El hasta este pasado miércoles conselleiro do Mar, Alfonso Villares, llevaba varios meses denunciado ante un juzgado de Ferrol. El caso por un supuesto delito contra la libertad sexual se remonta a hace aproximadamente medio año, durante el cual la jueza instructora de origen, según pudo confirmar Praza.gal, realizó diversas diligencias entre las que no pudo incluir la toma de declaración como investigado a Villares, dada su condición de aforado como miembro del Gobierno gallego.Donde sí declaró fue en la comisaría de Ferrol. Este extremo lo confirmó este jueves el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ratificando también que supo de la denuncia por el propio Villares hace unos cuatro meses, el pasado febrero, tras ese interrogatorio. Rueda, como la práctica totalidad de la dirección del PP y del Gobierno gallego, se centra desde el momento de la dimisión de Villares en defender su “inocencia”, mientras que los grupos de la actual oposición, BNG y PSdeG, ponen el foco en el tiempo en que el caso fue conocido en el seno del Ejecutivo, pero no revelado a la opinión pública del país.El aforamiento implica, como establece el Estatuto de Autonomía, que ante eventuales “actos delictivos cometidos en el territorio de Galicia”, los integrantes del Ejecutivo solo puedan ser imputados o procesados —y en su caso, juzgados— en el Tribunal Superior de Xustiza. Este es el motivo por el que el juzgado ferrolano trasladó el caso a la Sala de lo Civil y Penal del TSXG, que tras admitirlo a trámite ordenó diversas diligencias para seguir investigando, entre ellas la citación de Villares como investigado —antigua imputación—, que le fue notificada el martes de esta semana, día 3 de junio.La dimisión del popular como conselleiro implica, automáticamente, la pérdida del aforamiento. En línea con mandatos anteriores, Rueda propició al inicio de la legislatura la renuncia al escaño de todos los miembros del Gobierno que eran también parlamentarios electos, salvo dos, Diego Calvo y Román Rodríguez. De este modo, al no ser diputado Villares, no tuvo ante sí la disyuntiva de dimitir como conselleiro pero quedarse o no en el Parlamento.No existió una “renuncia al aforamiento” como tal, independiente de la propia dimisión. De este modo, su investigación regresa automáticamente al juzgado ferrolano, que deberá dictaminar si, llegado el momento, es o no procesado —propuesto para ser juzgado— o la cuestión queda archivada.Este es, sintéticamente, el trasfondo judicial e institucional de un caso con obvia repercusión política. Sobre todo, por la materia de la acusación, una denuncia por agresión sexual. Pero también por el hecho de que hay que remontarse al fraguismo para encontrar una dimisión de un conselleiro o conselleira que no fuese para ocupar otro puesto o por cambio de Gobierno o de legislatura.Desde el Gobierno gallego se defienden sin matices los tiempos de la dimisión y de la revelación del caso, en el momento de ratificarse la imputación. Pero la cúpula del Ejecutivo y del partido que lo sustenta van más allá para evidenciar la plena confianza en que Villares no cometió el delito por el que está investigado. Así, el presidente pide “celeridad en el proceso judicial” para que el ex-conselleiro pueda “defender su inocencia” y volver enseguida “a la vida pública” que ahora abandona. Este jueves, en la toma de posesión de la nueva conselleira do Mar, Marta Villaverde, el presidente evidenció ese apoyo a Villares a través de un abrazo en público.En un sentido similar, el conselleiro de la Presidencia, Diego Calvo, elogia “el paso dado” por Villares para “defender su inocencia” y “confía” en que “esta situación pueda resolverse con la máxima agilidad”. La titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, también tiene confianza en que “pueda demostrar su inocencia lo antes posible”. Su homóloga de Política Social e Igualdad, Fabiola García, pide “aclarar lo que sucedió” en un contexto en el que “en el plano personal” solo puede “tener buenas palabras para Alfonso como compañero”, también para la decisión de dimitir, que “le honra”.La misma línea argumental la sostuvo Paula Prado, secretaria general del PPdeG. Asegura confiar en que Alfonso Villares “pueda demostrar cuanto antes su inocencia y la situación se resuelva con la máxima agilidad”. La número dos de Rueda en el partido considera además “lamentable que algunos partidos políticos no respeten la presunción de inocencia y usen el caso como un arma política desde el primer minuto”.Con ese reproche, lanzado a través de las redes sociales, Prado se refería tanto al BNG como al PSdeG que, junto con una petición de respeto para la denunciante, exigieron “explicaciones” a Rueda. Sobre todo, para aclarar desde cuándo conocía la denuncia y por qué decidió no revelarla hasta la imputación.Al contrario que Rueda, la secretaria general y viceportavoz parlamentaria de los populares gallegos asegura que no supo del caso hasta ahora —“yo me enteré ayer”, dijo este jueves—, en el momento de la imputación por parte del Tribunal Superior. En conferencia de prensa confirmó, además, que el ex-conselleiro y exalcalde de Cervo, que era también hasta ahora miembro del comité ejecutivo del PPdeG y presidente de su comité electoral, solicitó la “baja temporal” de militancia en el PP, la cual fue aceptada.