Los asesinatos, con tres semanas de diferencia, de Aboubakar Cissé, un maliense de 22 años asesinado en una mezquita del departamento francés de Gard, y de Hichem Miraoui, un tunecino de 45 años abatido en el departamento de Var por un vecino abiertamente racista, vuelven a poner de relieve el peligro que representa la extrema derecha violenta.Es la primera vez, en el caso de Hichem Miraoui, que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) trata un asesinato posiblemente inspirado por ideas de extrema derecha. Sin embargo, se trata del vigésimo procedimiento relacionado con el terrorismo de extrema derecha abierto en Francia desde 2017, en su mayoría intentos de atentados desactivados antes de su ejecución: en 2017, los planes para asesinar al candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon y al alcalde de Forcalquier, Christophe Castaner; en 2018, un plan para envenenar alimentos halal y otro para atentar contra el jefe del Estado, Emmanuel Macron; en 2019, lugares de culto musulmanes y judíos que iban a ser atacados; en 2020, amenazas contra la comunidad judía; en 2021, un grupúsculo neonazi que quería atacar una logia masónica.A esto se suman ataques que no han sido calificados de terrorismo, pero que se parecen mucho. Como el racista octogenario Claude Sinké, excandidato del Frente Nacional, que intentó incendiar la mezquita de Bayona y luego disparó varias veces contra dos fieles, hiriéndolos gravemente.La amenaza de la extrema derecha violenta, incluso terrorista, es, hoy en día, una de las principales preocupaciones de los servicios de inteligencia.En 2023, durante el juicio a la célula neonazi Waffenkraft, el jefe de la subdirección judicial de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) describió así la situación actual de esta amenaza: “Hay una nebulosa mundial en auge. La amenaza de la ultraderecha se considera una verdadera amenaza terrorista, percibida como la amenaza número uno en algunas democracias occidentales, especialmente en las anglosajonas. Y Francia no es inmune…”.Entre 2010 y 2020 se produjeron treinta y ocho atentados de extrema derecha en todo el mundo (el 47 % de ellos en Europa), según explicó. Y, según el recuento de la DGSI, causaron 791 víctimas, 243 de ellas mortales.Ese panorama confirmaba el regreso de la amenaza de la “ultraderecha”, término utilizado por los servicios policiales para distinguirla de la extrema derecha partidista. Por supuesto, el terrorismo de extrema derecha no constituye, hoy en día, el principal riesgo y no golpea con la misma intensidad que el terrorismo yihadista, que en los últimos trece años ha causado 277 muertos en Francia.Desde 1986 hasta hoy, las acciones de grupos que reivindican ser de extrema derecha han causado la muerte de diecisiete personas en Francia. Y de las 611 personas detenidas en el país en 2018 por terrorismo, 505 lo fueron por pertenecer a redes yihadistas y 28 por pertenecer a la extrema derecha activista, según el historiador Nicolas Lebourg, especialista en extrema derecha.Por otra parte, según los servicios de inteligencia, el número de miembros de este movimiento se mantiene estable: unas 3.000 personas están implicadas en diversos grados, con un núcleo duro de unas 1.000 personas susceptibles de cometer actos violentos.Pero esa amenaza está en clara expansión. “Hemos superado un umbral”, decía en 2021 Naïma Rudloff, abogada general y jefa del departamento encargado de la lucha contra el terrorismo en el Tribunal de Apelación de París, en La Croix. “Durante mucho tiempo nos enfrentábamos a individuos de extrema derecha que proferían discursos de odio, racistas o antisemitas, pero ahora tenemos que lidiar con proyectos de atentados avanzados…”.Ya en otoño de 2017, los servicios de inteligencia alertaron a sus autoridades superiores sobre el riesgo “creciente” de que este movimiento pasara a la acción violenta y sobre su penetración en las fuerzas de seguridad.Dos años más tarde, un informe confidencial de Europol revelaba que, a escala europea, la extrema derecha violenta estaba invirtiendo en la compra de armas y la fabricación de explosivos, y reclutando en las filas del ejército y la policía. Ese informe provocó una reunión de todos los ministros del Interior de la Unión Europea, con el objetivo de recurrir a las medidas y herramientas “horizontales” ya utilizadas para luchar contra el terrorismo yihadista, al tiempo que se abordaban las especificidades del terrorismo de extrema derecha.En 2021, un informe de la Fiscalía General de París, revelado