Se negó a descolgarse del proyecto el pasado 29 de mayo. La Universidad de La Rioja, además, fue clara cuando expuso sus razones. "El mundo académico israelí es independiente del gobierno y del ejército, y opera de forma autónoma en todos los asuntos académicos", señaló ese día. Exactamente una semana después, este 5 de junio, cambió de opinión. El grupo universitario que participaba desde enero en una investigación en la que también estaba presente el instituto tecnológico de Israel, Technion, decidió abandonar el proyecto por, dijeron, "protección de la institución" y de su "imagen". No aludieron a la vinculación con Israel. Ni a que haber firmado ese trabajo vulneraba el compromiso alcanzado hace exactamente un año por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Aquel mayo dijeron que se revisarían todos los acuerdos con actores israelíes que no se comprometieran con la paz. Pero no sólo La Rioja firmó proyectos después de aquello: hay otros 43, de los cuales 19 cuentan, además, con financiación de la Unión Europea. Y entidades israelíes están recibiendo más de siete millones de euros por ellos. Fue el 9 de mayo de 2024, y después de que las acampadas por Palestina se hubieran extendido por los campus de medio país, cuando la CRUE movió ficha. Ese jueves, y a través de una nota de prensa, la institución quiso dejar constancia de "su hondo pesar por los gravísimos acontecimientos que en estos momentos se están produciendo en la Franja de Gaza" y reafirmaba su compromiso "con la paz, la convivencia, la justicia y con la defensa del derecho internacional humanitario". Por eso dijeron que suspenderían todas sus colaboraciones con centros israelíes que no estén "comprometidos con la paz" y que intensificarían "la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino". Cada centro reaccionó entonces como consideró. Algunos claustros y consejos de gobierno como los de la Universidad de Granada, de Jaén, de Barcelona, de València o la Complutense emitieron comunicados alineados con la CRUE. Once formaron además mesas de seguimiento para evaluar la implantación de medidas (Granada, Barcelona, Málaga, Pompeu Fabra, A Coruña, Illes Balears, Jaén, Cádiz, Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid y Politècnica de Catalunya). Otras suspendieron colaboraciones en marcha. Otras tantas, se negaron a firmar nuevas. Pero lo más extendido, según los datos que ha recopilado la Red Universitaria por Palestina en un informe, ha sido el inmovilismo práctico —aunque haya habido previamente un posicionamiento verbal—. En concreto, algunas mantuvieron su colaboración comercial con empresas del país; otras, los proyectos de investigación como, hasta este jueves, hizo la Universidad de La Rioja. Guillermo Muñoz es físico investigador de la Universitat de València y forma parte de esa Red. Cuando se le pregunta, no se anda con rodeos. "Es increíble que durante 2024 —y da igual el mes, si fue antes o después de ese posicionamiento de la CRUE— a alguien le haya parecido bien organizar un consorcio de investigación con una institución de Israel cuando se estaban ejecutando crímenes contra la humanidad. Y ya no sólo eso, sino que además lo haya firmado una institución universitaria", denuncia, en declaraciones a infoLibre. Por otro lado, además, el 19 de julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen en el que se recogían obligaciones "para todos los Estados" como "no prestar ayuda" a la ocupación israelí, no "entablar relaciones económicas o comerciales" con el país en relación con Palestina o "tomar medidas" para impedir las relaciones "que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel". En septiembre, la Asamblea General de la ONU ratificó esa opinión que, entienden los profesores integrantes de la Red, obliga también a las universidades como "Administraciones del Estado".Sin embargo, y a partir de entonces, han sido 43 los proyectos firmados entre universidades y entidades israelíes dentro del programa Horizon Europe. De ellos, 19 son consorcios de investigación en los que las entidades participantes reciben fondos por parte de la Unión Europea. Xavier Bohigas, investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, explica que cada uno de los proyectos enmarcados en ese programa tiene que tener la participación de, al menos, tres países, y que Israel puede formar parte de los mismos porque tiene "un acuerdo preferencial de comercio". "Es decir, es como si fuera un Estado miembro más", señala. Así figura en muchos de ellos. En concreto, y según el informe de la Red Universitaria, hay 18 universidades españolas, además de varios centros de investigaciones o institutos académicos, implicados en este tipo de consorcios. Los más antiguos se firmaron el propio 1 de septiembre y el más reciente está fechado el 1 de abril de este mismo año. A través de él, la Universidad de Navarra recibirá 352.775 euros para investigar la terapia celular y génica con, entre otras entidades, la universidad israelí Bar Ilan. Según la información oficial, el acuerdo se extenderá hasta el 31 de marzo de 2030.Hay muchas otras universidades españolas. Están, por ejemplo, y siempre según la información recopilada por la Red, la Politécnica de València, la de Sevilla, la de Oviedo, la de Alcalá, la Autónoma de Madrid, la de València, la de Barcelona, la de Murcia, la de Santiago de Compostela, la Rovira i Virgili de Tarragona, etc. Entre las israelíes, algunas como la Hebrea de Jerusalén, la de Tel-Aviv, el Weizmann Institute of Science o la Universidad Ben-Gurion. "Centros como el de Tel Aviv o el de Jerusalén han dicho públicamente que tienen un compromiso con la paz, pero es que hasta el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha hecho esas afirmaciones. Lo cierto es que todas las universidades y centros académicos israelíes están al servicio del Estado y sus acciones militares. Estas dos instituciones, en concreto, tienen hasta convenios con el ejército", denuncia Ángeles Díez, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y profesora de la UCM. Hay, en cualquier caso, algunos ejemplos más graves. Fue el propio Bohigas —junto a su compañera del Centre Delàs Teresa de Fortuny— quien escribió un artículo hace poco más de un año denunciando que universidades como la de Burgos o la Politécnica de Madrid participaban en proyectos con la empresa estatal Israel Aerospace Industries, fabricante de armas. Lo hacían también en el marco de Horizon Europe y dos de esos tres acuerdos continúan hoy vigentes, según se puede comprobar en la información oficial.En concreto, la Universidad de Burgos continúa apareciendo en el proyecto FreeMe (proceso de metalización libre de tóxicos para superficies plásticas), que se extenderá hasta mayo de 2026. Sin embargo, en un comunicado emitido ahora hace un año y remitido como respuesta a preguntas de infoLibre, el centro negó tener "convenios con ninguna universidad ni con ningún centro de investigación israelíes", aunque también especificó que "la Universidad de Burgos, a través de su instituto ICCRAM, participa en dos proyectos de investigación de la Unión Europea mediante su programa Horizon Europa, en los que figura la empresa Israel Aerospace Industries".La Politécnica, por su parte, y según la información recogida por los dos expertos del Centre Delàs, participaba en GAM-2020-AIR y HERA, aunque el primer proyecto finalizó en abril del año pasado y el segundo, en cambio, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. Preguntada por esta cuestión, la institución no ha respondido. También con Israel Aerospace Industries, aunque financiado esta vez por el Fondo Europeo de Defensa, la Universidad de Oviedo participa en el proyecto TICHE (identificación de amenazas mediante vehículos colaborativos para salvar vidas humanas contra explosivos), una actividad, defiende en este caso el informe de la Red Universitaria por Palestina, "de contenido declaradamente militar". El proyecto finalizará en noviembre de este año y la UE contribuirá a él con casi cinco millones de euros. Por su parte, la Universidad de Alcalá está presente en un consorcio similar y financiado por los mismos presupuestos. También con esta compañía.En este contexto, el pasado mes de febrero el colectivo UniOvi, que agrupa a estudiantes, profesorado, personal investigador, técnico y administrativo de la Universidad de Oviedo, interpuso un recurso contencioso-administrativo por, precisamente, su colaboración con esa entidad de armamento israelí en el marco del proyecto TICHE. Con él, la agrupación pretende que se anulen los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Universidad, que decidió no hacer caso de las protestas y continuar adelante con el proyecto.El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Granada desestimó el recurso presentado por el lobby sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que llevó ante los tribunales a la Universidad de Granada por suspender su colaboración académica y científica con instituciones israelíes. Según estimó el juez, hacerlo no sólo no es discriminatorio, sino que se trata de una medida "proporcionada" y "legítima". Y que se enmarca, además, dentro de la autonomía de la institución.