El sindicato Ustea Cádiz ha expresado su rechazo a las recientes decisiones adoptadas por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, centrando su denuncia en la supresión del ciclo formativo de Prevención de Riesgos Profesionales (PRP) en el IES San Severiano, en la capital gaditana. Desde la organización sindical aseguran que esta medida forma parte de una estrategia más amplia que promueve, según afirman, la privatización de recursos esenciales que afectan directamente a los barrios y a la cohesión social.[articles:335708]Los representantes sindicales han señalado que esta eliminación no solo carece de una explicación técnica o pedagógica justificada, sino que además “pone en peligro la calidad educativa” de un centro con una trayectoria consolidada. Aseguran que el ciclo de PRP cuenta con promociones desde 2008, un 100% de inserción laboral y una alta demanda de matrícula, con 45 solicitudes como centro prioritario y 80 como centro alternativo para el curso 2024/25. Según destacan, incluso las empresas que acogen al alumnado en prácticas han elogiado el nivel de formación recibido en San Severiano.Desplazamientos, precariedad y falta de justificación técnicaEl traslado de este ciclo al IES Cornelio Balbo, ubicado en la Punta de San Felipe, ha generado preocupación por las dificultades logísticas que implica para el alumnado. Desde el sindicato se advierte que esta nueva ubicación carece de accesos adecuados, al encontrarse en una zona con escasa oferta de transporte público y sin zonas de aparcamiento, lo que complica la asistencia para estudiantes procedentes de distintos puntos de la Bahía e incluso de la Sierra de Cádiz.[articles:335679]Además del alumnado, la decisión también afecta a tres docentes, al traslado de materiales didácticos y a una organización administrativa que, según denuncian desde Ustea, agrava la burocratización del sistema educativo. Consideran que esta reordenación “deja al alumnado con su formación incompleta, obliga a una gestión improvisada y genera inestabilidad” en la planificación académica.Ustea Cádiz también ha cuestionado los argumentos ofrecidos por la delegada territorial, Isabel Paredes, que ha justificado la medida apelando a criterios de “eficiencia de recursos”. Desde el sindicato exigen que se publiquen los informes técnicos o estudios en los que se ha basado esta decisión, al tiempo que expresan su preocupación por lo que interpretan como una falta de conocimiento real de las necesidades educativas en la provincia.El sindicato ha confirmado su participación en las movilizaciones organizadas por los centros afectados y ha instado a la delegada a reconsiderar la supresión del ciclo. Acusan a la administración de aplicar medidas “arbitrarias, más cercanas a premios y castigos que a una política educativa coherente”, y piden la revocación de una decisión que, insisten, socava los principios de equidad y calidad de la escuela pública.