La ponencia sobre la ley de amnistía ya está en manos de los jueces del Tribunal Constitucional. Avala la mayoría del texto y, especialmente, no toca el núcleo central de la norma aprobada por el PSOE y sus socios de investidura en el Congreso frente a los ataques furibundos de la oposición, que presentó un recurso para tumbarla.La ley de amnistía fue una de las exigencias principales por parte de los grupos independentistas para dar su voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones de julio de 2023. El Gobierno, desde entonces, defendió este texto como una vía para culminar la hoja de ruta para la normalización política y social en Cataluña después de una década de enfrentamientos que tuvieron su máxima expresión en el referéndum del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia acordada por el Parlament.En el Gobierno hay satisfacción por ese aval a la ley, que previsiblemente se concretará en el Pleno del Constitucional que se celebrará durante los últimos días del mes, pero, especialmente, se señala que la norma ha contribuido de manera notable a cerrar heridas y a dar una solución política a una situación que no supieron resolver durante sus mandatos el Partido Popular en La Moncloa y el independentismo en el Palau de la Generalitat.Como señala una fuente del Gobierno: “Un año después de su aprobación, ya ni el PP pregunta en las sesiones de control por la ley y nadie cuestiona que la situación en Cataluña está mucho mejor”. De hecho, creen en el Ejecutivo y en el PSOE que ese “encaje” catalán se ha conseguido con distintos factores, desde medidas como los indultos y la ley de amnistía hasta la victoria de Salvador Illa en las elecciones autonómicas pasando por iniciativas como el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y su defensa ante las instituciones europeas.Desde el Partido Popular se ha hablado de nuevo de la ley como algo “inmoral”, como señaló su portavoz, Borja Sémper, en tanto que la ‘número dos’ de los conservadores, Cuca Gamarra, indicó que esa ponencia es un motivo más para salir a manifestarse contra el ‘sanchismo’ el próximo sábado: "Así empezó esta legislatura, amnistiando a delincuentes para acabar en estos momentos persiguiendo, por parte del Gobierno, a aquellos que persiguen a los delincuentes". Asimismo Vox denunció que, en su opinión, el Constitucional está “mutando” la Carta Magna y apuntó también que el PP pactó con el PSOE la composición del mismo: "No se puede decir que el Gobierno es una mafia y, a la vez, llegar a acuerdos con esa mafia".Hay un dato que ponen sobre la mesa en el PSOE: sólo el 38% de los catalanes quiere hoy la independencia (el mínimo histórico de la serie), según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (el CIS de la Generalitat). Además, el 54% de los ciudadanos de esa comunidad está en contra de la soberanía (lo que también supone el dato más alto en la última década). Ese estudio deja el dato de que la mayoría de los catalanes (un 53%) aprueba las medidas del Gobierno central para reconducir el conflicto políticos, mientras que el 40% se opone a ellas. Se impone como situación predilecta de Cataluña ser una comunidad autónoma (36%), por encima del Estado independiente (28%), un Estado dentro de una España Federal (22%) y una región de España (8%). Otra de las realidades que refleja el barómetro es que la relación entre Cataluña y España ha dejado de ser una de las preocupaciones para los ciudadanos de esta comunidad, que sitúan esta cuestión en octavo lugar (sólo citado por un 5%). Ahora mismo, la sociedad catalana está mucho más preocupada por la vivienda, la inmigración, la insatisfacción con la política, la economía, la sanidad y la precariedad laboral. Para el conjunto de los españoles, la independencia de Cataluña solo representa el problema número 47, según la última encuesta publicada en mayo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).El actual Parlament, surgido de las elecciones del año pasado, muestra una composición novedosa: por primera vez no existe una mayoría de diputados pertenecientes a fuerzas soberanistas. La Presidencia de la Generalitat recae en Salvador Illa, que se ha marcado como gran lema el “Cataluña ha vuelto”, tanto en presencia institucional como en recuperación económica. El también líder del PSC ha querido trasladar esa idea con gestos como la vuelta del máximo representante de la comunidad a los actos del 12-O en Madrid o acudiendo a las audiencias con el rey al Palacio de la Zarzuela.Otro gesto simbólico se producirá este viernes cuando Barcelona se convertirá en la sede de la Conferencia de Presidentes, el órgano que reúne al jefe del Ejecutivo junto a los líderes autonómicos (una iniciativa que surgió en la época de José Luis Rodríguez Zapatero para dar más calado al diálogo multilateral y territorial). Hasta allí acudirá también el rey Felipe VI para saludar a los dirigentes políticos en el Palacio de Pedralbes, aunque el PP sopesa la posibilidad de dar algún plantón al Ejecutivo al no estar de acuerdo con el orden del día planteado por el momento por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres.Cataluña se ha convertido, además, en el principal motor de votos para Pedro Sánchez. En las últimas elecciones generales, el PSC logró un gran resultado con hasta 19 escaños en el Congreso de los Diputados (siendo clave para que la izquierda aguantara en La Moncloa). Esa victoria en Cataluña podría ampliarse, según la propia encuesta del CEO, que da a los socialistas incluso 21 escaños si hubiera comicios anticipados. Después estarían ERC (7-8), Junts (6-8) y el PP (5-7). En el caso de unas urnas autonómicas, Illa volvería a ganar, mejorando su resultado con una horquilla entre 41 y 43 asientos en el Parque de la Ciutadella, mientras los de Carles Puigdemont seguirían en segunda posición, pero bajando a 27-29 asientos por el trasvase de votos hacia la ultraderecha de Aliança Catalana.La noticia sobre la ponencia que avala la mayoría de la ley de amnistía llega un año después de la aprobación de la ley y con la legislatura rozando su ecuador. A pesar de la ponencia, no está garantizado que se aplique a Carles Puigdemont, ya que dependerá del Tribunal Supremo y su interpretación sobre la malversación. El apoyo de Junts es primordial para que pueda seguir adelante el Gobierno de coalición. A pesar de la presión también que ejerce durante estos días el PP con una manifestación este sábado, en La Moncloa y en Ferraz descartan anticipar elecciones y mantienen su intención de llegar hasta 2027.