El Tribunal Superior admite a trámite un recurso de la organización CONPYMES, que denuncia discriminación en la adjudicación de tres millones de euros a ATA y CEAJE por parte de la Comunidad de Madrid Archivo - El Supremo anula 30 millones en subvenciones directas a la patronal y UGT El Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite el recurso que la confederación CONPYMES, del sector de las pequeñas y medianas empresas, interpuso contra la concesión de hasta tres millones en subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid a asociaciones de autónomos y jóvenes empresarios miembros de la patronal CEOE. Los jueces han aceptado analizar esta concesión, que el pasado mes de marzo aprobó hasta tres millones de gasto público para que las dos agrupaciones se hagan cargo del asesoramiento a emprendedores y en materia de autoempleo. La confederación recurrente entiende que es una convocatoria discriminatoria. La Consejería de Economía de la administración que preside Isabel Díaz Ayuso publicó este plan estratégico de subvenciones el pasado mes de marzo. Hasta tres millones de euros, sujetos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de la Comunidad de Madrid, para que entre 2025 y 2026 la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), ambos asociados de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El dinero, explica la Orden ahora recurrida por CONPYMES, se destinará a que estas dos organizaciones se impliquen en dar formación y apoyo a “iniciativas generadoras de trabajo autónomo, constitución de entidades de economía social y la dinamización del desarrollo económico local, con especial atención a las necesidades específicas de las mujeres, jóvenes menores de treinta años y a municipios en riesgo de despoblación”. Asesoramiento, información y apoyo para “personas interesadas en promover su propio autoempleo o en emprender una actividad productiva que conlleve creación de empleo”. La Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), que representa a más de dos millones de estas empresas y autónomos en todo el país, presentó un recurso contra esta orden al entender que era una concesión “a dedo” de subvenciones que resultaba discriminatoria con “otras organizaciones empresariales que no pueden acceder a estas subvenciones en igualdad de oportunidades”. Los tribunales, explica CONPYMES, ya han anulado subvenciones directas para CEOE y el sindicato UGT por un valor de 30 millones por excluir a otros actores sociales en esta concesión directa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió admitir a trámite el recurso de CONPYMES a finales de mayo tras comprobar que su recurso cumple “los requisitos legales”. El primer movimiento de los jueces de lo contencioso-administrativo ha sido pedir el expediente completo a la Comunidad de Madrid y la sentencia sobre el fondo del asunto se conocerá en los próximos meses. José María Torres, presidente de CONPYMES, afirma tras conocer la admisión a trámite de su recurso que “la Administración Pública debe actuar sin preferencias ni discriminaciones, buscando el bien común y no actuando sin justificación y sin respetar lo expuesto en la Ley General de Subvenciones”. En declaraciones a elDiario.es, Torres asegura que esta convocatoria incumple “la Constitución y la ley de subvenciones”. Todo, explica, “se debería hacer por concurrencia competitiva”. Para el presidente de CONPYMES, ni ATA ni CEAJE son “agentes sociales” y “no tiene ningún sentido que no haya igualdad de oportunidades y que el resto de organizaciones no podamos concurrir también, no competimos en igualdad de oportunidades. La CEOE y sus asociados, añade, son ”las puertas giratorias del Partido Popular“. El antecedente del Supremo Desde CONPYMES apuntan a una sentencia del Tribunal Supremo que a principios de 2024 y tras otro recurso suyo tumbó más de 30 millones de euros en subvenciones directas a la CEOE, CEPYME y al sindicato UGT. Los jueces entendieron que esa normativa estatal de finales de 2022 no había justificado por qué se acudía a un sistema de concesión directa para estas ayudas destinadas a la digitalización del sector productivo. Lo correcto, reprochó entonces el Supremo que esta normativa de finales de 2022 no justificaba por qué se acudía a una concesión directa de estas subvenciones, pensadas para la digitalización del sector productivo, y no se abría un proceso ordinario con una convocatoria pública. La razón del estallido de la guerra en Ucrania, entendieron los jueces, “no tiene justificación en un momento en el que ya se da un desenvolvimiento ordinario de las actividades ciudadanas”. Desde la confederación empresarial recurrente entienden que estos argumentos son aplicables a la concesión directa de hasta tres millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid a ATA y CEAJE. “El Tribunal Supremo fue muy claro cuando dijo que ”no son los sindicatos de clase y la patronal los únicos interlocutores representativos, por lo que la idea de posición única carece de toda justificación“, explica CONPYMES.