El juez Hurtado obvia que la cúpula de la Fiscalía se movilizó para desmentir un bulo difundido por el equipo de Ayuso y que más de media docena de periodistas afirmaron que accedieron al correo de la confesión antes que García OrtizEl Supremo procesa al fiscal general y le acusa sin pruebas de seguir “instrucciones” de Moncloa El Tribunal Supremo dejó este lunes al borde del banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El auto del juez Ángel Hurtado, de 51 páginas, considera que hay “indicios suficientes” como para considerarlo responsable de filtrar a la prensa el correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía un doble fraude fiscal. La resolución, sin embargo, obvia elementos y contraindicios que han sacado a la luz ocho meses de instrucción y en los que el magistrado no ha sido capaz de hallar pruebas incriminatorias concluyentes. Entre ellos, cuestiones sustanciales como que la cúpula de la Fiscalía se movilizó para desmentir las tergiversaciones que había difundido el equipo de Ayuso o que seis periodistas reconocieron ante el juez que habían tenido acceso a ese correo electrónico antes de que estuviera en manos del fiscal general. Estas son las lagunas y omisiones del auto: “Ganar el relato” y el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. El juez afirma que el fiscal general reclamó a sus subordinados los correos que el letrado de González Amador había intercambiado con el fiscal que lo investigaba con el objetivo de “ganar el relato” frente a “una información con la que no está de acuerdo”. “A juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”, prosigue el juez, que califica de “cuestión de escasa relevancia” determinar de quién había surgido la iniciativa de llegar a un pacto. La resolución obvia que lo que el juez define como un “frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales” se debió a la intención de la Fiscalía de responder a un bulo que pretendía instalar la tesis de que el empresario era una víctima de una “operación de Estado” para atacar a su pareja. La realidad es que había sido el abogado de González Amador quien había propuesto al fiscal del caso llegar a un acuerdo el 2 de febrero, un mes y diez días antes del estallido del caso. La cúpula de la Fiscalía reaccionó después de que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, trasladara a varios medios —y así salió publicado— que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para no llegar a juicio y que luego lo había retirado “por órdenes de arriba”. De hecho, en los mensajes incautados figura cómo García Ortiz mostraba su preocupación por el hecho de que el trabajo de los fiscales quedara en entredicho: “Si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo”, afirmó. La “filtración” del correo de la confesión y el “prestigio” de la Fiscalía. El juez da por hecho que García Ortiz “facilitó” a la Cadena Ser el correo de la confesión del empresario “para que le diera publicidad”. Sin embargo, no cuenta con ninguna prueba fehaciente de ello. Se basa en indicios como que el fiscal general recibió una llamada y un mensaje de Miguel Ángel Campos, el periodista que reveló esa información, nueve minutos después de recibir el correo. Sin embargo, la llamada duró solo cuatro segundos y el contenido del mensaje no se ha podido recuperar dado que el fiscal general borró los mensajes de su teléfono móvil poco después de que el Supremo hiciera pública la apertura de la causa contra él. Por otro lado, el juez afirma que “la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta” y reitera que “no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado”. La Fiscalía ha defendido que el fiscal general recopiló información del caso para emitir un comunicado con el que “poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal” y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía. La vía inédita de las “indicaciones” de la Moncloa. El magistrado añade en su auto una acusación inédita en ocho meses de pesquisas: que el fiscal general perpetró la filtración siguiendo “indicaciones” de la Moncloa. Hasta ahora, el magistrado había atribuido esta filtración al empeño de García Ortiz y su equipo en ganar “el relato” y desmentir informaciones falsas sobre el caso. Ahora, sin explicar cómo llega a esa conclusión, afirma que todo se hizo siguiendo órdenes del Gobierno, sin que nadie esté imputado por ello y sin continuar adelante con la investigación para dilucidarlo. Hurtado también da por hecho en su auto que “desde la Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo del 2 de febrero de 2024, se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera”, entonces asesora en Moncloa y hoy dirigente del PSOE regional. Y, al mismo tiempo, opta por no dar credibilidad a la declaración como testigo de esta alto cargo, que afirmó que había accedido a ese correo por los medios. Según Hurtado, hizo esa afirmación “de forma muy genérica y evasiva manera”, lo que le lleva a concluir que el Gobierno dispuso de ese correo “a