Fue en Guildhall, la sede histórica del Ayuntamiento de Londres, donde la reina Isabel II de Inglaterra, ya fallecida, pronunció su famoso discurso el 24 de noviembre de 1992, en el marco de los actos por el 40 aniversario de su coronación. Pero la reina no tenía nada que celebrar ese año, que calificó en latín como "annus horribilis". Cuatro días antes un incendio había destruido parte del castillo de Windsor y dos de sus hijos, el príncipe Andrés y la princesa Ana, se divorciaron de sus cónyuges. El entonces heredero, Carlos, ya vivía separado de su esposa Diana, Lady Di, que había colaborado en la publicación de una biografía autorizada en la que daba cientos de detalles morbosos de la familia real y de sus problemas de pareja y las infidelidades del actual rey con la que hoy es su esposa, la reina Camila.No ha sido un periodo tan prolongado y las malas noticias no afectan al ámbito social o familiar. Solo al judicial. Pero la semana que está a punto de concluir ha estado trufada de decepciones en los tribunales para Alberto González Amador. El novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) ha comprobado cómo su propio abogado fiscalista desmentía en el Tribunal Supremo la versión sobre su confesión de los dos delitos contra la Hacienda Pública que le achaca la Agencia Tributaria y la Fiscalía que él había dado días antes ante el Alto Tribunal. El comisionista sanitario, además, ha sido procesado por esos delitos fiscales y el de falsedad en documento mercantil en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, lo que le acerca peligrosamente al banquillo de los acusados. Por último, la Sala de lo Civil del Supremo ha archivado la demanda que presentó contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por llamarlo "defraudador confeso", por lo que no obtendrá la indemnización que reclamaba. El mismo camino seguirán, previsiblemente las reclamaciones presentadas contra Pedro Sánchez, el ministro Félix Bolaños o el periodista Xabier Fortes por usar ese mismo calificativo. El pasado 23 de mayo, a petición del fiscal general del Estado, González Amador tuvo que declarar como testigo en la causa que se sigue contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos de la que el instructor, el magistrado Ángel Hurtado, no ha encontrado hasta el momento una sola prueba. Ante Hurtado, las acusaciones y las defensas, el novio de Ayuso dijo algo sorprendente: que en la causa que se sigue contra él en los juzgados de Madrid, el correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales para evitar posibles penas de cárcel, lo redactó y envió su abogado sin su consentimiento. "Jamás tuve conocimiento de ese correo, jamás, pero es que es peor, jamás participé en ese correo, jamás me preguntó el señor Neira si el contenido del correo me parecía bien o mal. No me consultaron, o sea, no he tenido copia de ese correo", dijo dejando a su defensor a los pies de los caballos.De ser cierto lo declarado por su cliente, Carlos Neira hubiera demostrado una falta de profesionalidad inaudita: abrir la posibilidad de que su cliente fuera condenado por dos delitos y a pagar una cantidad superior al medio millón de euros. Actuar sin permiso del cliente o en contra de su voluntad es una falta grave recogida en el Estatuto General de la Abogacía que puede comportar la suspensión del ejercicio profesional por un período de hasta un año. Pero durante la declaración de González Amador ya hubo indicios de que, en realidad, no estaba diciendo la verdad. El instructor, Ángel Hurtado, le preguntó si después de que hubiera actuado a sus espaldas, seguía confiando en Neira. El novio de Ayuso respondió que sí. En dos ocasiones.El martes fue Neira el que tuvo que declarar como testigo dejando en muy mala posición a su cliente. Ante Hurtado, desmintió al comisionista, al asegurar que, dos días antes de enviar el escrito con la confesión de su representado a la Fiscalía, el 30 de enero de 2024, le explicó pormenorizadamente a González Amador lo que implicaba el pacto: el reconocimiento de los delitos y una condena que no supusiera el ingreso en prisión. El novio de Ayuso, según Neira, entendió lo que se le estaba transmitiendo y lo aceptó. En el correo que redactó dos días después aseguraba que actuaba "de común acuerdo" con su cliente. Eso sí, también aseguró que no reenvió el mail al propio González Amador. Pese a las contradicciones, hasta el momento ninguna de las partes ha solicitado que se actúe contra él por falso testimonio. Dos