El Gobierno tendrá que repetir el examen de las pensiones que acaba de hacer la Autoridad Fiscal (Airef) y que el pasado 31 de marzo arrojó que no hacía falta practicar un ajuste en el sistema. Lo hace por la presión de Bruselas para cumplir con las exigencias de los fondos europeos vinculados al plan de recuperación que se aprobó por la pandemia. Ahora se tendrá que afrontar de nuevo antes del 1 de junio del 2026: solo un año después de evaluarlas, cuando la ley decía que se abordaría cada tres años. El Gobierno lo ha incluido en un proyecto de real decreto que tendrá tramitación urgente y que en principio tardará unos tres meses en entrar en vigor. Además, se han quitado de este examen “adicional” las transferencias de impuestos que el Gobierno incorporó, como si fueran nuevos ingresos, para tratar de evitar un ajuste, según consta en el texto legal al que ha tenido acceso EL PAÍS y que ha entrado en audiencia pública. No obstante, según fuentes conocedoras, el Gobierno espera que no haga falta un ajuste subiendo cotizaciones, pues, aunque se han suprimido las transferencias, la mejora del PIB podría bastar para compensarlo. Seguir leyendo