Los Protocolos de la Vergüenza impidieron la derivación a los hospitales de las personas mayores que vivían en residencias y tenían un deterioro físico o cognitivo, independientemente de que tuvieran o no covid. Sin embargo, la presunta denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios que investigan ahora dos juzgados de la Comunidad de Madrid no apunta sólo a esas órdenes. La macrodenuncia de la que parten ambas causas —una por denuncia de la Fiscalía y otra de particulares— apunta a que el abandono no sólo se produjo por la ausencia de traslado, sino porque tampoco les dieron alternativas para ser tratados si lo necesitaban durante aquellos meses de marzo y abril de 2020. No se les envió al hospital "milagro" de Ifema, ni a hospitales privados, ni se medicalizaron los centros de mayores. Y eso a pesar de que había un plan de choque que así lo indicaba, elaborado por Antonio Burgueño, que fue asesor sanitario para la Comunidad de Madrid durante aquellos meses y que este martes se sentará ante una jueza por primera vez para aclarar por qué no se puso en marcha.No lo hará solo. A partir de las 10 horas de la mañana están citados como testigos en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés otros dos nombres clave en lo que ocurrió en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria: Alberto Reyero, que entonces era consejero de Políticas Sociales, y Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la región. Junto a ellos acudirán las dos familiares querellantes, que se sentarán ante la jueza María Pilar Esteban Pellicer a partir de las 9 horas.La citación se conoció el pasado viernes, 30 de mayo, exactamente una semana después de que la justicia decidiera, por primera vez, imputar a ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el mismo delito: el de la denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria. Todo partía entonces, y ahora también, de una macrodenuncia que habían interpuesto 109 familiares de 115 residentes —111 de los cuales fallecieron entre los meses de marzo y abril de 2020— contra 29 personas, entre las que se encontraban, además de Burgueño, los dos ex directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño que redactaron, firmaron y enviaron los Protocolos de la Vergüenza, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo; y Pablo Busca, director del Summa 112 en el momento en el que ocurrieron los hechos.Mur y Peromingo han sido imputados en las dos causas abiertas hasta ahora por este delito, mientras que en la segunda lo han sido también Busca y un geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa de Leganés. En la primera lo fue además, por su parte, Burgueño, que estaba previsto que declarase como investigado el pasado 26 de mayo, pero la jueza Isabel Durántez decidió suspender y aplazar la sesión porque, según argumentó su defensa —igual que la de Mur y Peromingo—, no había recibido la totalidad del expediente y no había podido, por tanto, preparar su estrategia. La derecha y su aparato mediático, no obstante, no tardaron en poner en duda la profesionalidad de la titular del Juzgado número 3 de Madrid, a la que criticaron por formar parte de la "de la asociación izquierdista de Juezas y Jueces para la Democracia".Burgueño, al acudir este martes como testigo, está obligado ahora a decir la verdad y no tiene por qué hacerlo junto a un abogado, explica el letrado de las familias Carlos Castillo. Además, la posibilidad de que se aplace la declaración o de que no se produzca es mínima, puesto que los testigos no tienen que tener conocimiento de la totalidad de la causa. "Tendrá que explicar cuál fue su función desde que le llamaron para asesorar al Gobierno y le preguntaremos si existe algún documento o prueba de aquel plan de choque, así como los motivos por los cuales no lo llevó a cabo", añade Castillo. "Esperamos que diga la verdad y cuáles fueron las medidas que nunca llegaron a llevarse a cabo", señala Carmen López, de Marea de Residencias. Burgueño tiene un largo historial en la sanidad madrileña. Fue director general de Hospitales cuando la conservadora Esperanza Aguirre estaba al frente de la Comunidad. Impulsó el llamado modelo Alzira o PPP (partenariado público-privado), un sistema por el que la Administración que oferta las concesiones cede a una Unión Temporal de Empresas (UTE) la financiación, construcción y gestión de un hospital. Aunque la titularidad sigue siendo pública, estas compañías se encargan de todo y contratan incluso al personal sanitario. A cambio, la Administración les paga una cantidad por paciente al año y el excedente queda en manos de estas concesionarias. En otras palabras: fue el ideólogo de una de las fórmulas por las que se ha privatizado la sanidad madrileña. Según contó él mismo, primero en una entrevista en El País y luego en una comparecencia en la breve comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre lo ocurrido en las residencias, el 10 de marzo de 2020 recibió la llamada de la presidenta