"Son ya nuestros viernes blancos", reconoce a infoLibre Carmen López de Marea de Residencias. Con estas palabras hace referencia a que por segunda semana consecutiva se ha producido una imputación de ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, algo que cerca aún más a los presuntos responsables de las muertes en residencias durante la pandemia. "Es una buena noticia que otro juzgado se sume a investigar lo que sucedió en estos centros durante el covid", asegura Alejandra Jacinto, una de los tres abogados de las asociaciones de víctimas. Más de cinco años después de que se aprobase en marzo de 2020 el ya conocido como Protocolo de la Vergüenza, que impedía trasladar a los hospital desde las residencias a las personas con mayor grado de dependencia física o con mayor deterioro cognitivo, la justicia sigue dando pasos para arrojar algo de luz ante la ilusión de unos familiares que llevan un lustro de lucha en las calles, en las instituciones y en los tribunales, y que ven con esperanza esta nueva fase judicial.Una nueva fase que se inició hace justo siete días. El pasado viernes 23 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid imputó por primera vez a tres ex altos cargos del Gobierno Ayuso. Una semana después, es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Leganés el que mueve ficha y abre una segunda causa judicial contra dos de ellos: Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes fueran directores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad y autor y firmante del Protocolo de la Vergüenza desvelado por infoLibre. Durante ese periodo, solo entre marzo y abril, 7291 personas fallecieron en los centros de mayores de la región sin asistencia sanitaria, ni fuera ni dentro del geriátrico.En total, tal y como explica Carmen López, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. La gran mayoría proceden de la macrodenuncia que 109 familiares presentaron el pasado mes de octubre ante la fiscal superior Almudena Lastra, aunque no todas se han podido materializar por diferentes motivos. A ellas se suman otras cinco querellas presentadas de forma independiente para evitar una prescripción que, en muchos casos, era inminente.Tanto Carlos Castillo como Alejandra Jacinto, que forman parte del equipo de la acusación junto a Eduardo Ranz, en conversación con infoLibre coinciden en que es probable que muchos más juzgados actúen de forma similar y sigan el ejemplo de Madrid y Leganés. "No es descartable que se vaya produciendo a cuentagotas nuevas imputaciones", apunta Jacinto. La duda a estas alturas del equipo jurídico de la acusación es si habrá un proceso de unidad de todas las denuncias y que confluyan en una misma causa o si seguirán individualmente. Por ahora, lo que se sabe es que la causa que se abre ahora en Leganés es una de esas cinco denuncias independientes interpuesta por dos familiares en el mes de noviembre. Se trata, por tanto, de una causa nueva y han provocado que el próximo 17 de junio Mur y Permingo estén citados a declarar como imputados. Junto a ellos, también acudirán como imputados el director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.Según detalla Marea de Residencias en una nota de prensa, el juzgado de Leganés imputa a Carlos Mur por ser el responsable de firmar digitalmente las cuatro versiones del Protocolo de la Vergüenza —los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, como desveló infoLibre—, además del ser el encargado de enviarlo a altos cargos de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. Por su parte, Francisco Javier Martínez Peromingo fue el autor de otro protocolo clínico que complementó al primero y que establecía instrucciones a las residencias para solicitar la hospitalización, como el índice de Barthel y la escala GDS, que sirve para medir la demencia. Era este el documento que sirvió, en cierto modo, de barrera para la derivación.Si finalmente declaran como imputados el 17 de junio será la primera vez que lo hagan por las muertes en residencias. El pasado lunes, sus defensas lograron un aplazamiento de la declaración en Plaza de Castilla alegando que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente y que, por tanto, no habían tenido tiempo para preparar su defensa. La próxima fecha quedó pendiente de determinarse, aunque las acusaciones esperan que sea "antes de verano"."El planteamiento de no declarar el lunes fue una maniobra dilatoria y absurda. No van a conseguir que prescriba. Es aplazar lo inaplazable", reconoce Jacinto. Eso sí, la abogada no se atreve a adelantar si intentarán repetir la jugada el próximo día 17: "No sabemos por dónde va a salir". Tanto Marea de Residencias como 7291 Verdad y Justicia ya apuntaron, tras las primeras imputaciones, que la posible responsabilidad penal y política no se ciñe exclusivamente a Mur y Peromingo. Ambas asociaciones solicitan, en línea con lo que ya indicaron en su macrodenuncia, que se extienda la investigación hacia la posible investigación de quien fuera el consejero de Sanidad en lo peor de la pandemia, Enrique Ruiz Escudero, y la propia Isabel Díaz Ayuso. "No es entendible que altos cargos de la consejería tomasen este tipo de decisiones por su cuenta y riesgo", asegura Alejandra Jacinto que señala que "no es descartable que pueda imputarse" al exconsejero. En estos momentos, Ruiz Escudero es senador por designación de la Asamblea de Madrid, por lo que está aforado y