El ciudadano de una democracia occidental mínimamente operativa cuenta con suficientes criterios de valoración para juzgar el estado de su país y sacar sus conclusiones. La libertad de prensa, la participación política y el debate social permiten la creación de una opinión pública que, ante todo, es un signo de identidad de la democracia, entendida como un mecanismo de control y juicio sobre el ejercicio de los poderes constitucionales. Desde esta perspectiva, puede decirse que la opinión de los españoles, recogida en un macroestudio de GAD3 ofrecido por ABC a sus lectores durante este fin de semana , refleja el estado de una legislatura completamente agotada. Solo la inercia de unos apoyos mercantilizados de los socios nacionalistas mantiene a Pedro Sánchez en el poder. Fuera de este resultado meramente aritmético, los españoles muestran preocupación y hastío, pero también una capacidad de discernimiento sobre las responsabilidades políticas y lo que esperan del Ejecutivo y de la oposición. Ahora bien, entre los numerosos y detallados datos del estudio de GAD3, destaca un juicio ciudadano muy crítico con el balance de los últimos cinco años de gobierno, porque los grandes parámetros de la confianza ciudadana han empeorado significativamente. La percepción de los españoles sobre vivienda, empleo, servicios públicos, seguridad ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción, imagen exterior y situación política es muy negativa. La situación económica tampoco se libra de un juicio mayoritariamente adverso, si bien no recibe la peor de las valoraciones ciudadanas, sea fruto de la política de subvenciones o de un sentimiento real de mejora, que no resultaría muy coherente con la preocupación muy extendida por el empleo. Ese discernimiento ciudadano, que descalifica los análisis simplistas sobre la evolución de la opinión pública, se muestra claramente en el capítulo de responsabilidades políticas. Los encuestados no dudan en responsabilizar al Gobierno central por la gestión de los fallos en la red ferroviaria, de la situación en el aeropuerto de Barajas o de los escándalos de corrupción, pero en el caso de la dana señalan con igual contundencia al Ejecutivo valenciano de Carlos Mazón. Por su parte, Sánchez no tiene la comprensión de los ciudadanos, quienes no dudan, por abrumadora mayoría, de que conocía las irregularidades en la contratación de su hermano por la Diputación de Badajoz. El reproche al PSOE y al Gobierno se mantiene por el aforamiento del extremeño Gallardo, las críticas a los jueces y el caso de la 'fontanera' Leire Díez. La conclusión es que el 86 por ciento de los ciudadanos reclaman responsabilidades políticas por los escándalos de corrupción que cercan a Ferraz y Moncloa. Para un Gobierno que nació bajo el eslogan de la regeneración ética frente a la corrupción del PP, este veredicto popular es una condena política. La consecuencia de este conjunto de valoraciones es que la polarización de bloques está asentada y que se ha consolidado una clara mayoría por el cambio político, en la medida en que la suma de PP, Vox y UPN alcanzaría los 194 diputados, frente a los 171 de hace dos años, mientras la de PSOE, Sumar y Podemos quedaría en 126, por los 152 de las últimas elecciones generales. Una diferencia de 42 escaños que, a estas alturas del mandato y con un horizonte aún peor para el Gobierno, parece difícilmente reversible.