por Mediapart, puso de manifiesto la magnitud de la amenaza, basándose en los siete casos que se estaban investigando en ese momento en la Pnat. En ese tocho de 56 páginas, los magistrados expresaban su preocupación por la profesionalización de esos grupos. La toma de conciencia se produjo durante el desmantelamiento en 2018 de la célula AFO (Acción de Fuerzas Operativas), que se entrenaba con explosivos artesanales y planeaba atentados contra musulmanes.Durante los registros, los investigadores se hicieron con el organigrama de la organización clandestina, que contaba con unos 110 miembros, repartidos en diez secciones regionales y que abarcaban unos sesenta departamentos franceses.Otra preocupación que recoge el informe es la facilidad con la que pueden armarse estos grupos. La Fiscalía General de París constató que “a diferencia de los casos yihadistas recientes, ninguno de los expedientes de extrema derecha que se están investigando pone de manifiesto dificultades de los actores para adquirir armas”. En 2019, los servicios de inteligencia contabilizaban unos 350 miembros de la ultraderecha que poseían legalmente una o varias armas de fuego, tal y como reveló Mediapart. De ellos, 147 estaban fichados por la Seguridad del Estado, la famosa ficha S.Muchos militantes de extrema derecha están fascinados con las armas y practican el tiro deportivo o la caza. En un vídeo difundido en 2021, los youtubers de extrema derecha Papacito y Code Reinho —un exmilitar que ofrece cursos de manejo de armas— explicaban cómo adquirir armas con licencias de caza.Otro temor son los perfiles de los activistas, en parte bien integrados, que contrastan con la imagen de los grupúsculos violentos de extrema derecha compuestos por post-adolescentes que viven al margen de la sociedad.En al menos cuatro casos investigados por la Pnat, están representadas todas las edades y las personas implicadas, tanto hombres como mujeres, tienen entre 20 y 60 años. Hay personas procedentes tanto de entornos populares como de sectores más acomodados.Algunos votaron a la Agrupación Nacional (“el menos malo”) o dejaron el RPR, la UMP o LR para unirse a movimientos minoritarios. Otros hablan de un compromiso con la derecha. La DGSI ha creado una nueva categoría para los perfiles atípicos de este movimiento, procedentes de las clases medias o altas, convertidos al catolicismo tras los atentados del 13 de noviembre, integrados en la sociedad, adeptos a las redes sociales y deseosos de pasar a la acción violenta: los “neopatriotas”.Pero entre esos activistas hay una constante: la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad. En 2021, de los siete casos que se estaban investigando por la Fiscalía General de París, había cinco que implicaban a militares o exmilitares. Esto coincidía con las preocupaciones expresadas en 2018 por la DGSI, que contabilizaba entonces “unos cincuenta policías, gendarmes y militares” entre sus “objetivos”, seguidos por sus vínculos con “la extrema derecha violenta”.Y si no forman parte de las fuerzas de seguridad, esos activistas suelen ser de su entorno. Así, en los expedientes en curso hay un hijo de un gendarme, un hijo de un policía y un alumno de la academia de suboficiales del ejército del aire. “La profesión juega un papel. Es evidente que los policías y los militares constituyen poblaciones especialmente receptivas a cierto discurso”, reconoció el comisario de la DGSI que testificó en el juicio “Waffenkraft”.Pero el principal temor de las autoridades es el de un individuo solitario, cansado de una extrema derecha “testimonial”, que decida pasar a la acción de forma aislada. Esta preocupación ya figuraba claramente en una nota de la DGSI de marzo de 2019 y en el informe de la Fiscalía General dos años después: “En prácticamente todos los casos, los detenidos se habían sumado a un proyecto terrorista en parte porque no se reconocían ni en la Agrupación Nacional ni en ningún grupúsculo radical”.Los magistrados señalaban además que, “al igual que en el fenómeno yihadista, estos individuos únicamente están solos en el momento de cometer el acto violento”, ya que “antes, todos ellos han frecuentado, como mínimo por Internet, un entorno militante, aunque sea virtual, y se han empapado de una prosa llena de odio en la que abundan las llamadas a la acción”.El movimiento se aprovecha, en particular, de una red de canales de YouTube gestionados por influencers con discursos explícitos, como Papacito, quien, interrogado por la policía tras uno de sus vídeos que simulaba