora la calidad de vida y socava la confianza en las instituciones”, explicaron.Puede interesarle: Estos son los programas sociales del Gobierno nacional que asumió BogotáAhora bien, para enfrentar este problema, en el Distrito explicaron que la Directiva Conjunta establece lineamientos claros en los procesos de contratación, con énfasis en la planeación precontractual de convenios de asociación y colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro, así como con otras instituciones estatales con participación privada.“Dentro de las nuevas directrices, se estipula que los alcaldes locales deben remitir a la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local de la Secretaría Distrital de Gobierno los estudios y documentos previos de cualquier contratación que implique convenios de asociación y colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro y otras instituciones estatales con participación privada”, dijo Quintero.Han aumentado las relaciones laborales tanto directas como indirectas.Archivo particularNo obstante, hay que resaltar que esta documentación será sometida a un acompañamiento y revisión técnica, financiera y jurídica antes de su contratación, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios de eficiencia y selección objetiva.“Adicionalmente, la Directiva Conjunta vincula directamente a estos lineamientos a la Dirección de Contratación y la Unidad de Transparencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la Subsecretaría Jurídica Distrital”, manifestaron.Es importante destacar que este procedimiento no implica una aprobación formal de los contratos o convenios, sino una asesoría preventiva destinada a promover la transparencia y prevenir irregularidades en la gestión contractual; con el fin de garantizar que haya eficiencia administrativa y no dar tregua en la lucha contra la corrupción, “garantizando que los recursos públicos sean utilizados de manera óptima y en beneficio de la ciudadanía”.