Más de cinco años después, la justicia continúa cercando a los presuntos responsables de las muertes en residencias durante la pandemia. Si hace justo una semana el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid imputó por primera vez a ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, este viernes un Juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes fueran directores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad y autor y firmante de los Protocolos de la Vergüenza que bloquearon la derivación al hospital de miles de residentes durante las peores semanas de la crisis sanitaria, según desveló infoLibre. Durante ese periodo, solo entre marzo y abril, 7291 personas fallecieron en los centros de mayores de la región sin asistencia sanitaria. Ni fuera ni dentro del geriátrico.Carlos Mur fue el responsable de firmar digitalmente las cuatro versiones del Protocolo de la Vergüenza —los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, como desveló infoLibre—, además del encargado de enviarlo a altos cargos de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. Francisco Javier Martínez Peromingo fue el autor de otro protocolo clínico que complementó al primero y que establecía instrucciones a las residencias para solicitar la hospitalización, como el índice de Barthel y la escala GDS, que sirve para medir la demencia. Era este el documento que sirvió, en cierto modo, de barrera para la derivación.En esta causa también han sido imputados el entonces director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza, ya que, según explica en una nota Marea de Residencias, las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad: dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos y sólo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace. Por eso, la cuarta imputada es la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Las declaraciones de los cuatro querellados están previstas para el 17 de junio.En el marco de este procedimiento, está prevista la declaración de varios testigos el próximo martes 3 de junio, a partir de las 10 horas. Entre ellos se encuentra Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia y que, desde el primer momento, denunció la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias.Ese mismo día también testificará Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como "asesor principal" de Ayuso para la lucha contra la pandemia. El que fuera encargado de elaborar un plan de medicalización de geriátricos que jamás se produjo está en la otra causa imputado. También testificará el 3 de junio Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid, y las dos querellantes familiares de las víctimas.El procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés deriva de una querella interpuesta por dos familiares en el mes de noviembre. Se trata, por tanto, de una causa nueva y estas son las primeras diligencias. En cambio, el procedimiento de hace una semana parte de la macrodenuncia que los familiares presentaron el pasado mes de octubre ante la fiscal superior Almudena Lastra. La Fiscalía la envío a los juzgados que tenían causas abiertas con anterioridad y lo que hizo el Juzgado de Instrucción número 3 Madrid fue reabrir la causa el pasado 1 de abril después de que fuese archivado en su día de forma provisional.No obstante, ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.La apertura de esta nueva causa llega en la misma semana que se ha producido el intento de declaración de los ex altos cargos del Gobierno de Ayuso. Sus defensas fueron claras y actuaron al unísono: pidieron un aplazamiento de la declaración alegando que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente y que, por tanto, no habían tenido tiempo para preparar su defensa. La próxima fecha, además, ha quedado pendiente de determinarse, aunque las acusaciones esperan que sea "antes de verano".Tras conocerse estas nuevas imputaciones, una de las primeras reacciones llegó por parte del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. A preguntas de los periodistas antes de reunirse con mandos de la Guardia Civil en el puesto de Colmenar Viejo, señaló que la justicia está "cercando" a Ayuso por su gestión "negligente" de las residencias. Además, pidió que la presidenta madrileña “dé explicaciones y rinda cuentas".Posteriormente, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, vaticinó que las dos causas judiciales abiertas volverán a ser archivadas. En declaraciones a los medios tras participar en un acto este viernes en la Real Casa de Postas, subrayó que "no hay ninguna novedad" y que todos los casos que trata de judicializar la izquierda "todos han acabado archivados" porque la Comunidad de Madrid y los profesionales "lo hicieron bien durante la pandemia".El portavoz de Ayuso también aseguró que la izquierda "miente" al decir que se implantaron estos protocolos ya que se realizaron más de 11.000 derivaciones. "La izquierda quiere volver a utilizar el dolor de las familias, retorcer el dolor para utilizarlo políticamente, porque no tiene argumento", ha denunciado.