la ejecución de un “izquierdista” en 2021, reconoció un “error” y una “torpeza” en la forma, y aseguraba que su vídeo “tenía como objetivo ayudar a la gente de extrema izquierda a sobrevivir en la sociedad que ellos mismos han creado”.Los ataques o planes de ataques de la extrema derecha violenta tienen como objetivo cuatro categorías de población: las personas no blancas, los judíos, la comunidad LGTBIQ+ y los representantes del Estado. En segundo plano está la figura del “traidor” que, según la Fiscalía General, tiene la función de “unir a la comunidad en torno a un contramodelo activista y reforzar la visión bipolar y antagónica del ámbito político”.Pero la población musulmana sigue siendo su objetivo principal. Su visión del mundo está dominada por “la obsesión por la guerra civil interracial”, según el informe de la Fiscalía General. Entre los atentados desbaratados figura por cierto una parte importante de proyectos “aceleracionistas”, una ideología que pretende precipitar la guerra civil racial, con el trasfondo de la teoría racista del “gran reemplazo”.En los procedimientos abiertos, para algunos de los imputados esta guerra civil se producirá en un futuro próximo; para otros, ya se ha desencadenado con los atentados yihadistas que azotaron Francia en 2015 y 2016. La conclusión es que el Estado ha fracasado en su misión de proteger a la población de la amenaza terrorista yihadista, y habría que sustituirlo —en dos de los siete casos de terrorismo que se están investigando se evoca la toma del poder por las armas— y, si fuera necesario, eliminar a sus representantes.En términos más generales, los militantes de extrema derecha tentados por la acción violenta se refieren regularmente al movimiento supervivencialista racial blanco, que predice un colapso energético, ecológico, político y social inevitable.En los atentados de extrema derecha desmontados, el modus operandi previsto ha ido evolucionando: uso de explosivos, envenenamiento, ataques con cuchillos, camiones o coches, y más recientemente, degüello. “Es difícil no ver aquí la influencia de un modelo yihadista, ya que estas prácticas (en particular el degüello) son totalmente ajenas al repertorio de acciones tradicionales de la ultraderecha”, señalaba el informe de la Fiscalía General.La conclusión de este informe, titulado “Ultraderecha y yihadismo: el espejo de la violencia”, subraya los numerosos puntos en común que se han observado en los casos de terrorismo de extrema derecha y yihadista. En primer lugar, el hecho de querer imponer un proyecto de sociedad mediante la violencia y la búsqueda de una supuesta “pureza”.Pero también una visión defensiva (la idea de que se está siendo atacado, o que se va a ser atacado, y que hay que defenderse o estar preparado para hacerlo); la dimensión sacrificial del individuo por una causa superior; un discurso conspiranoico articulado en torno a una visión decadente de la historia y la referencia a una Edad Media mitificada; un enemigo común (los Estados Unidos y la Unión Europea); un país en guerra considerado como un paraíso (Siria para los yihadistas, Ucrania para una parte de la extrema derecha violenta), un uso óptimo de las redes sociales y los foros para difundir su propaganda; el reclutamiento en dos esferas preferidas —los gimnasios y la familia—, y, sobre todo, un mismo catálogo de odios: a la República, pero también a los judíos, los homosexuales y las mujeres.La extrema derecha violenta llega incluso a retomar ciertos códigos o palabras, como la referencia a la “yihad blanca” de ciertos grupos de extrema derecha estadounidense, la web de extrema derecha francesa bautizada como “EuroCalifat” o, más recientemente, las palabras de Christophe Belgembe, acusado del asesinato de Hichem Miraoui: “No hay lealtad a Al Qaeda ni a nada. Es lealtad al azul, blanco y rojo, eso es todo”.Otros casos no calificados como actos terroristas, como la imputación de dos ex militantes del GUD por el asesinato del exjugador de rugby Federico Martín Aramburú en un bar parisino en 2022, muestran además que está cayendo el tabú de la muerte en las filas de la extrema derecha: la violencia de sus miembros trasciende la esfera política para manifestarse en casos de derecho común.En una parte titulada “La ultraderecha en Francia: emergencia y dinámicas actuales” de un acta de acusación de finales de 2021, el Pnat ya subrayaba que “una cierta radicalización de sus miembros empuja a los más decididos a pasar a la acción, en el marco de delitos comunes”.Traducción de Miguel López