Oficiales de la Guardia Civil opinan que pudo haber delito en la reunión que mantuvo la militante socialista y cargo en diversos puestos de la Administración Leire Díez con un grupo de abogados y el empresario procesado Alejandro Hamlyn para buscarle irregularidades y fallos a un jefe de la UCO. Un despacho de abogados de Madrid estudia estos días la relevancia penal de lo que ha trascendido en forma de vídeo y audios de aquella reunión, de cara la posible presentación de una querella en los tribunales o una denuncia ante la fiscalía.Seguir leyendo....