El partido Izquierda Unida ha pedido públicamente al Ayuntamiento que se recvoque el convenio por el que se cedieron las instalaciones deportivas municipales del pabellón de Chapín a la empresa privada de FP Medac. La razón es que en 2021 esta empresa, de origen malagueño, fue comprada por KKR (Kohlberg Kravis Robert), un fondo proisraelí que "participa directamente en la promoción inmobiliaria en los territorios ocupados ilegalmente por Israel en Palestina y que se está lucrando con el genocidio del pueblo palestino".El portavoz de la formación en el pleno, Raúl Ruiz-Berdejo, llevará el asunto al próximo pleno municipal. "El fondo KKR, dueño del MEDAC, es cómplice de la limpieza étnica y está vulnerando los derechos humanos en Palestina", dice IU en una nota. Este fondo es el mismo que tiene intereses en muchos de vario grandes festivales de música del país. Cuando se conoció la noticia, varios grupos decidieron suspender sus actuaciones.Fue en marzo de 2019 cuando el gobierno local, liderado por el PSOE entonces, firmó el citado convenio. IU criticó entonces la decisión, "al igual que sucedió con la llegada del grupo empresarial Ilerna-Albor, por abrirle la puerta y facilitar la expansión de la Formación Profesional privada cuando la oferta pública de la Formación Profesional reglada es más que insuficiente, aún siendo muy demandada actualmente por la juventud". IU defiende que la Consejería de Desarrollo Educación y Formación Profesional junto al Ayuntamiento, tienen la capacidad de actuar de forma que tanto el alumnado como los trabajadores de este centro educativo no se vean afectados por la ruptura del convenio. "Es más, sería una oportunidad idónea para crear más plazas públicas de FP en nuestro municipio, favoreciendo así a la economía de las familias trabajadoras que se ven abocadas a realizar grandes esfuerzos económicos para la formación de sus hijos e hijas, y además reivindicando el compromiso y la apuesta real por la Educación Pública", dice el partido."Es grave"Para IU que una empresa como el MEDAC, o Albor, se beneficien de las instituciones públicas para fomentar y expandir la privatización de la Formación Profesional poniendo en jaque el derecho a la Educación "es grave, pero lo es aún más cuando empresas como el MEDAC, en manos proisraelís, vulneran los derechos humanos y son cómplices de un genocidio. Y desde el Ayuntamiento de Jerez no se debería mirar para otro lado y seguir permitiendo que nuestras instalaciones municipales estén en manos de una empresa que se lucra con un genocidio".Para IU, "el Derecho Internacional establece la obligación de los Gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. Y las sanciones internacionales se han convertido en un elemento fundamental en el ámbito de las relaciones internacionales contemporáneas".Este tipo de medidas son "coercitivas que se aplican contra Estados, entidades no estatales o individuos que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacional. En estos momentos, las organizaciones de derechos humanos, y organizaciones políticas como Izquierda Unida, están demandando un proceso firme de sanciones y embargos de bienes a los miembros del gobierno de Benjamin Netanyahu y a sus familias, así como a todas las empresas que, por activa o por pasiva, colaboran con el genocidio que está sufriendo la población palestina en la franja de Gaza".