Ayuso para asistir a una reunión en la que debía dar su "opinión" sobre la "situación" que el SARS-CoV-2 había generado hasta entonces. En aquel encuentro estuvieron presentes, dijo en la Cámara autonómica, el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. "Dije que había que hacer un plan y me comprometí a llevar al día siguiente un papel", explicó ante las preguntas de la diputada de Unidas Podemos Paloma García. En el documento, según aseguró también, se incluyeron "270 puntos", de los cuales "unos diez o quince se referían a la actuación de las residencias". Y no usó en aquella ocasión por primera vez la palabra "medicalización". Empleó el término mucho antes, cuando como director general de Hospitales intuyó "que el sistema de residencias en España adolecía de cobertura sanitaria de primaria", afirmó en la comisión. Por eso "una de las medidas era cómo y de qué manera podría tratarse que los médicos de primaria pudieran atender" dentro de los geriátricos. Algo que, confesó, no se hizo en ningún sitio. "La medicalización de las residencias no se llevó a cabo. [...] No ha pasado solo en la Comunidad de Madrid, sino en las 17 comunidades autónomas. Mi plan era medicalizarlas con los tres mil y pico médicos de atención primaria en la Comunidad, pero ellos no fueron (a las residencias). La atención primaria en España dejó a los enfermos mayores abandonados", dijo en El País. Según los datos que contiene la macrodenuncia presentada por el centenar de familiares en el mes de octubre —y que proceden del Portal de Transparencia—, el Gobierno regional no envió a ningún sanitario en el mes de marzo a las residencias, y en abril sólo a 29 médicos y 25 enfermeros, lo que supuso un refuerzo de un facultativo por cada 1.662 residentes.Según desveló El País, el 26 de marzo el propio Mur encargó la medicalización de los geriátricos a la hija de Burgueño, Encarnación Burgueño, que no tenía ningún cargo público y que cuenta con la titulación de auxiliar de enfermería y varios "cursos", según su propio testimonio. Un plan denominado Operación Bicho y que consistió en subcontratar a una empresa de ambulancias privadas, Transamed, para que visitase los centros. El dueño de la compañía, cuando compareció en la comisión de investigación de la Asamblea, admitió la absoluta carencia de medios con la que había trabajado y confesó que en los doce días que duró aquella operación le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitó.Para Reyero será esta la cuarta declaración como testigo ante un juez. Las tres primeras ocasiones fueron en 2023: en marzo, en junio y en noviembre. La postura ha sido siempre la misma: el Protocolo de la Vergüenza nunca fue un borrador, como ha defendido siempre —y sigue haciéndolo— la Comunidad de Madrid. Al revés, existió y tuvo consecuencias. Y lo mismo dirá este martes, según señala en conversación con infoLibre. "La discriminación existió y eso lo he defendido siempre. Otra cosa es que los jueces lo consideren delito, porque la calificación jurídica les corresponde a ellos", explica, desde el otro lado del teléfono. "Como consejero entendí lo mismo que entiendo ahora: que unos protocolos que proceden de la Consejería de Sanidad y que se elaboran en plena pandemia tienen que seguirse. Escudarse en que eran recomendaciones no tiene sentido", insiste. Es lo que sin embargo ha tratado de defender el equipo de Ayuso durante estos cinco años. La última vez que lo hizo la propia presidenta fue el pasado 24 de marzo, durante un desayuno informativo con Europa Press en el que criticó que se hable "a toro pasado" de lo ocurrido en las residencias que, por otro lado, fue "anecdótico". "Extraer a toro pasado lo que dijo el primo del amigo en un momento, en una noche, lo que pasó en una residencia de una manera anecdótica, me parece horrible", señaló en concreto. Más allá de los protocolos, Reyero también narró ante el juez que no se utilizaron otras alternativas para atender a las personas mayores que vivían en residencias. Mientras que en Ifema murieron 16 personas, en las residencias fallecieron más de 5.000", dijo en el mes de marzo. Según la información adelantada en su día por infoLibre, a Ifema sólo se trasladó a 23 residentes de dos centros con síntomas leves; a los hospitales medicalizados no llegó ningún anciano procedente de geriátricos.Tampoco fueron tratados en hospitales privados. A no ser, eso sí, que dispusieran de un seguro privado. Para ello acudirá este martes también como testigo Juan Abarca, que en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid confirmó que a los centros privados no les llegó ningún protocolo que impidiera las derivaciones. "No hicimos discriminación por edad ni por ningún tipo de motivos", señaló en la Cámara autonómica. El 12 de marzo, el Ejecutivo de Ayuso ordenó la creación de un mando único bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad —en manos entonces de Enrique Ruiz Escudero—, que aglutinaba a los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados.