La pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, intenta tumbar la segunda línea de investigación abierta en su contra en el Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid. Se trata, en concreto, de la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal. Una carpeta que gira alrededor de la compraventa a Gloria Carrasco, mujer de un directivo de Quirón, de una empresa aparentemente sin valor por medio millón. Y que Alberto González Amador busca cerrar poniendo sobre la mesa el contrato de la operación y, sobre todo, una adenda al mismo. El documento, al que ha tenido acceso infoLibre, recoge el compromiso de la vendedora, que tendrá que declarar como investigada el 19 de junio, a no competir con el empresario y a conectarle a su red de clientes.Los hechos que sustentan esta pieza separada se centran en una empresa: Masterman & Whitaker. Se trata de la sociedad a la que Maxwell Cremona, compañía también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante sanitario especialmente beneficiado por la privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid. Una maniobra que a ojos de la Agencia Tributaria no era más que una "simulación" –Masterman carecía "por completo" de "medios" para hacer esos trabajos– en busca de beneficios fiscales. Masterman no siempre se llamó así. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros con el nombre de Círculo de Belleza. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta empresa dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención, principal cliente de González Amador y encargado de los chequeos médicos de los empleados públicos madrileños. Un empresario con el que el novio de Ayuso ha compartido buena parte de su carrera.La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. El 4 de diciembre de 2020, se transmitieron todas las participaciones de Círculo de Belleza a Maxwell Cremona por 499.836 euros. Medio millón por una sociedad que, según la Fiscalía, "carecía de valor" –en el año previo a su compra facturó poco más de 29.000 euros–. De ahí que el Ministerio Público sospeche que detrás de dicha operación pueda esconderse "el pago de una comisión encubierta".La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha defendido en todo momento el precio pagado. También ante la magistrada instructora, María Inmaculada Iglesias. En su declaración en sede judicial, el empresario señaló que la red de distribución de aquella sociedad justificaba el medio millón abonado por la misma. Y aportó a la causa varios bloques de documentos. Entre ellos, el contrato de compraventa de participaciones y una adenda al mismo en el que se fijaban los compromisos adquiridos por la vendedora en aquella operación. Y los castigos por incumplimiento.El documento aportado a la causa, al que ha tenido acceso este diario, está fechado en Madrid a 4 de diciembre de 2020. Y en él se deja claro, desde el primer momento, que "el precio acordado entre las partes" relativo a la compraventa incluía, "además de la adquisición del activo y pasivo" de Círculo de Belleza, "una serie de prestaciones accesorias y obligaciones" que asumía la parte vendedora. En primer lugar, se hacía constar que la compraventa incluía "cualesquiera derechos de propiedad intelectual e industrial" que pudieran corresponder a la mercantil, incluyendo "patentes y marcas, proyectos y trabajos en curso, fórmulas magistrales y todos aquellos derechos vigentes y en curso de ser adquiridos".Como segundo punto, se fijaba una cláusula por la cual Carrasco se comprometía "a no operar" ni por sí misma ni a través de terceras personas en el mismo sector que Círculo de Belleza, así como a "emplear o contratar" en el mismo periodo a "cualquier persona que haya sido previamente empleado, agente, consultor o representante similar" de la empresa, una prohibición que alcanzaba también "a cualquier trabajo de consultoría y/o auditoría a farmacias y empresas del sector farmacéutico". En caso de incumplimiento, se establecía una penalización de 300.000 euros.Y como tercero, se fijaba una "obligación de colaboración" de dos años. "La parte vendedora se compromete a concurrir a cualquier reunión, evento, proyecto, convención o cualesquiera otros actos similares relacionados con la actividad de Círculo de Belleza a fin de poner en contacto a la nueva dirección de la empresa con clientes, proveedores y otras personas o mercantiles, laboratorios, empresas farmacéuticas y demás asimiladas, que pudieran constituir una oportunidad de negocio para la mercantil o con las que habitualmente viniera manteniendo relaciones comerciales", contemplaba el documento. En caso de incumplimiento, la penalización ascendía a 100.000 euros.Además de la adenda, González Amador ha puesto sobre la mesa dos acuerdos que Círculo de Belleza había alcanzado en los meses previos a la operación de compraventa. El primero de ellos es un contrato de prestación de servicios firmado el 15 de junio de 2019 con la firma gallega Mape Asesores por el cual ésta última se compromete, como cliente, a abonar 12.000 euros anuales por el asesoramiento y asistencia de la primera en distintos ámbitos. En cuanto al segundo, se trata de un acuerdo de colaboración suscrito justo un año después con la estadounidense Inteconn Inc, radicada en Florida, para que esta última promoviera entre sus clientes en Estados Unidos y Latinoamérica los productos de belleza y cuidado personal que en nuestro país tenían como distribuidor oficial a Círculo de Belleza.Tanto una como otra empresa aparecen en el pelotazo que González Amador dio en lo peor de la pandemia. Así quedó recogido en el informe detallado de delito que elaboró la Agencia Tributaria, en el que se especifica que el empresario hizo labores de intermediación "para conectar a FCS con IHD / Inteconn para llegar a Mape, potencial cliente final para FCS" en el marco de una operación de compraventa de material sanitario. Un negocio que le reportó 1,97 millones de euros.