(ZENIT Noticias / Seattle, 05.06.2025).- Un sacramento centenario y el estado moderno han colisionado en un conflicto legal y cultural que está atrayendo la atención nacional. En el centro de la controversia se encuentra una ley recién firmada en el estado de Washington que exige a los sacerdotes católicos denunciar cualquier sospecha de abuso infantil, incluso si se descubre durante el sacramento de la confesión, un mandato que la Iglesia considera una transgresión de la ley.La ley, firmada el 2 de mayo de 2025 por el gobernador Bob Ferguson, está prevista su entrada en vigor el 27 de julio de 2025. Obliga al clero a romper el secreto de confesión bajo amenaza de sanciones penales: hasta un año de cárcel y una multa de 5.000 dólares. Lo que distingue a esta legislación no es la obligación de denunciar el abuso —ya una norma en muchas políticas diocesanas—, sino la inclusión explícita de las revelaciones confesionales, consideradas durante mucho tiempo intocables tanto por la tradición religiosa como por la legal.En respuesta, la Arquidiócesis de Seattle y las Diócesis de Spokane y Yakima presentaron una demanda ante un tribunal federal, argumentando que la ley viola la garantía de la Primera Enmienda al libre ejercicio de la religión y altera el delicado equilibrio entre la Iglesia y el Estado.El arzobispo Paul Etienne de Seattle no se anduvo con rodeos: “Esta ley exige lo imposible a los sacerdotes. Si cumplen, son automáticamente excomulgados por la Iglesia. Si se niegan, se enfrentan a la cárcel. Esto no es un dilema legal; es un territorio espiritual inexplorado”.De hecho, la Iglesia Católica considera absoluto el secreto de confesión. Según el derecho canónico, cualquier sacerdote que lo rompa deliberadamente incurre en excomunión automática, reservada a la Santa Sede. El sacramento se considera un lugar sagrado, donde las almas penitentes se liberan y las confesiones se confían exclusivamente a Dios.Sin embargo, para legisladores como Ferguson, quien es católico, esta arraigada tradición debe ceder ante el deber del estado de proteger a los niños. “Me he confesado”, dijo, señalando una conexión personal con la Iglesia a través de un tío jesuita. “Pero la seguridad de los niños no puede ser opcional”.La nueva ley, aprobada por 64 votos a favor y 31 en contra en la Cámara de Representantes y por un estrecho margen de 28 a 21 en el Senado, es un esfuerzo para prevenir tales fallas en el futuro.Aun así, los críticos advierten que la ley de Washington no solo representa celo legislativo, sino también una extralimitación. Trata la comunicación religiosa con mayor recelo que las profesiones seculares. Médicos, psicólogos e incluso cónyuges conservan ciertos privilegios legales para proteger las conversaciones confidenciales. Los sacerdotes, bajo esta ley, no.“No se trata de proteger a los abusadores”, dijo el obispo Thomas Daly de Spokane. “Se trata de salvaguardar un sacramento. Nuestros sacerdotes están dispuestos a ir a la cárcel antes que traicionarlo”.La Diócesis de Spokane mantiene sus propios y estrictos protocolos para la protección de los menores, incluyendo una Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes, dirigida por laicos, y una política de tolerancia cero ante el abuso. Sin embargo, la diócesis se niega a comprometer la integridad del confesionario.Los juristas observan atentamente la situación. Mark Rienzi, presidente de Becket, un bufete especializado en casos de libertad religiosa, calificó la ley como «una intrusión descarada en la esencia de la práctica religiosa. Imaginen al gobierno dictando cómo, cuándo y qué puede decir un creyente al orar. Eso es lo que está sucediendo aquí».La participación del Departamento de Justicia acrecienta la controversia. El 5 de mayo, el Departamento de Justicia anunció el inicio de una investigación federal para determinar si la nueva ley viola la Primera Enmienda. El fiscal general adjunto Harmeet Dhillon calificó la medida como «un ataque legislativo contra la Iglesia Católica y el sacramento de la penitencia».Esta no es la primera vez que se intenta una legislación de este tipo en Washington. Esfuerzos anteriores fracasaron debido a preocupaciones constitucionales. La mayoría de los estados que incluyen al clero como informantes obligatorios eximen específicamente las confesiones. Solo unos pocos han intentado romper el secreto de sumario, y los tribunales generalmente se han pronunciado a favor de la libertad religiosa. Un fallo de 2016 de la Corte Suprema de Luisiana reafirmó que los sacerdotes no podían ser obligados a revelar lo que escuchan en el confesionario.Lo que hace que el caso actual sea tan polémico no es solo la tensión legal, sino también su simbolismo espiritual. Para los católicos, la confesión no es un mero ritual. Es un encuentro divino. La posibilidad de que el estado la vigile o la interrumpa no es solo una preocupación administrativa, sino una amenaza existencial para la cosmovisión sacramental.“Esta ley sienta un precedente peligroso”, advirtió el arzobispo Etienne. “Si el gobierno puede acceder al confesionario hoy, ¿qué espacio sagrado reclamará mañana?”Para muchos, esa pregunta ya no es hipotética. Con la ley prevista para entrar en vigor en menos de dos meses, la Iglesia, los tribunales y la conciencia de la nación se ven convocados a un debate sobre dónde termina la ley humana y dónde comienza la ley divina.Gracias por leer nuestros contenidos. 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