días después de la declaración de Neira, las malas noticias no llegaron desde la plaza Villa de París, sede del Supremo, sino de la plaza de Castilla, donde se encuentra la sede de los juzgados de Madrid. La titular del Juzgado de Instrucción 19, Inmaculada Iglesias, colocó a González Amador al borde del banquillo por los dos delitos fiscales sobre los que hasta ahora se ha negado a pactar con el Ministerio Público y uno de falsedad en documento mercantil por las facturas falsas que supuestamente trató de colar con su defraudación tributaria, que ascendió en los ejercicios de 2020 y 2021 a 350.951 euros. En otra pieza separada, cuya instrucción va más retrasada, la magistrada investiga la compra a la esposa de un directivo del gigante sanitario Quirón de una sociedad sin apenas valor por casi medio millón de euros, lo que podría suponer una comisión encubierta. Los delitos que se le imputan en esta segunda pieza son los de corrupción en los negocios y administración desleal. El pacto con la Fiscalía para reconocer —esta vez sí— los delitos y evitar así la cárcel, según expertos penalistas consultados por infoLibre, todavía es posible. Es, además, el escenario que aparece como el más favorable para el acusado, dado el rigor del expediente elaborado por Hacienda sobre el caso. En el auto, la magistrada apuntaba que con "la finalidad" de reducir la tributación por el Impuesto de Sociedades, el empresario "se dedujo indebidamente gastos" en virtud de una serie de facturas giradas "que no se corresponden con los servicios prestados". "De los citados informes se deduce que Maxwell Cremona –la sociedad de González Amador– se desgravó gastos ficticios al amparo de facturas que se reputan falsas puesto que, en esencia, no se han producido las operaciones comerciales referidas en los conceptos facturados". El auto es recurrible ante la Audiencia de Madrid, pero no suspende el proceso. Ahora la Fiscalía y las acusaciones tienen 10 días para presentar su escrito de acusación y solicitar la apertura de juicio. El correo enviado por el abogado Neira a la Fiscalía para tratar de alcanzar un acuerdo y que su cliente evitara la cárcel se mandó el 2 de febrero de 2024. Su texto decía: "Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert González (sic), les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la Agencia Tributaria". Es decir, que en su contenido, se confesaban dos delitos, aunque fuera informalmente. Desde que esa oferta de pacto saltó a los medios, políticos y periodistas no han dejado de referirse al novio de Ayuso como "defraudador confeso", tal y como indicaba ese correo. Pero, a finales del año pasado, González Amador comenzó a presentar demandas de protección del derecho al honor contra todo aquel que se refiriera a él con esa expresión y reclamándoles indemnizaciones. Periodistas como Xabier Fortes o Enric Juliana, el asesor político Luis Arroyo o el politólogo Pablo Simón han sido objeto de estas reclamaciones. También políticos, como el presidente del Gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero y las ministras Isabel Rodríguez, Diana Morant y Félix Bolaños. “Evidentemente me reafirmo, por si había alguna duda, en la expresión utilizada, por cuanto es obvio que el mismo querellante ha reconocido el fraude cometido en el referido documento remitido a la fiscalía que han difundido los medios de comunicación y que no solo no ha negado sino que ha venido a validar al denunciar la filtración del mismo. No encuentro otra forma más breve y ajustada al diccionario que definir como defraudador confeso a alguien que confiesa ser un defraudador”, afirmó Xabier Fortes, director de La noche en 24 horas, tras conocer su demanda.Todas esas reclamaciones perdieron gran parte de su sentido el pasado martes, cuando la Sala de lo Civil del Supremo desestimó la demanda contra la vicepresidenta Montero al considerar que la utilización de esa expresión forma parte de "la crítica política". "Concurren los elementos legitimadores de la libertad de expresión pues las manifestaciones versan sobre una cuestión de interés general y afectan a una persona de relevancia social, sostuvo la Sala. Además "no se utilizan insultos o expresiones injuriosas, las manifestaciones tienen una base fáctica razonable (que no quiere decir que sea exacta) y han sido realizadas de una manera no muy diferente a lo que viene siendo usual en el debate político o más bien partidista", recalca el tribunal, que avanza una cascada de futuros archivos.