tendría que asumir su causa el Tribunal Supremo. Actualmente, Mur trabaja como psiquiatra en el servicio de salud de Andorra y Peromingo es jefe de Geriatría en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, un hospital del Grupo Quirón.Por su parte, la imputación del entonces director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza, se produce porque las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad: dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos y sólo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace. Y, por ello, la cuarta imputada es la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, responsable de aplicar los protocolos en este centro público. El juez deja fuera en esta ocasión a Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como "asesor principal" de Ayuso para la lucha contra la pandemia, y que sí fue citado como imputado en la causa que lleva el juzgado de Plaza de Castilla. En cambio, el que fuera encargado de elaborar un plan de medicalización de geriátricos que jamás se produjo está llamado ahora para declarar como testigo en esta causa. Y eso a pesar de que sería el único que habría cometido presuntamente el delito como "particular vinculado a un servicio público", puesto que las otras 28 personas lo habrían hecho como funcionarios. Actualmente la información publicada por él mismo señala que sigue siendo consultor sanitario y ha participado recientemente en un programa del canal de televisión ultra El Toro TV.Burgueño declarará en esta causa el próximo martes 3 de junio. No será el único. Ese mismo día también está citado como testigo Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia y que, desde el primer momento, denunció la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias. Será la cuarta vez que acuda ante un juez para explicar qué sucedió en las residencias madrileñas. Las tres primeras ocasiones fueron en 2023: en marzo, en junio y en noviembre. La postura ha sido siempre la misma: el Protocolo de la Vergüenza nunca fue un borrador, como ha defendido siempre —y sigue haciéndolo— la Comunidad de Madrid, existió y tuvo consecuencias. Y lo mismo prácticamente repetirá el próximo martes en el juzgado de Leganés. "Voy a contar lo mismo que llevo contando los últimos cinco años. Es una comparecencia muy reiterativa", confiesa en conversación con infoLibre.También testificará el 3 de junio Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid, y las dos querellantes familiares de las víctimas.Con dos fechas marcadas ya en rojo para los familiares de las víctimas de residencias y a la espera de conocer cuándo será la declaración en Plaza de Castilla, lo que está claro es que estas dos nuevas imputaciones de ex altos cargo de Ayuso acorralan al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y así lo apuntó el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que señaló que la justicia está "cercando" a la líder regional por su gestión "inhumana" y "negligente" de las residencias durante la pandemia. Aunque desde la Puerta del Sol no lo ven así. Es más, este mismo viernes, después de conocerse las nuevas imputaciones, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, volvió a sacar el argumentario para el tema de las residencias. Vaticina que las dos causas volverán a ser archivadas, que no hay "ninguna novedad", que no había ningún protocolo y que el Ejecutivo regional y sus profesionales "lo hicieron bien durante la pandemia". "Cuando dicen que se van a cerrar, ¿por qué lo dicen? ¿Ya han hablado con el juez o tienen una bolita de cristal?", asegura Carmen López. Además, el portavoz de Ayuso volvió a atacar a las víctimas asegurando que "la izquierda" miente porque sí que existieron "más de 11.000 derivaciones" de residencias a hospitales y que "quieren volver a utilizar el dolor de las familias, retorcerlo para utilizarlo políticamente, porque no tienen argumentos". Desde Marea de Residencias recuerdan al portavoz que ellos no son la izquierda: "Somos un movimiento social que surge antes de la pandemia para luchar por unas residencias públicas de calidad gobierne quien gobierne. Les puede parecer que somos de izquierdas porque luchamos por lo público, pero no estamos adscritos a ningún partido".Con respecto al tema del dolor de las víctimas, una carta que siempre saca a colación el Gobierno de Ayuso, Carmen López insiste en que es "su" dolor y que ella lo utiliza como quiere. "Nadie nos puede decir cuándo vamos a pasar página, lo decidiremos nosotros. Por desgracia para ellos, no vamos a dejar pasar este duelo sin que se diriman responsabilidades", asegura. Ya el viernes pasado, Ayuso señaló que estas imputaciones responden a "un cambio de criterio" de la Fiscalía porque la causa estaba "archivada desde hace tres años". "Lo que debería hacer la Comunidad de Madrid es informarse bien", señala Jacinto que, insiste, preguntada por estas declaraciones de Ayuso, que ambas causas responden a un delito que no se ha investigado. Para Marea de Residencias, todas estas declaraciones y su actitud con respecto a la gestión de las residencias deja al Gobierno regional "a la altura del betún": "Parecen gobernantes de un país bananero, como diría la propia Ayuso". Aunque, a Carmen López ya no le extraña este comportamiento porque ha sido así "desde el primer momento" y recuerda que "cerraron con los votos del Vox la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid".