La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) expresó su preocupación por los efectos del Decreto 0572 del 28 de mayo de 2025, el cual modifica las tarifas de autorretención en la fuente para diversas actividades económicas.(Lea: El 80% de trabajadores de la construcción reportaron enfermedades respiratorias )Según el gremio, las nuevas disposiciones impactan directamente al sector inmobiliario, en particular a quienes se dedican al corretaje, la administración de inmuebles y los servicios profesionales relacionados.La norma establece un incremento en la tarifa de autorretención en la fuente para las actividades clasificadas bajo el código CIIU 6820, que incluye las actividades inmobiliarias por retribución o contrato. A partir del 1 de junio de 2025, la tarifa pasa del 1,1 % al 3,5 %. Este ajuste genera una mayor carga tributaria anticipada que, de acuerdo con Fedelonjas, podría afectar la liquidez de pequeñas y medianas empresas, así como de profesionales independientes del sector.(Vea: Puerto Antioquia entra en su fase final y busca revolucionar la logística nacional)“El aumento en la autorretención impacta la operación diaria de las empresas inmobiliarias, al reducir su capacidad de maniobra financiera y requerir modificaciones en sus sistemas de facturación, tarifas y comisiones”, señaló Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas. Además, agregó que la medida puede provocar “desequilibrios en la formalización del sector, al aumentar el incentivo para operar informalmente”.Mario Ramírez, presidente de FedelonjasCortesíaUna segunda modificación introducida por el decreto afecta el artículo 1.2.4.7.5 del Decreto 1625 de 2016, al reducir el valor exento de retención en la fuente del 2,5 % para la venta de viviendas. Esto significa que más operaciones residenciales quedarán sujetas a retención al momento de la escritura pública. En opinión del gremio, esta disposición podría ralentizar el mercado de vivienda No VIS, especialmente en los estratos medio y alto, e incrementar la carga operativa para notarías y fiduciarias, que deberán aplicar los nuevos criterios de forma precisa.(Lea también: Procuraduría realizó visita técnica a Aerocafé y continuará vigilancia del proyecto)“Invitamos a todos los actores a revisar su situación tributaria y ajustar sus procesos contables y comerciales. Así mismo, continuaremos el diálogo con las autoridades competentes para mitigar los efectos adversos y buscar mecanismos de alivio que promuevan la formalidad y sostenibilidad del sector”, manifestó Ramírez.Según Fedelonjas, uno de los principales retos será el manejo de saldos a favor en renta derivados del incremento en las autorretenciones. Las empresas deberán presentar solicitudes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), lo cual implicará trámites adicionales. Además, podrían requerirse ajustes en los contratos y una revisión detallada de los flujos financieros para anticipar los efectos tributarios.(Vea: Gobierno gira $1,3 billones para saldar deudas con contratistas del Invías)Sector inmobiliarioiStockFedelonjas solicitó la revocatoria del decreto y aseguró que se suma a las preocupaciones expresadas por empresarios, líderes gremiales y expertos tributaristas, quienes advierten sobre los posibles efectos de la medida sobre el crecimiento económico del país. La organización reiteró su disposición para acompañar a sus afiliados en la implementación de los cambios normativos.(Vea: UNGRD ordena reanudar obras en La Mojana y niega haber autorizado su suspensión)“El sector inmobiliario necesita reglas claras y sostenibles que permitan su desarrollo en un entorno formal. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que las decisiones tributarias no afecten de manera desproporcionada a quienes operan dentro de la legalidad”, concluyó Ramírez.Fedelonjas hizo un llamado a los actores del sector para que revisen su código CIIU, ajusten sus contratos comerciales e informen adecuadamente a compradores, vendedores y aliados estratégicos sobre las modificaciones tributarias. También recomendó capacitar al personal contable y jurídico para asegurar una correcta aplicación de las nuevas disposiciones y anticipar su impacto en la declaración de renta.(Lea también: Tormenta solar afectaría itinerarios de vuelos en Colombia)