través” de ella para “utilizarlo políticamente” frente a Ayuso. Los registros en el despacho del fiscal general. Durante la instrucción, el juez ordenó la Guardia Civil la intervención de más de siete meses de conversaciones privadas del fiscal general para esclarecer unos hechos que se circunscriben a la noche del 13 de marzo de 2024, cuando la Cadena Ser publicó el correo que desmentía el bulo. Esa decisión fue cuestionada por la defensa de García Ortiz, que defendió que ese material podría contener información muy sensible por razón de su cargo, aunque fue avalada por la instancia superior al instructor, la llamada Sala de Apelaciones. En su auto, el juez expresa su sorpresa por esa oposición y afirma que García Ortiz borró “toda la información que contenían sus dispositivos, con lo que nada de lo que en ellos pudiera haber existido podría haber sido difundido”. El objetivo de Hurtado era recuperar esos mensajes, donde esperaba encontrar pruebas que demostraran que él y Pilar Rodríguez habían difundido el correo o, al menos, participado en la maniobra. En la Fiscalía justificaron que el borrador de los mensajes es una medida habitual de protección de datos. La “subjetividad” de los periodistas. Durante la instrucción, seis periodistas —entre ellos dos de elDiario.es— fueron citados como testigos y declararon que habían tenido acceso al email de la confesión antes de que estuviera en manos del fiscal general y que en ningún caso había sido él quien se lo había facilitado. La jurisprudencia del Supremo establece que no hay secreto si la información en cuestión ya circulaba con anterioridad. Sin embargo, el juez opta por no dar credibilidad a estos testimonios, a los que achaca “subjetividad” y de los que cuestiona que no aporten “datos objetivos”. El auto llega incluso a hacer comentarios sobre la praxis de los periodistas y cuestiona que el reportero de la Cadena Ser esperara “hasta las 11 de la noche” para hacer una llamada de comprobación al abogado de González Amador cuando afirmó que había tenido acceso al correo por la tarde. La credibilidad del relato de la fiscal Lastra. En contraposición, el juez da total credibilidad a la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, enfrentada desde hace meses al fiscal general. Lastra dijo al juez que la mañana del 14 de marzo de 2024 tuvo una conversación telefónica con García Ortiz en la que hablaron del comunicado que la Fiscalía publicó sobre estos hechos. La fiscal superior afirmó que tras leer las informaciones en prensa, le preguntó en tono de reproche: “¿Álvaro, esto lo has filtrado tú?”. “Eso ahora no importa”, afirmó Lastra que le había dicho el fiscal general. La fiscal no ofreció más pruebas que su testimonio. El auto de procesamiento también recoge otra parte de la testifical de Lastra a la que Hurtado da relevancia. Ante el juez, afirmó que fue muy clara con su subordinada en la noche del 13 de marzo, en plena crisis informativa provocada por el bulo: “Se lo dije expresamente, ¿para qué le mandas los correos, Pilar? Los van a filtrar”. Sin embargo, el magistrado obvia que la investigada negó que la conversación hubiera tenido lugar en esos términos: “Rotundamente no. No me dijo nada de ese tenor. En absoluto”, negó Rodríguez el relato de Lastra. Las consecuencias para el “defraudador confeso”. El juez apunta que la “validez” que se ha dado a la “divulgación” de “una información, presumiblemente ilícita, contenida en un correo obtenido de manera aparente delictiva” ha dado lugar a que en medios de comunicación se haya llamado “defraudador o delincuente confeso” a González Amador. El magistrado obvia, sin embargo, la reciente sentencia del Supremo que rechazó la demanda que el empresario presentó contra la ministra María Jesús Montero por referirse a él como “defraudador confeso”. Según los jueces, son palabras inapropiadas para un cargo público pero “una crítica política” amparada por la libertad de expresión. Por otro lado, el juez apunta que la filtración del correo puede tener “una negativa repercusión” para el proceso judicial que se está sustanciando contra la pareja de Ayuso. También cita el “daño personal” que esta situación le ha podido producir. El empresario desistió de su pacto tras la apertura de una pieza separada para investigarle por corrupción en los negocios. Las contradicciones con su abogado. El juez pasa por alto las dudas sobre el carácter confidencial del correo después de que el comisionista renegara expresamente de su contenido en su declaración en el Supremo, donde dijo que no conocía el detalle de su propia confesión. Eso llevó a algunas fuentes del caso a preguntarse si ese correo podía ser considerado algo que deba ser protegido por el Código Penal. El magistrado dice, a este respecto, que no ha de ponerse el acento en la “circunstancia” de que González Amador “no conociera el contenido del correo”. Y señala que, al encomendarle su defensa a su abogado, “le está autorizando para que enfoque asunto de la manera que sea más eficaz para sus intereses”.