La Audiencia de Sevilla entra esta semana en la fase final del juicio por la adjudicación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la empresa México-Minorbis. En la causa, que se ha prolongado durante más de cuatro meses, figuran dieciséis personas acusadas, en su mayoría funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía, aunque la Fiscalía no aprecia indicios de delito.La Sección Tercera ha reservado los días 7, 8, 9, 14 y 15 de julio para la exposición de las conclusiones definitivas y los informes finales por parte de las distintas acusaciones y defensas. Con cerca de cuarenta sesiones acumuladas, el juicio comenzó en marzo con la fase de cuestiones previas, en las que las defensas alegaron vulneración de derechos fundamentales y denunciaron las consecuencias personales y profesionales derivadas del proceso.Durante esa fase inicial, el Ministerio Público rechazó que se hubieran producido irregularidades en la instrucción y avaló la actuación de la jueza del Juzgado de Instrucción número 3, que en dos ocasiones solicitó el archivo de la causa. La Fiscalía ha mantenido desde entonces que no se ha acreditado la comisión de ningún delito en el procedimiento de adjudicación.Entre los acusados se encuentra Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), imputado por su etapa como secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta. También están procesados los empresarios Mario e Isidro López Magdaleno, además de varios técnicos que integraron la mesa de contratación y la comisión técnica encargada de evaluar las ofertas.El juicioDurante el juicio, Fernández ha sostenido que el proceso se desarrolló conforme a la legalidad y ha asegurado no haber intervenido ni influido en el desarrollo del concurso. Por su parte, la exdirectora general de Minas, María José Asensio, ha defendido que los integrantes de la mesa fueron designados siguiendo criterios normativos y que las decisiones se tomaron por unanimidad. Otros funcionarios de la Junta también han negado la existencia de irregularidades.La causa se inició en febrero de 2015 a raíz de una denuncia presentada por Emerita Resources España, una de las compañías que aspiraban a la concesión. La empresa denunciante señaló presuntas irregularidades como tráfico de influencias, prevaricación, malversación o fraude en la tramitación y resolución del expediente. Sin embargo, la Fiscalía no ha considerado probados tales hechos y ha reiterado su petición de archivo.